El juicio a Elmer evidencia el dilema de la delación fiscal
El debate sobre la denuncia de irregularidades gana terreno en Suiza con el juicio al célebre exbanquero Rudolf Elmer, acusado de violar el secreto bancario, y el nuevo marco legal que analiza el país para prevenir que los ‘delatores’ aireen sus inquietudes en la prensa.
Rudolf Elmer, exempleado de Julius Bär, se enfrenta a una condena de tres años y medio de prisión si es declarado culpable de transferir ilícitamente información sobre clientes de este banco suizo a la plataforma Wikileaks.
El juicio tuvo que ser interrumpido después de que Elmer sufriera un desmayo, el pasado 10 de diciembre, durante la audiencia que celebraba ante una corte de Zúrich, lo que motivó la suspensión del encuentro para su inmediata examinación médica.
Considerado por algunos medios como el ‘Robin Hood’ de la banca suiza, Elmer ya había recibido una suspensión de ejecución de pena de multa en 2011, cuando fue acusado de quebrantar el secreto bancario. Una situación que no lo intimidó para asumir la desafiante estrategia de entregar nueva información Wikileaks, lo que le llevó a una nueva cita con la justicia de Suiza hace unos días.
Wikileaks no pagó por la información que recibió de Elmer. El exbanquero afirma que lo hizo exclusivamente para evidenciar “las actividades inmorales de algunos bancos suizos”. Y ambas audiencias han sido para Elmer un vehículo idóneo para atraer la atención pública sobre el mensaje que desea transmitir: Julius Bär estableció fondos fiduciarios y otras estructuras financieras para ayudar a sus clientes a lavar dinero y evadir impuestos.
Sin embargo, el tema de los ‘delatores’ también acapara la atención porque Suiza analiza ajustes que buscan reglamentar la denuncia. Las reformas recientemente debatidas en el Parlamento han generado profundas críticas de grupos defensores de los derechos civiles, pero también se han ganado generosos elogios de quienes cuestionan el hecho de que los denunciantes revelen información confidencial –sin sustento- causando daños injustos a las empresas.
Con la nueva ley, los alertadores ganarían el derecho a una mejor indemnización en caso de despido improcedente (12 meses de sueldo, en vez de los seis meses actuales), pero se volvería ilegal para un empleado airear sus inquietudes ante la opinión pública, si la autoridad ha iniciado una investigación en las dos semanas posteriores a la denuncia de un acto potencialmente ilegal.
La prohibición de dar a conocer información sigue siendo válida incluso en los casos en los que el ‘delator’ sospeche que la autoridad está realizando una investigación poco rigurosa o que busca encubrir a los culpables potenciales.
Célebres ‘delatores’
Christoph Meili, antiguo guardia de seguridad, rescató de la trituradora del UBS documentos bancarios del Holocausto y los entregó a una organización judía. La divulgación de esta información llevó a las autoridades de Zúrich a abrir una investigación contra Meili por presunta violación del secreto bancario.
Bradley Birkenfeld, exempleado del Credit Suisse y del UBS, entregó información confidencial al gobierno de Estados Unidos que permitió a Washington perseguir a diversos bancos helvéticos y derribó algunos muros del secreto bancario suizo.
Hervé Falciani remitió información del HSBC Suiza a distintos gobiernos extranjeros, lo que se tradujo en acusaciones contra diversos bancos helvéticos. Hoy, Falciani reside en España, país que se ha negado a extraditarlo a Suiza.
Pese a ello, la justicia helvética no quita el dedo del renglón. El pasado 11 de diciembre, Falciani fue acusado en Suiza de espionaje económico y violación del secreto bancario. La fecha del proceso ante un tribunal helvético –que se puede celebrar sin que el acusado esté presente– está por anunciarse.
Rudolf Elmer trabajó casi dos décadas para el banco privado Julius Bär y fue despedido en 2002. Intentó hacer llegar evidencias a la prensa (sin éxito) de lo que él califica como prácticas bancarias ilegales. Pero fue solo en 2007 cuando su información atrajo el interés de Wikileaks, plataforma que la publicó.
En 2011, Elmer transfirió un segundo paquete de información a Wikileaks, unos días antes de ser declarado culpable de violar el secreto bancario. El 10 de diciembre de 2014, Elmer tuvo que volver a comparecer ante la misma corte de Zúrich para una nueva audiencia por infringir el secreto bancario.
Otros banqueros también desvelaron información (a veces a cambio de recompensas económicas) violando así la legislación suiza. Pero muy pocos han ido a prisión o han sido multados por ello.
Un ejemplo es Renzo Gadola, exempleado de Credit Suisse, quien este verano recibió una suspensión de ejecución de pena de multa gracias a que entregó información sensible al Departamento de Justicia de EEUU a cambio de una sentencia más benévola en este país.
Visiones encontradas
“Esta nueva legislación le complicaría la vida a los denunciantes, pues haría prácticamente imposible que reporten sus temores a cualquier agente externo, como políticos o medios de comunicación”, declara a swissinfo.ch Zora Ledergerber, creadora de Integrity Line, una entidad que asesora a compañías en el establecimiento de sistemas de denuncia de irregularidades.
La Asociación Suiza de Empleadores, sin embargo, ve las cosas de otra forma. Una de sus directoras, Daniella Lützelschwab, escribía recientemente en el diario ‘Neue Zürcher Zeitung’ que “esta solución toma al fin en consideración el daño irreparable que puede sufrir la imagen de una empresa cuando alguien emite un mensaje público que después resulta ilegal”.
La cámara baja del Parlamento suizo avaló en septiembre la ley propuesta, pero el Senado puso objeciones y la devolvió al Ministerio de Justicia para su revisión. Los nuevos ajustes serán debatidos nuevamente en el Parlamento.
Es fácil entender que en Suiza la denuncia de irregularidades cause divisiones tan profundas, ya que el país ha visto cada vez más vulnerada su cultura del secreto bancario, debido en parte a aquellos exempleados bancarios se enriquecieron vendiendo información que robaron.
En el caso de las acusaciones de Elmer, Julius Bär ha negado sistemáticamente que sean ciertas. Según el banco, el móvil del exbanquero ha sido siempre un rencor personal que se derivó de su despido de esta entidad.
Pero Elmer no es el único alertador de los últimos años. Bradley Birkenfeld, exempleado del Credit Suisse y del UBS, y Hervé Falciani, antiguo ejecutivo de la filial suiza del HSBC, también figuran en la lista de célebres ‘delatores’ bancarios.
Según un informe del Centro Nacional de Denunciantes de Washington, publicado en 2011, hasta la fecha son 16 personas las que han hecho denuncias desde Suiza pidiendo algún tipo de recompensa a Estados Unidos por la información que suministraron. El estudio no precisa, sin embargo, si se trata de denunciantes financieros o de otros sectores.
Un sistema ineficaz
La denuncia de irregularidades no se limita al ámbito de la banca o la evasión fiscal. Recientemente, un alertador abrió la caja de Pandora con respecto a una estafa gubernamental de datos informáticos que involucraba a varios ministerios, lo que provocó el mes pasado la airada reacción de una comisión parlamentaria.
Adrian Strött, abogado que ha representado a algunos denunciantes, explica a swissinfo.ch que muchos trabajadores han perdido la confianza en los sistemas internos que tienen para notificar posibles actos ilícitos.
“Existe la percepción de que los sistemas internos de denuncia son ineficaces. Cuando un delator escucha: ‘Ya hemos revisado su queja y consideramos que todo está en orden’, los denunciantes sienten la tentación de hacer pública la información que poseen”.
Pero Strött alerta también sobre el reverso de la moneda: los denunciantes que se precipitan a ir a contar historias a la prensa.
En su opinión, es un juego peligroso porque los alertadores se arriesgan a echar por la borda toda su trayectoria financiera y profesional. “No solo perderán sus empleos e ingresos, sino que también ganarán una mala reputación que podría hacer imposible la obtención de nuevo empleo”, dice.
Motivación irrelevante
Sin embargo, Ledergerber teme que la complacencia pública se traduzca en obstáculos para la nueva legislación sobre la denuncia de irregularidades, hecho que iría en detrimento de la sociedad.
Refiere que los suizos confían plenamente en sus autoridades y asumen que si la gente realiza alguna acusación, las autoridades harán algo. “Esto es cierto en el 95% de los casos, pero hay altas probabilidades de que el 5% restante se deslicen entre la malla si no se aprueba esta ley”.
Mientras se establece una distinción formal entre la gente que denuncia con conciencia social y la que se lucra con la información, Ledergerber desestima los argumentos de quienes afirman que las empresa requieren siempre ser protegidas de los empleados descontentos.
“Algunos personas deciden hablar porque se sienten decepcionadas de sus empresas o porque les desagrada alguna persona en particular. Pero al final sus motivaciones se vuelven irrelevante, siempre y cuando las acusaciones sean ciertas, serias y de interés público”, apunta Ledergerber. Además, y añade, muchos estudios han demostrado que los ‘delatores’ no suelen revelar sus preocupaciones porque esperen recompensas financieras.
Traducción del inglés: Andrea Ornelas
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