Preocupación por tensión en el Cauca colombiano
Recientemente se han registrado hechos preocupantes en el departamento colombiano del Cauca, zona de activa presencia de instituciones respaldadas por el Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL).
Se han producido amenazas y abusos en contra de defensores de los derechos humanos.
La Red por la Vida y los Derechos Humanos en el Cauca, compuesta por seis organizaciones campesinas, sociales y de mujeres de ese departamento, denunció el 28 de marzo las “amenazas contra la vida y la integridad de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y miembros de organizaciones sociales”.
Varios de los firmantes, entre ellos la Ruta Pacífica de Mujeres y la organización campesina Comité del Macizo Colombiano (CIMA) son desde hace años contrapartes o beneficiarios directos de (SUIPPCOL).
Defensor de derechos humanos amenazado
Justo hace una semana, un grupo de desconocidos violentó la vivienda de Miguel Alberto Fernández, registrándola completamente y robándole solo material profesional. Fernández es defensor de derechos humanos, uno de los responsables de CIMA y Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), seccional Cauca.
Personal de la Policía Nacional que se hizo presente minutos más tarde en el lugar, habría reconocido que no se trató de un “robo común”. Las asociaciones sociales de la región interpretan el hecho como “un robo de información y de intimidación a las organizaciones sociales y a sus líderes”, según lo expresan en su comunicado.
Por otra parte, un panfleto firmado por un conocido grupo paramilitar y distribuido recientemente en la ciudad de Popayán, capital del Cauca, identifica como su objetivo militar a las organizaciones indígenas CRIC y ACIN; a la central campesina CIMA; y a la Asociación de Instituciones del Cauca, ASOINCA. La amenaza se extiende también a emisoras radiales indígenas y a periodistas locales.
“Las informaciones que estamos recibiendo del Cauca nos llenan de preocupación dado que todo indica que se inscriben en una coyuntura de aumento de la tensión político-militar en esa región colombiana, con impunidad total de la acción paramilitar”, subraya a swissinfo.ch Bernard Borel, diputado del Cantón de Vaud.
Borel, que visitó dicha región en abril del año pasado integrando una delegación de personalidades helvéticas, coordina la asociación “Tejiendo Solidaridad”, con sede en Aigle, Suiza. Esta ONG apoya el trabajo de la cooperante Julia Madariaga en esa región.
“Conocimos al defensor de derechos humanos Miguel Fernández durante nuestra visita y quedamos sorprendidos por la seriedad del trabajo que realiza, con total autonomía de cualquier actor armado, a favor de la población campesina y su desarrollo productivo y social”, enfatiza.
El caso Canoas
En el mismo Departamento de Cauca, la última semana de marzo, las autoridades y la comunidad del resguardo indígena de Canoas, en el Municipio de Santander de Quilichao, tomaron dos decisiones trascendentales.
Expulsaron de su territorio a personal y maquinaria de una empresa minera que se había implantado en la zona sin respetar el proceso de consulta comunitaria previa –para realizar sus actividades- , tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así mismo, erradicaron tres cultivos de productos ilícitos.
Tal como lo señala un comunicado firmado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) “una vez terminadas las labores de erradicación, miembros del Cabildo fueron objeto de un atentado con ráfagas de fusil”.
Días más tarde, Carlos Andrés Campo, gobernador indígena de Canoas, fue amenazado de muerte a través de un correo electrónico.
Bombardeo en Tacueyó
El clima de tensión en el Cauca aumentó además, considerablemente, a raíz del bombardeo en Tacueyó por parte del ejército contra un campamento de la guerrilla.
Resultado de este hecho militar del 26 de marzo resultaron muertas 15 personas en su mayoría indígenas menores de edad, que según las organizaciones de la región habrían sido objeto de “reclutamiento forzado” por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Los hechos son confusos, hay investigaciones abiertas y éstas llevarán un buen tiempo” explica telefónicamente desde Cali la antropóloga Julia Madariaga a swissinfo.ch.
Madariaga, es voluntaria local de la ONG suiza E-Changer y trabaja con la organización MINGA de derechos humanos en el acompañamiento pedagógico de las comunidades indígenas coordinadas en ACIN.
Confrontación permanente
La ACIN expresa que la “confrontación permanente ha transformado territorios indígenas en escenarios de guerra de alta intensidad…” y llama a “los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario y especialmente a que se abstengan de reclutar menores de edad”.
“La organización indígena había denunciado previamente el reclutamiento forzado y el día anterior a los sucesos de Tacueyó habíamos estado reunidos con la ONG internacional ‘War Child’, presente en la zona, evaluando la posibilidad de ampliar su proyecto para aumentar la protección de niños y niñas víctimas del conflicto”, explica Madariaga.
¿Cómo destrabar esta espiral de violencia? ¿Cómo asegurar a la población civil la tranquilidad mínima para su existencia y para el cultivo de sus tierras?, preguntamos.
“Más que nunca la compleja situación indica la necesidad de entrar en diálogos humanitarios. Hay que promover la liberación de todos los menores reclutados a la fuerza por los actores armados, subrayando el papel esencial de la comunidad internacional para apoyar la realización de estos diálogos y para la búsqueda de una salida política al conflicto, causa de tanta tragedia en Colombia”, responde Madariaga.
Amplios sectores del territorio colombiano son reivindicados como propios por organizaciones indígenas, presentes en los mismos desde siglos.
Dichas organizaciones, en el Departamento del Cauca, se organizan en Cabildos Indígenas, que cuentan con sus propias autoridades, con una guardia indígena desarmada, y sus propios planes productivos, sociales y educativos.
Según el Cabildo indígena del Resguardo de Canoas, tal como lo expresa un comunicado el 22 de marzo, se comprueba en los últimos meses un neto incremento de grupos armados en su propio resguardo (territorio).
Este aumento va de la mano a la actividad minera de empresas extractivas que llegan a la zona sin la autorización de las autoridades indígenas. Su acción “afecta la economía de sobrevivencia”.
También se da un incremento de los cultivos para uso ilícito (coca, marihuana) que “pone en riesgo la vida social y cultural de la comunidad”.
Por esos motivos, el Cabildo decidió realizar “mingas de control territorial” (movilización comunitaria) para neutralizar las acciones que atentan contra la vida del Resguardo.
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