La “tragedia oculta” de las prisiones colombianas
Más de 7 mil presos políticos abarrotan las cárceles de Colombia y conviven en situaciones que llegan a ser dramáticas, denuncia el abogado Ramiro Orjuela durante su estadía en Suiza, como parte de una gira continental.
Profesor universitario y defensor de detenidos políticos, Orjuela coordina la defensa, entre otros, del periodista sueco-colombiano Joaquín Pérez Becerra, cuya detención y rápida extradición de Caracas a Bogotá, en abril pasado, fue ampliamente mediatizada.
“La situación de los detenidos por causas políticas o de conciencia es una tragedia oculta por los grandes medios de comunicación en mi país”, subraya Orjuela en diálogo con swissinfo.ch durante una reciente escala en Berna.
En forma reciente el abogado colombiano visitó Suecia, Alemania, Bélgica, Suiza y España para reunirse con personalidades políticas, comunidad de colombianos expatriados, parlamentarios europeos y funcionarios de organismos y entidades internacionales como el Consejo Mundial de Iglesias, en Ginebra.
“Caso único en Latinoamérica”
En Colombia, la cantidad de presos políticos y sus condiciones de detención “describen una de las peores situaciones en América Latina e incluso en el mundo entero”, enfatiza el defensor de los derechos humanos.
Precisa que muchos de ellos son campesinos, obreros, estudiantes, sindicalistas, líderes sociales o asociativos. Sin embargo, el Estado, para penalizarlos, “los acusa de guerrilleros. En mi país cualquier voz opositora es criminalizada, en particular si pertenece a los movimientos sociales”, enfatiza.
Las condiciones de detención en muchos de los centros penitenciarios, según Orjuela, aumentan el drama de los “miles de jóvenes, mujeres, hombres y ancianos que las deben soportar”.
Y la lista de vejaciones, según el abogado, es larga. Todo comienza ya con las trabas y mecanismos complejos para complicar los procesos jurídicos. “En Colombia es cotidiano, por ejemplo, el recurso a pagar a testigos falsos o usar pruebas falsas. Como en el caso emblemático de David Ravelo, dirigente social de derechos humanos del Magdalena Medio, acusado una primera vez como guerrillero de las FARC. Liberado 27 meses más tarde fue nuevamente detenido, esta vez, usando como pretexto testimonios de ex paramilitares”.
Denuncia el abogado que otras de las condiciones abusivas que hacen más dramáticos los encarcelamientos son el régimen cotidiano inhumano; el desplazamiento de los detenidos a miles de kilómetros de su lugar originario de residencia; la imposibilidad de tener visitas familiares debido a la distancia y a la precariedad económica de muchas de las familias de los detenidos…
La siniestra Valledupar
“Es el caso, por ejemplo, de la Cárcel de Valledupar, en el Departamento de César, donde han sido reunidos varios centenares de presos originarios de regiones muy alejadas, de hasta mil kilómetros o más de distancia, lo que hace casi imposible ejercer realmente el derecho a la visita”, explica.
La situación que viven los detenidos de ese centro penitenciario fue denunciada recientemente por prestigiosos organismos internacionales.
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), cuya sede está en Ginebra, hizo pública una carta enviada en mayo pasado al presidente Juan Manuel Santos, para darle cuenta de su “seria preocupación por las deplorables condiciones de detención y la integridad personal de los prisioneros” de Valledupar.
La OMCT pidió al mandatario colombiano implementar inmediatas medidas para “garantizar la seguridad, integridad física y psicológica” de los detenidos… y para suprimir “las actuales condiciones de detención, que se pueden catalogar como inhumanas y constituyentes de tratos crueles y degradantes”.
El caso Pérez Becerra
El periodista sueco de origen colombiano Joaquín Pérez Becerra dirige desde fines de los años noventa la agencia alternativa ANNCOL (Agencia de Noticias Nueva Colombia), con sede en Suecia. ANNCOL es acusada por las autoridades del país sudamericano de ser parte del frente internacional de la guerrilla, lo que el medio de información ha negado reiteradamente.
El pasado 23 de abril, al aterrizar en Caracas procedente de Estocolmo, Pérez Becerra fue detenido en el aeropuerto, incomunicado y extraditado en menos de 48 horas hacia Bogotá, donde permanece detenido.
“Desgraciadamente, su situación legal se ha ido empantanando dada la intromisión del Poder Ejecutivo en la rama judicial, especialmente en la Fiscalía. El Gobierno ha dicho que Pérez Becerra es comandante de las FARC”, explica Ramiro Orjuela.
La acusación está basada en los supuestos datos encontrados en la computadora del dirigente guerrillero Raúl Reyes. “Sin embargo, en otros procesos jurídicos la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha desestimado el valor de esas pruebas”, considerándolas ilegales por la forma como fueron obtenidas, sentencia el abogado defensor.
“Jurídicamente, el encarcelamiento de mi defendido es débil…Pero en Colombia puede pasar cualquier cosa. Pueden pagar testigos para crear nuevas acusaciones. Pueden sacar otras pruebas no sabemos de dónde. Estoy convencido que la Fiscalía va a hace maniobras para impedir que se haga realmente justicia y se decrete la libertad del periodista sueco”, enfatiza.
Una situación compleja, “dado que no hay bases jurídicas para la detención y se trata de un caso eminentemente político, resultado de una actuación ilegal de las autoridades venezolanas que violando las leyes de ese país y las convenciones internacionales extraditaron a Pérez Becerra a Colombia”, concluye Orjuela.
Desde hace algunos meses organizaciones de derechos humanos de diferentes países impulsan la demanda del cierre de la Cárcel de Valledupar.
En mayo pasado, la Organización Mundial contra la Tortura en carta al presidente colombiano Juan Manuel Santos, enumeraba algunos aspectos preocupantes que se padecían en ese momento en la cárcel.
“…desde hace cerca de 15 días, hay una falta total de agua potable en la prisión, ubicada en una región de clima cálido con temperaturas máximas superiores a los 35 grados”
“… cerca de 60 presos amarrados a diferentes torres del centro carcelario, las cuales miden alrededor de 15 metros de altura”
“…la restricción del agua potable habría sido utilizada como castigo contra los detenidos”
“… cerca de 60 detenidos sufrirían enfermedades gastrointestinales… a causa de las deplorables condiciones sanitarias”
“…violentas golpizas con garrotes, puñetazos y patadas…además de agresiones con gases lacrimógenos lanzados contra las celdas” de algunos de los detenidos, durante horas de sueño.
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