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Democracia directa


Cuando miedo y estereotipos alimentan una iniciativa



Por Frédéric Burnand, Ginebra




Frente al Palacio federal, 117.000 firmas de apoyo a una iniciativa de los Jóvenes Socialistas contra la especulación de los productos alimenticios. (Reuters)

Frente al Palacio federal, 117.000 firmas de apoyo a una iniciativa de los Jóvenes Socialistas contra la especulación de los productos alimenticios.

(Reuters)

Varias iniciativas populares han jugado de una forma más o menos abierta la carta del chivo expiatorio extranjero en los últimos años. ¿Es necesario limitar la acción de una iniciativa? El debate surgió desde que este instrumento de la democracia directa suiza se utilizó por primera vez en 1893.

“Las buenas almas que creyeron distinguir en el nuevo artículo constitucional tendencias humanitarias y, al votarlo, le siguieron el juego a los antisemitas, deben reconocer que se equivocaron.”

Así comenta un artículo del Journal de Genève la aceptación, el 20 de agosto de 1893, por 60% de los votos, de una iniciativa lanzada por las sociedades protectoras de animales, pero que el Ejecutivo y el Legislativo federales no apoyaban.

Esta primera iniciativa en la historia de Suiza propuso un artículo constitucional que prohibiese “desangrar los animales destinados al consumo humano, sin haberlos antes dejado inconscientes”, es decir, “el modo de abatir una bestia utilizada por los israelitas”, como lo precisaban los adversarios de esta propuesta.

En los archivos del otrora Journal de Genève (conservados aún en las páginas virtuales del diario Le Temps), se puede leer la advertencia de un comité de opositores a los “zoófilos”, como se señalaba entonces a los defensores de los animales: “El derecho de una iniciativa, como en este primer ejercicio, no debe convertirse en un instrumento de opresión de una raza en contra de otra, de una fracción del pueblo contra otra”.

“Castigar a los judíos”

Como lo subraya Johanne Gurfinkiel, secretario general de la Coordinación Intercomunitaria Contra el Antisemitismo y la Difamación (CICAD), para parte de los precursores y de los electores a favor de esa iniciativa se trataba de “castigar a los judíos de Suiza, que recientemente se habían convertido en ciudadanos a parte entera, sobre todo, en respuesta a la presión de Francia y de Estados Unidos”.

Más de un siglo después, a inicios del actual, el Ejecutivo helvético intentó abrogar esta ley discriminatoria, pero finalmente renunció a hacerlo para evitar una campaña que se anunciaba violenta. Un reportaje del programa televisivo suizo Temps Présent, en francés, abordó el asunto:


Iniciativas xenófobas

En la década de 1970, una serie de iniciativas contra los trabajadores inmigrantes alimentaron campañas particularmente virulentas. Todo comenzó con la denominada iniciativa Schwarzenbach, que buscaba limitar el número de extranjeros. “Tras acalorados debates, fue rechazada por un reducido margen de votos en 1970, recuerda el Diccionario Histórico de Suiza.

Durante la primera década del 2000, los extranjeros fueron de nuevo objeto de varias iniciativas populares, lanzadas con frecuencia por la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) y rechazadas por los otros partidos políticos. Las campañas previas a esta cita en las urnas estigmatizaban a los extranjeros.

El punto culminante de este tipo de propuestas fue la iniciativa que, en noviembre de 2009, prohibió la construcción de nuevos alminares, con 57,5% de votos a favor.

Y el pasado 9 de febrero, fue aceptada otra iniciativa que testimonia la desconfianza hacia la inmigración europea y de los extranjeros en Suiza. Algo que empujó al presidente alemán a presentarse en Suiza para solicitar explicaciones sobre esta decisión ciudadana.

A inicios de abril, Joachim Gauck indicó en Berna que no deseaba ni podía imaginarse que un país como Suiza, tan diverso y que jamás ha conocido una dictadura, se alejara de Europa de este modo.

Subrayó su respeto por el voto helvético, sin embargo, declaró que la democracia directa podía a veces constituir “un gran peligro” en temas complejos, cuyas implicaciones resultan difíciles de comprender para la ciudadanía en general. Razón por la que, según él, Alemania estaba contenta de su modelo de democracia representativa.

La respuesta de su homólogo suizo, Didier Burkhalter, fue la siguiente: “La democracia directa es para los suizos como la sangre que corre por nuestro cuerpo”.

Clima “combativo”

Algunos observadores y políticos suizos se dicen intranquilos por el creciente número de iniciativas que juegan con el miedo y los estereotipos, entre ellos el constitucionalista Andreas Auer: “El ambiente combativo con el que algunos partidos presionan nuestras relaciones con los extranjeros me inquieta. Hay un recrudecimiento de iniciativas que son problemáticas desde el punto de vista de derechos humanos”.

La pregunta es si se necesita establecer medidas para prevenir que esta herramienta de la democracia directa embandere pasiones políticas o arrebatos xenófobos.

El Diccionario Histórico de Suiza cita que cuando se estableció el derecho a la iniciativa popular, ya se escuchaban voces que señalaban “los peligros de una institución que pudiera servir de instrumento en manos de demagogos u otorgar una influencia excesiva a pequeños grupos bien organizados”.

La presidenta de la Comisión Federal contra el Racismo, Martine Brunschwig-Graf, recuerda que el Legislativo es el primer filtro en estos casos: “El Parlamento invalidaría un texto racista o discriminatorio. Ya ha habido debates para saber si una iniciativa es contraria al derecho internacional y a los compromisos internacionales de Suiza”.

La exdiputada agrega: “Una iniciativa puede mostrar un clima visceral que no aborda necesariamente el asunto en sí mismo, sino lo despierta en ciertas personas. Esto ocurre actualmente como en el pasado. La democracia directa permite abrir el debate que no puede canalizarse a través de las leyes, a no ser que se trate de asuntos que competan a la norma antirracista”.

La ratificación de Suiza del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), en vigor desde 1974, y la adopción de la ciudadanía helvética de la norma antirracista, en 1994, es decir, el artículo 261bis del Código Penal Suizo, marca un cambio para los defensores de los derechos humanos.

La historia del derecho a la iniciativa

El artículo constitucional que introdujo la posibilidad de recurrir a una iniciativa popular a escala federal fue aprobado en 1891.

La primera iniciativa, de la sociedad protectora de animales, fue presentada 14 meses después y fue aprobada en agosto de 1893.

Tras ese éxito inaugural del instrumento de la iniciativa, se recurrió poco a este derecho durante los siguientes 40 años. Después se volvieron más frecuentes durante el periodo de la crisis económica mundial, en las primeras décadas del siglo pasado y tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el decenio de 1950 (cuestiones financieras, sociales y militares).

Luego se produjo otro descenso en el número de iniciativas, pero en la década de 1970 volvieron a proponerse en un contexto en el que se cuestionaba la democracia de concordancia.

Fuente : Diccionario Histórico de Suiza

Norma controvertida

“Antes de 1974, solo la Constitución Federal y las constituciones cantonales garantizaban los derechos fundamentales”, explica Andreas Auer.

Con la ratificación del CEDH, los Estados europeos renunciaron a la soberanía en ese ámbito, en beneficio de la Corte de Estrasburgo. “Que un ciudadano suizo pueda hacer un proceso a su propio gobierno en una instancia internacional es un paso extraordinario para la protección de los derechos humanos”, asegura Auer.

Pero el diputado Yves Nidegger (UDC) juzga superflua la norma antirracista : “No tengo la impresión de que el artículo 261bis ayude a alguien. Ni es necesario, ni útil”.

Nidegger, también abogado ginebrino, cita el reciente fallo de la Corte de Estrasburgo que invalidó la condena en Suiza del nacionalista turco Dogu Perinçek por haber negado la existencia del genocidio armenio. Estrasburgo evocó el derecho a la libertad de expresión, mientras que el Tribunal Federal helvético se basó en el artículo 261bis. Suiza decidió presentar recurso contra la decisión de Estrasburgo.

Atención a la censura

En otros círculos políticos, algunos piensan que tras el voto del 9 de febrero pasado sería necesario reforzar las condiciones que permitan ejercer el derecho a la iniciativa. Las proposiciones al respecto dejan a Andreas Auer dubitativo: “Supongamos que una de estas propuestas es aceptada por la doble mayoría necesaria (de votos populares y de votos cantonales): ¿Quién va a hacer esta tarea de control? La Asamblea Federal, como órgano político, no puede hacerlo. Para otorgar esta competencia al Tribunal Federal se requeriría una revisión de la Constitución”.

Martine Brunschwig-Graf, por su parte, habla de los efectos perversos que provocaría un control creciente del derecho a la iniciativa: “No se puede impedir una iniciativa a título preventivo, con el pretexto de que sería susceptible de inducir debates indeseables. No se puede legislar sobre las intenciones de la gente. Caeríamos en un sistema de censura propicio a la arbitrariedad.

En un sistema democrático, cada actor (precursores de iniciativas, partidos, políticos y los medios de información) y todos aquellos que participan en una campaña previa a la votación de una iniciativa tienen la responsabilidad de mantener el debate en un marco correcto”.

En otros términos, no se trata de romper el termómetro que constituye la democracia directa, ni siquiera en caso de fuerte fiebre entre la población suiza.


Traducción del francés: Patricia Islas, swissinfo.ch



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