Derechos Humanos: ¿Cuál será la nota para Colombia?
Con medio siglo de violencia, millones de desplazados, miles de desaparecidos, una larga lista de acusaciones y un inédito 'mea culpa', Colombia presentó su Examen Periódico Universal, el pasado 10 de diciembre.
En Ginebra y ante la comunidad internacional, el vicepresidente Francisco Santos pidió perdón a las víctimas de los asesinatos cometidos por el Ejército.
“Es una actitud que lo enaltece”, señaló el director del programa colombiano de Derechos Humanos, Carlos Franco. “¿Por qué venir a hacerlo a Ginebra?, se preguntaron organizaciones civiles del mismo país.
“La muerte de personas fuera de combate es un crimen inexcusable para el Estado colombiano, desgraciadamente debemos reconocer que se han presentado estos casos en nuestro país y con profundo dolor pido perdón a las víctimas”, señaló Santos al pintar el cuadro de los derechos humanos en su país.
Una comparecencia voluntaria
De manera voluntaria, el Gobierno de Álvaro Uribe se sometió al escrutinio del Consejo de los Derechos Humanos para dar cuenta “de los profundos cambios” de un país señalado otrora por “complicidad con los grupos paramilitares” y que habría ahora “encarcelado a todos los jefes” de esas entidades y desmovilizado todas sus estructuras”.
Francisco Santos habló de los avances en materia de seguridad, de la lucha contra los grupos armados ilegales, del repudio de la población contra las FARC, de la batalla contra el narcotráfico…
Pero la situación de los derechos humanos en Colombia dista mucho de ser lo positiva que pretende Bogotá:
“Contrario a lo que dice el Gobierno, porque el Gobierno distorsiona la situación de los derechos humanos en el país, publicamos un informe en octubre y la respuesta fue la de negar los hechos y de reforzar los ataques contra los defensores de los derechos humanos”, destaca Manon Schick, vocera de Amnistía Internacional Suiza.
A guisa de ejemplo, señala que mientras que en 2006 se registraron 1.300 homicidios de civiles, en 2007 hubo 1.400 y que el año pasado fueron 300.000 los desplazados, contra 200.000 un año antes. También aumentó de 180 a 190 el número de víctimas de desapariciones forzadas.
Mayor seguridad urbana
Reconoce, sin embargo, que hay una clara voluntad política del gobierno de aumentar la seguridad en las ciudades, pero lamenta que no sea el caso en las áreas más alejadas, amén de que los sindicalistas y los defensores de los derechos humanos siguen siendo objeto de persecuciones.
Un señalamiento con el que coincide Bruno Rütschi, del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, que precisa que en los tres primeros meses del año en curso se registraron 100.000 desplazados más y que continúa las práctica de reclutamiento forzado de menores por parte de paramilitares y grupos insurgentes y que el Ejército sigue utilizando a los niños como informantes, sometiéndolos a graves riesgos.
Ambas ONG helvéticas ratifican igualmente la denuncia de que el Gobierno de Colombia criminaliza a las entidades defensoras de los derechos humanos, lo que se traduce en amenazas y acciones concretas en contra de sus integrantes.
“En un país que ha vivido 50 años en una situación de violencia, pues obviamente que la cultura de los derechos humanos tiene un resentimiento importante”, reconoce Carlos Franco.
Instituciones eficientes
Otrora guerrillero, el actual director del programa presidencial para los Derechos Humanos señala que la superación de ese estado de cosas es el principal desafío para Colombia en la materia que nos ocupa.
El segundo reto, en su opinión, tiene que ver conque las instituciones tengan mucha más eficiencia y rendimiento en cuanto a garantía y a protección de los derechos humanos. “Si por un lado no se previene, no se protege, no se evitan (las violaciones), y por otro lado no se castigan, pues se pueden repetir”, dice.
“Y creo que el tercer gran desafío es el de los derechos sociales, económicos y culturales que implican que todos los sectores más vulnerables tengan unas condiciones mínimas de dignidad en su vida y que todos los derechos sean reconocidos”.
Grupos emergentes
Entre las preocupaciones expresadas por diversas instancias con respecto al panorama actual en Colombia se encuentre la emergencia de grupos violentos entre los cuales las llamadas ‘Águilas Negras’, que justamente han proferido amenazas contra ONG.
Bogotá asimila esas agrupaciones a la delincuencia “darles el carácter de paramilitares lo que hace es estimular su crecimiento a la espera de una negociación, es hacerlos sujetos de negociación”, explica Franco.
“Estamos investigando a esas bandas criminales. Tenemos 74 investigaciones y hay 573 personas investigadas por conformarlas. Tenemos ya 43 casos en juicio y hemos acusado a 225 personas. (…), apunta por su parte Sandra Castro, responsable de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de Colombia.
“Entre ellos hay desmovilizados (paramilitares), guerrilla, pero también delincuencia común”, detalla.
Presiones sobre la sociedad civil
En todo caso, para el Gobierno colombiano “hay que combatir a todos los grupos armados, sea cual sea su denominación o forma”, y para las ONG son un motivo permanente de preocupación:
“Pese al proceso de desmovilización auspiciado por el gobierno, los paramilitares siguen activos en varias partes del país. Todavía existen, ejercen control sobre la población, intimidan y matan”, advierte Manon Schick.
Precisa que amén de las tristemente célebres Águilas Negras, aún hay campos de las presuntamente disueltas Autodefensas Unidas de Colombia en la región de Urabá.
“Para nosotros no ha sido exitosa ni ha terminado la desmovilización (paramilitar), como tampoco se ha hecho un proceso de justicia. Hay aún una gran impunidad de muchos crímenes y eso no permite construir una sociedad donde haya reconciliación porque las víctimas tienen la sensación de no ser reconocidas”, agrega la vocera de Amnistía Internacional.
Una reparación que, sin duda, toma nota del ‘mea culpa’ de Francisco Santos. Empero, y vía el Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, defensores de comunidades indígenas y de afro-descendientes que acudieron a la evaluación en el Consejo de la ONU se preguntan: “¿Por qué el Gobierno de Uribe pide perdón desde Ginebra?”
swissinfo, Marcela Águila Rubín
Colombia presentó su Examen Periódico Universal, el pasado 10 de diciembre, en coincidencia con el LX Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El lunes 15 de diciembre, el Consejo de los Derechos Humanos dará a conocer sus conclusiones sobre la presentación colombiana.
La Fiscalía colombiana ha documentado 716 casos de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de asesinatos de civiles por parte del Ejército y ha vinculado a mil militares con esos delitos.
En 2008, la dependencia ha recibido 162 casos de desplazamientos forzados, empero el Grupo de Trabajo Suiza-Colombia registra 113 mil sólo en los tres primersos meses del año.
De acuerdo con Amnistía Internacional, el número de desplazados en Colombia en los últimos 20 años asciende a entre 3 y 4 millones, lo que sitúa al país en el segundo del mundo (luego de Sudán) en sufrir ese fenómeno.
En ese mismo lapso se han registrado entre 15 y 30.000 desparaciciones en Colombia.
Sólo en lo que va del año han sido asesinados 40 sidicalistas, de acuerdo con el Grupo de Trabajo Suiza-Colombia.
A finales de 2008, durante su primer año de existencia, el Examen Periódico Universal (EPU) habrá sido aplicado a 48 países.
Los 192 Estados miembros de la ONU deberán ser examinados una vez cada cuatro años.
Los EPU se realizan al margen de las sesiones regulares del Consejo de Derechos Humanos.
Este examen, en forma de diálogo, tiene de una duración de tres horas para cada país. Se basa en tres tipos de documentación: un informe de 20 páginas presentado por el país examinado; un informe de 10 páginas del Alto Comisionado de Derechos Humanos que reúne las informaciones generadas por los órganos de la ONU; un resumen de 10 páginas con proposiciones de organizaciones civiles, escrito por el Alto Comisionado.
Por cada país evaluado, tres diplomáticos de países distintos y seleccionados en un sorteo coordinan el examen, que se traduce en un informe y recomendaciones dirigidas al Estado examinado y adoptadas por los miembros del Consejo de Derechos Humanos.
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