Una ley modelo para restituir los fondos de potentados
Suiza, uno de los destinos favoritos de los dictadores para ocultar sus fortunas, ha elaborado una ley que regula el bloqueo y la restitución del dinero y que se considera pionera en el mundo. Las nuevas normas, sin embargo, no resuelven todos los problemas, como se comprobó tras la primavera árabe.
“En 2011, Suiza fue el primer país que congeló los fondos de Ben Ali y Mubarak después de que fueran derrocados en Túnez y Egipto. Sin embargo, en lugar de elogios, el país cosechó críticas por el hecho de que los mandatarios tuvieran cuentas en Suiza”, observa Rebecca García, portavoz de la Asociación Suiza de Banqueros (ASB).
Pese a los esfuerzos emprendidos desde los años 1980 para bloquear y restituir los fondos a los países defraudados, en la opinión pública internacional persiste una percepción negativa, debido a la larga lista de dictadores que ocultaron sus fortunas en bancos helvéticos. A raíz de la primavera árabe, por ejemplo, salió a la luz que los potentados de Egipto, Libia, Túnez y Siria habían depositado durante décadas cerca de 1.000 millones de francos en Suiza.
El Gobierno helvético, consciente del problema, presentó en mayo pasado un proyecto de Ley sobre el bloqueo y la restitución de valores patrimoniales de origen ilícito de Personas Políticamente Expuestas (PEP), con el fin de reforzar las disposiciones vigentes. El texto, que hasta mediados de septiembre fue sometido a consulta de los partidos y las organizaciones interesadas, representa en varios aspectos un modelo a escala mundial, como revelaron expertos del Banco Mundial.
Cronología: Las fortunas de los déspotas en cajas fuertes suizas
Inversión de la carga de la prueba
En primer lugar, la nueva ley amplía opciones para congelar los fondos a título cautelar y evitar así su fuga. Hasta ahora solo se prevé el bloqueo si el país concernido solicita asistencia judicial o si la casi total ausencia de estructuras estatales impide al Estado formular tal demanda.
“En muchos casos, como en Egipto, no hay ausencia total de estructuras estatales, pero tampoco es posible encauzar una colaboración para un procedimiento regular de asistencia judicial: las personas en el poder cambian continuamente y la administración suiza ni siquiera sabe con quién hablar”, explica Mark Herkenrath, experto en finanzas internacionales de Alliance Sud, que agrupa a seis de las principales ONG helvéticas.
Para congelar los haberes de los antiguos mandatarios de los países que protagonizaron la primavera árabe, el Gobierno suizo tuvo que recurrir en varias ocasiones a un procedimiento de urgencia con base en la Constitución federal. Una práctica que debería constituir una excepción.
Otro punto importante es que el proyecto de ley prevé invertir la carga de la prueba. Ya no será Suiza ni los países afectados, por ejemplo Egipto o Túnez, quienes deban demostrar que los fondos de Mubarak o Ben Ali provienen de actividades ilícitas. Ahora corresponderá a los exdictadores probar el origen legal de los fondos que han acumulado.
Círculo vicioso
De acuerdo a las nuevas normas que propone el Gobierno, en el futuro Suiza colaborará más en las investigaciones con los países defraudados: Podrá, por ejemplo, proporcionar información sobre las cuentas bancarias, antes de recibir una solicitud de asistencia judicial. “En la actualidad, observamos un círculo vicioso: sin demanda de asistencia judicial, los países concernidos no pueden acceder a estos datos. Y sin esta información, generalmente tampoco pueden formular una solicitud de asistencia judicial”, puntualiza Mark Herkenrath.
La Asociación Suiza de Banqueros, aunque respalda el proyecto de ley en su conjunto, se muestra reticente en este punto. “Estas informaciones solo deben enviarse si el país destinatario ofrece garantías democráticas y dispone de estructuras legales. De lo contrario, corremos el riesgo de exponer a las personas a medidas arbitrarias que comprometen sus derechos y su vida”, subraya Rebecca García.
Además, la nueva ley prevé explícitamente que las sumas restituidas deben servir para mejorar las condiciones de vida de la población y reforzar el Estado de derecho en el país receptor. El Gobierno suizo quiere evitar así que el dinero entre nuevamente en el círculo de la corrupción y del crimen organizado.
Según las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cada año los países en desarrollo transfieren ilegalmente cerca de 850 millones de dólares a paraísos fiscales.
Esta cifra supera con creces las sumas que destinan gobiernos, organizaciones internacionales y ONG a la ayuda al desarrollo en los países más pobres, que ronda los 130.000 millones de dólares.
Según las estimaciones del Banco Mundial, cada año los dirigentes o funcionarios públicos en países en desarrollo sustraen entre 20.000 y 40.000 dólares por apropiación indebida, corrupción o abusos de poder.
Críticas de los partidos
Aunque el proyecto no se someterá al Parlamento hasta el próximo año, ya genera oposición en los partidos del centro y la derecha. “Suiza no necesita una nueva ley, cuando nuestro país está mucho más avanzado que otros. A menudo tendemos a hacer demasiado, como en el caso de Egipto: congelamos los fondos de Mubarak, pero no sabemos siquiera a quién restituirlos”, sentencia Luzi Stamm, diputado de la Unión Democrática del Centro (derecha conservadora).
Para la izquierda, en cambio, la ley representa un avance, aunque no suficiente. Las nuevas normas regulan todos los pormenores del bloqueo y la restitución, pero no resuelven el problema de la aceptación y la permanencia de los fondos en bancos suizos. Los haberes de los dictadores casi siempre son fruto de la corrupción, apropiación indebida y otros abusos de poder, subraya el Partido Socialista. “Los 700 millones de francos que Mubarak tenía depositados en Suiza no se volvieron de repente ilícitos con su derrocamiento”.
El Gobierno subraya que no se pueden congelar fondos de potentados que están en el poder. Ante todo, los dirigentes políticos gozan generalmente del estatuto de inmunidad, y Suiza debe garantizar los mismos derechos a todos los países. “La decisión de confiscar fondos solo tiene sentido si luego sigue un procedimiento de asistencia judicial para su devolución. Generalmente, no es posible, mientras no haya un cambio en el poder”, señala Pierre-Alain Eltschinger, portavoz del Ministerio suizo de Asuntos Exteriores.
Debida diligencia
“Es menester de los bancos proceder a los esclarecimientos a los que les constriñe la obligación de debida diligencia, antes de entablar una relación de negocios con los clientes. Y aún más en el caso de Personas Políticamente Expuestas”, agrega Eltschinger.
Obligaciones de debida diligencia que no siempre se cumplen al pie de la letra, sostiene Mark Herkenrath. “Tenemos la impresión de que los bancos se contentan con cumplir lo mínimo que prevé la ley. Y que las autoridades de vigilancia enseguida se dan por satisfechas con el proceder de los bancos, sin exigirles el máximo”.
La ASB rechaza tales críticas. “La ley antiblanqueo nos obliga a notificar los casos sospechosos. Pero no corresponde a los bancos decidir si un dirigente político abusa del poder. Y menos aún si tenemos en cuenta que muchos jefes de Estado caen en desgracia solo después de su destitución. Los mandatarios europeos abrazaban y besaban a Mubarak y Gadafi hasta pocas semanas antes del fin de su carrera política”, puntualiza Rebecca García.
La Confederación Helvética se vio confrontada, por primera vez, con el problema en 1986, tras la caída del dictador filipino Ferdinand Marcos.
Desde entonces, salieron a la luz los haberes que tenían escondidos en bancos suizos múltiples déspotas, entre ellos: Mobutu (República Democrática del Congo), Duvalier (Haití), Abacha (Nigeria), Salinas (México), Mubarak (Egipto), Ben Ali (Túnez), Gadafi (Libia).
En los últimos 20 años, Suiza ha restituido 1.700 millones de francos a los países de donde provenían los fondos. En el mismo periodo se repatriaron 5.000 millones de francos a escala mundial, según datos del Banco Mundial.
(Traducción: Belén Couceiro)
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