Jaime Botín, pendiente de sanción
Las autoridades bursátiles y el Ministerio de Economía de España analizan un castigo para el banquero santanderino por haber ocultado acciones de Bankinter en Suiza. Un paso hacia la transparencia de un sistema bancario que no atraviesa sus mejores días.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), máxima autoridad bursátil en España, concluyó que el banquero Jaime Botín cometió una falta “muy grave” al ocultar, hasta el verano de 2010, en Suiza una parte de las acciones que posee del banco Bankinter.
La infracción condujo el caso al Ministerio de Economía y Competitividad (Mineco), que deberá determinar si sanciona con una multa de hasta 600.000 euros (unos 720.000 francos suizos) al hermano menor de Emilio Botín, el presidente del Grupo Santander, y lo inhabilita para ejercer cargos directivos en el sistema financiero español.
Consultada por swissinfo.ch, la CNMV declina pronunciarse ahora sobre este caso concreto, porque “la Ley del Mercado de Valores lo prohíbe en tanto no exista una sanción”. Sin embargo, ofrece detalles sobre los supuestos que contempla la ley para un caso de este tipo.
“Los artículos 99 y 100 de la Ley del Mercado de Valores definen las infracciones sancionables como graves y muy graves. La infracción se determina en función de la cuantía, el daño causado por las actividades objeto de sanción y otras variables”, declara Isabel Selas, portavoz de la CNMV.
Y el Artículo 97, añade, estipula que “… la imposición de sanciones por infracciones muy graves corresponderá al Ministerio de Economía a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores”.
En 2006, el informático francés Hervé Falciani, entonces empleado del HSBC Ginebra, sustrajo datos sobre 24.000 presuntos evasores internacionales con cuentas en Suiza. Cuatro años más tarde, entregó esta información al gobierno francés.
París investigó a los contribuyentes galos y compartió la información con España.
La Agencia Tributaria en Madrid accedió así a los nombres de 1.500 supuestos defraudadores, que ocultaban hasta 6.000 millones de euros (7.200 millones de francos) en Suiza.
Tras una inspección minuciosa, la autoridad concluyó que la lista incluía, en realidad, a solo 659 personas. Según el Ministerio de Hacienda, muchos de los integrantes tenían más de una cuenta.
Entre los nombres descubiertos se encontraban Emilio Botín, presidente de Grupo Santander; su hermanoJaime, principal accionista de Bankinter, y los hijos de ambos.
Ocultación de información
Jaime y Emilio Botín forman parte de la cuarta generación de la poderosa familia de banqueros santanderina. El primero reconoció en julio de 2010 ser titular del 23% de las acciones de Bankinter, el sexto banco más importante de España, y no del 16,3% como había declarado al fisco hasta entonces.
La repentina sinceridad de Jaime Botín no fue fortuita. El banquero figuraba en una lista de presuntos evasores con patrimonio financiero en Suiza que el informático francoitaliano Hervé Falciani, exempleado del HSBC en Ginebra, había entregado a París.
El Ministerio de Hacienda, sin embargo, consideró que la documentación presentada era insuficiente para determinar si las regularizaciones estaban completas y si eran veraces. Así, optó por transferir el caso a las autoridades anticorrupción para evitar que prescribieran los delitos presuntamente cometidos.
“En 2011, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada decretó la apertura de diligencias de investigación contra la familia Botín. Y el Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional aceptó el auto interpuesto por dicha fiscalía”, explican a swissinfo.ch las fuentes de la Agencia Tributaria.
“En mayo de ese año, la Agencia Tributaria recibió información por parte de las autoridades fiscales francesas sobre una serie de clientes que tenían cuentas en el HSBC Private Bank Suisse. Entre ellos se encontraban los hermanos Botín y sus hijos respectivos”, explican a título institucional fuentes del organismo a swissinfo.ch.
La Agencia Tributaria exigió a los 12 miembros de la familia Botín implicados que aclararan su situación fiscal a la brevedad. Y lo hicieron. Presentaron declaraciones complementarias por concepto de impuesto sobre la renta para los ejercicios 2005-2009 y del impuesto del patrimonio para el periodo 2005-2007. Además, abonaron casi 200 millones de euros (240 millones de francos suizos) al fisco para regularizar su situación.
El patrimonio de la familia de banqueros en Suiza data de los años 1930, cuando Emilio Botín Sanz de Sautuola y López, padre de Emilio y Jaime, sale de España al estallar la Guerra Civil.
Tras ser destituido de su cargo, el banquero santanderino decide resguardar el patrimonio financiero de la familia en la sólida plaza financiera suiza.
Cuando las cuentas suizas no declaradas de la familia Botín salieron a la luz y los 12 integrantes de la dinastía (Emilio, Jaime y sus respectivos hijos) pagaron al fisco 200 millones de euros para regularizar su situación, la Audiencia Nacional resolvió que todo estaba en orden y archivó el caso.
El expediente judicial quedó cerrado, pero no el administrativo. Este había quedado inconcluso desde 2011 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía (Mineco) que, en apego a la ley, deben aplicar un castigo a los financieros que ocultan información a sus accionistas sobre una empresa que cotiza en bolsa.
‘Botín’ en Suiza
En 2010, al rendir cuentas al fisco, Jaime Botín declaró que controlaba el 23% de las acciones de Bankinter a través de Cartival, una sociedad instrumental basada en Suiza que administraba sus fondos en el HSBC, porque la “disolución de una sociedad familiar” le había aportado un 8% adicional de los títulos del banco.
Botín pagó el impuesto sobre la renta sobre los dividendos que había cobrado de las acciones no declaradas de Bankinter. Este caso no ha requerido la asistencia administrativa de Suiza.
Las autoridades helvéticas confirman, no obstante, su disposición a colaborar con España siempre que este país lo requiera y se cumplan los supuestos de ley.
“Suiza prevé dos formas de asistencia a España y al resto de los Estados extranjeros en materia fiscal. Propone el intercambio de información en el marco de la llamada asistencia administrativa, bajo las reglas fijadas en los convenios para evitar la doble imposición (CDI) que tiene firmados con otros países. La mayoría de ellos adaptados ya a las reglas de la OCDE”, precisa a swissinfo.ch el Ministerio suizo de Finanzas.
“Cuando hay procesos penales en curso, Suiza intercambia información en el marco de demandas judiciales particulares, pero son casos muy específicos”, puntualiza.
La Ley de Asistencia Internacional en Materia Penal aclara que solo puede haber colaboración, si el delito que persigue el gobierno extranjero también está penado en Suiza.
¿Caso zanjado?
La Audiencia Nacional, en Madrid, estudió el caso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción, pero decidió archivar la causa en 2012. Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la citada Audiencia, expresó entonces que “la regularización practicada por los denunciados era correcta y anterior a que la Agencia Tributaria iniciara un procedimiento de inspección y verificación”.
Cuando el caso parecía cerrado, la decisión del citado órgano jurisdiccional provocó un efecto bumerán para Jaime Botín.
En un dictamen emitido en 2011, la CNMV concluía que el principal accionista de Bankinter había incurrido en una falta “muy grave” al ocultar a la autoridad y a los accionistas del banco que tenía más títulos de Bankinter de los oficialmente declarados.
La CNMV pidió entonces al Ministerio de Economía que decidiera la sanción correspondiente, pero la defensa de Jaime Botín, a cargo del bufete Ramón y Cajal, solicitó a Mineco una suspensión cautelar; esto es, no ejecutar ninguna causa administrativa, mientras la Audiencia Nacional no resolviera la causa judicial.
Archivar la causa en la Audiencia Nacional supuso la reapertura del expediente en la CNMV y Mineco porque se hallaba inconcluso. Así, este otoño la CNMV y el gobierno de Mariano Rajoy decidieron atender el tema y pedir que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis de Guindos, se ocupe del asunto.
La portavoz de Mineco, Esther Barranco, declinó ofrecer detalles a swissinfo.ch sobre el caso Jaime Botín porque se encuentra aún en análisis.
La prensa española, sin embargo, considera que, dada la necesidad de legitimación que tiene el conservador Partido Popular (PP) de cara a la crisis y los escándalos de supuesta financiación ilegal del partido, esta vez sí se sancionará a Jaime Botín.
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