Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[Cerrar]

Democracia directa


Un modelo con 150 años de historia que comienza a despegar en Madrid



Por Miguel Huertas




Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid. (AFP)

Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid.

(AFP)

Las primeras propuestas dirigidas y votadas por los vecinos de la capital española echan a andar todavía lastradas por la falta de participación. Suiza pudo diseñar su propio país por la vía de las urnas en pleno siglo XIX y las grandes urbes brasileñas inventar los presupuestos participativos recién salidos de una dictadura.

Con la llegada de nuevas fuerzas al gobierno de los grandes municipios, los llamados ayuntamientos del cambio, los procesos de democracia participativa a nivel local luchan por penetrar de una vez por todas en la ciudadanía. Obedeciendo a las demandas nacidas en el 15-M Barcelona en Comú, Ahora Madrid, Marea Atlántica –A Coruña–, Zaragoza en Común o Cádiz Sí Se Puede, entre otros, plasmaron en sus programas electorales todo tipo de proyectos relacionados con la intensificación de la democracia directa en sus ciudades. Promesas que ahora, con nueve meses de Gobierno a sus espaldas, ya echan a andar. ¿Pero cuál es la fórmula de éxito para su aplicación? ¿Cómo lograr, por ejemplo en Madrid, donde un tercio de la población prefiere no elegir a sus representantes, que la ciudadanía abrace este tipo de procesos?

Un movimiento, el de la democracia directa, que nació ligado al de la descentralización en países como Suiza, donde una revisión de la Constitución de 1848 por presión de los gobiernos cantonales introdujo dos décadas más tarde referéndums obligatorios para reformas constitucionales, cambios en determinadas leyes y la posibilidad a los ciudadanos de promover nuevas iniciativas. Por este método se estableció en el país helvético la igualdad de las personas judías, el matrimonio civil, o se trató –sin éxito– de prohibir el juego e ilegalizar –esta vez con éxito– el sacrifico animal sin anestesia. Se diseñó también así el sistema fiscal, se entregó al poder público el monopolio de la venta y comercialización del alcohol, se nacionalizó el sistema de ferrocarril o se reintrodujo la pena de muerte. Todo antes de cumplirse el año 1900.

Una mirada a Brasil

El mismo partido que ahora utiliza su posición en el Gobierno para blindar a un expresidente acosado por la corrupción fue uno de los motores de la democratización de algunas de las grandes urbes brasileñas. El Partido del Trabajo (PT), en Brasil, fue pionero en la creación y aplicación de los presupuestos participativos y propició una mejora de la democracia en ciudades como Belo Horizonte, Recife, Curitiba y Porto Alegre. Ayuntamientos todos ellos por encima del millón de habitantes que marcaron una senda después de la caída en 1985 de la dictadura militar en el gigante sudamericano.

Tres años más tarde, Porto Alegre, ya gobernada por el PT, llevó a cabo el primer proyecto de presupuestos participativos. Esta ciudad fue gobernada e durante 15 años por el partido de Rousseff, lo que permitió consolidar el proyecto. “Investigar la historia de las instituciones participativas lleva a concluir que existe gran resistencia, al menos inicial, de los partidos conservadores que temen ver disminuidos su poder y prerrogativas”, explica a infoLibre Rodrigo Rossi, doctor en Sociología Política por la Universidad Federal de Santa Catalina y autor de ‘Democracia deliberativa e orçamento público: experiências de participação em Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife e Curitiba’. Rossi asegura que “el presupuesto participativo, en general, nace en ciudades gobernadas por partidos de izquierdas”, pero –continúa– “es interesante ver que los partidos que llamaríamos de derecha a veces mantienen las experiencias de participación especialmente en los casos en los que tienen éxito”.

Los datos de participación vecinal en Porto Alegre confirman, efectivamente, que el proyecto ha ido a más en las últimas décadas. Desde que comenzó a implantarse a inicios de los años noventa, la implicación de la ciudadanía se ha multiplicado. Hasta 1997, el número de participantes apenas alcanzaba las 7 000 personas. En 2015, en cambio, fueron más de 20 000 los ciudadanos de Porto Alegre que se decidieron a participar en el llamado ‘Orçamento Participativo’ (Presupuesto participativo),  la institución del gobierno municipal que gestiona este tipo de consultas en Porto Alegre. Un 1,46% de los vecinos, según las cuentas del propio organismo.

Una evidente mejoría que tampoco preocupa a los responsables del proyecto, que prefieren apostar por el cómo antes que por el cuánto. El coordinador deOrçamento Participativo’, Oscar Luiz Pellicioli, cree que "la cuestión cuantitativa es importante, pero no suficiente" y anima a ver la democracia participativa en su ciudad desde otra perspectiva. "Hemos hecho esfuerzos para que cada vez más gente se decida a participar, pero del mismo modolos hemos hecho para que la participación sea mejor", indica Pellicioli.

Ahondando en los porqués del fenómeno, el responsable de ‘Orçamento Participativo’ considera que, citando al profesor de Sociología Luciano Fedozzi, "la génesis histórica de un proyecto de democracia participativa debe estar ubicado en su forma latente, en la cultura política y la práctica social de los diferentes actores locales" para su éxito. Para ello, Pellicioli identifica esos actores como "movimientos asociativos de las comunidades o los partidos de izquierda". En su opinión, y en cuanto a sus particularidades, el experimento portoalegrense "es el resultado de un complejo conjunto de factores objetivos y subjetivos que caracterizan la realidad sociopolítica a finales de los años 80 y principios de los 90".

La experiencia en Madrid

El presupuesto participativo se estrena este año en Madrid con experiencias piloto en los distritos de Arganzuela, Usera y Tetuán. Cada distrito contó con 100 000 euros para ‘repartir’ –un 0,77% del total del presupuesto excluyendo gastos de personal–. La participación no llegó en ninguno de los tres distritos al 0,5% de la población con derecho al voto –en este caso, cualquier ciudadano mayor de 16 años–. Unos datos que, pese a la exigua cifra, pueden considerarse normales en virtud de otras experiencias. Rossi afirma que, en base a investigaciones en esta materia, el porcentaje de ciudadanos que se deciden a tomar parte en presupuestos participativos no excede normalmente “del 1% y el 2% de la población”. Aunque también en esto hay que tener en cuenta cuál es la experiencia en esos ayuntamientos.

Sobre la mejor aplicación de la democracia directa, la doctora en Economía de la Universitat de Barcelona y editora de ‘Politikon’, Elena Costas, opina en conversación con este periódico que en “las herramientas para atraer a la población hacia este tipo de procesos es importante tener en cuenta su eficacia para tratar de evitar hartazgos”. A su juicio, “de cara a poder evaluar si estos mecanismos están funcionando correctamente, se debe tener en cuenta si se ha dado suficiente información a la ciudadanía, todos los grupos relevantes han sido incluidos, se ha publicitado por distintos canales para llegar a diferentes audiencias, ha habido un margen de tiempo amplio para poder participar" y si los ciudadanos son o no conscientes del "impacto que tendría su participación”.

Precisamente, sobre el grado de éxito en la aplicación de estas políticas, Rossi añade un elemento nuevo: el grado de “tradición participativa y de izquierda”. Algo con lo que coincide con Pellicioli. Un hecho que, al menos en lo que se refiere al período anterior a estas últimas elecciones, no se ha dado en Madrid. Aunque él suma también que un “aspecto significativo” es el sentido de “eficacia política” que la población, poco a poco, perciba el fruto de su participación y los resultados reales que traiga para “mejorar su calidad de vida”. Por tanto, ambos expertos, a un lado y otro del Atlántico, comparten que el buen diseño del aparato institucional de participación y un alto grado de eficacia en la toma de decisiones de la ciudadanía a través de estos canales son los ingredientes esenciales para un buen funcionamiento de los canales de democracia directa.

Unos canales que en Madrid son tres: presupuestos participativos, propuestas ciudadanas y participación. Cada uno con sus particularidades, cada uno con sus conflictos. En especial el apartado de propuestas ciudadanas, cuyo proceso depende de los vecinos al completo. Aquí el Ayuntamiento de Madrid sólo estableció la herramienta –Decide Madrid– y la normativa para participar. Las iniciativas han de alcanzar un apoyo equivalente al 2% del censo, después transcurrir 45 días de debate y, por último, una semana de votación. Para su aprobación es necesario mayoría simple y no se precisa de ningún mínimo de participación (cuórum). Todo bajo el requisito de que no existan fines ilícitos o se atente contra los derechos fundamentales o las libertades públicas. Aunque hay que decir que, a día de hoy, ninguna de las propuestas ha alcanzado los 53 000 apoyos necesarios y que la más popular, sobre transporte, apenas ha alcanzado un tercio del apoyo necesario. Un proceso que guarda paralelismos, aunque a otro ritmo, al de los presupuestos, que se limita a propuestas de inversión. El último canal –de participación– trata de iniciativas que emanan del propio ayuntamiento y que quieren contar con el empuje de la ciudadanía. Un ejemplo de esto sería el proceso de remodelación de uno de los lugares claves de encuentro público en Madrid: Plaza de España, donde participaron casi 28 000 personas.

"Expropiación del poder”

“La ciudad que quieres será la ciudad que quieras” fue el eslogan que decidió aplicar el Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, encargado de estos procesos, y cuyo máximo responsable, el concejal Pablo Soto, nos atiende para explicar cómo ha vivido sus primeros meses tratando de llevar la democracia directa a Madrid. “La valoración general es muy buena”, cuenta. En concreto, comenta que el área se encuentra “satisfecha con la implantación de Decide Madrid”, a pesar de que menos de cinco de cada mil vecinos participaron en los presupuestos piloto y ninguna propuesta se encuentra aún cerca de poder ser votada. Agrega que “ya son más de 100 000 los inscritos”. Para Soto, la plataforma actualmente simboliza un “suelo” del que partir para continuar lanzando procesos como el de Plaza de España, en cuya primera fase participaron el 0,87% de los ciudadanos de media en cada uno de los 21 distritos de la capital.

Sobre si convendría bajar el mínimo necesario para que las propuestas ciudadanas tengan más fácil progresar, Soto se defiende argumentando que el porcentaje establecido “no es arbitrario” ya que, según él, es el más común “en todos los sitios del mundo donde estos mecanismos funcionan”. Aunque, matiza, “esto no quiere decir que una propuesta sin una campaña detrás lo tenga fácil para llegar al umbral”. “Actualmente la más votada –la que exige un billete único de transporte– no tiene detrás nada, sólo una persona que subió su propuesta”, mantiene. Una idea que, por otro lado, toca competencias de otros Gobiernos como el autonómico. A este respecto, Elena Costas advierte del desengaño que puede producir en los vecinos que apoyen y respalden una iniciativa que después no pueda llevarse a cabo: “Puede existir frustración por parte de los ciudadanos al no ver cumplidas sus expectativas previas”. Sin embargo, el concejal de Participación sostiene que “el Ayuntamiento no deja de comprometerse” ya que en el caso del billete único el consistorio “puede proponer la decisión mayoritaria de la gente de Madrid” y aclara que “no se cambia el marco de la realidad, sino de quién toma las decisiones” y cuáles son las propuestas que el gobierno municipal defiende ante instituciones superiores. “En el Ayuntamiento también se toman medidas en materia europea como las políticas sobre refugiados”, argumenta en este sentido.

Acerca de si la información, otro aspecto en el que insisten los expertos, es la mejor, Pablo Soto enumera la estrategia de difusión seguida por su concejalía: “Hemos repartido trípticos en las Juntas de Distrito, bibliotecas, en las oficinas del Ayuntamiento [...] Hemos hecho vídeos que han sido emitidos en el metro, hemos dado ruedas de prensa para que todos los medios lo conozcan… intentamos que llegue a todo el mundo, pero no podemos copar todos los soportes”, explica. Algo que contrasta con, por ejemplo, el revés sufrido por la última iniciativa votada en ‘Decide Madrid’ relacionada con el cambio de nombre del barrio de Ensanche de Vallecas. El nivel de participación no alcanzó el cuórum mínimo del 15% para salir adelante. Un hecho que, en cualquier caso, no le hace cambiar de idea. “No es una decepción”, dice. “Hay que valorar que uno de cada diez vecinos cojan un domingo y se vayan al colegio a votar algo que les puede afectar tan relativamente poco como cuál es el nombre administrativo del barrio”, señala. Un requisito del que el concejal se muestra contrario ya que, según él, “no aporta seguridad”. Aspecto en el que discrepa con Costas, que opina que de este modo se fuerza a publicar más y mejor sobre los temas y se puede evitar que sean grupos minoritarios muy movilizados los que fuercen los cambios. “Formalizar unos niveles mínimos es importante para poder asegurar que diferentes visiones son recogidas, al tiempo que se garantiza que un mayor número de personas reciben información sobre la iniciativa pública” y, concluye, permite “evitar la captura de recursos por colectivos determinados”.

Soto admite que la “apertura de este tipo de procesos” puede “inspirar miedo”, pero ante esto él responde que la democracia participativa “no es sino un trasvase de poder, una expropiación del poder de un pequeño grupo a algo más etéreo como es la gente”. El ayuntamiento, como institución, sustituido por sus vecinos.

Sobre si teme que un cambio de Gobierno en la capital se lleve por delante estas iniciativas, acepta el reto, y advierte de que “van a hacer todo lo que esté en su mano porque esto no sea un oasis de cuatro años” a través de mecanismos culturales –en la raíz de la sociedad madrileña– y legislativos. Y, si para ello hace falta, contempla “modificar los reglamentos orgánicos del ayuntamiento para incorporar todos estos procesos” con tal de hacerlo posible.

Ahora los siguientes pasos que el consistorio tiene en manos de los vecinos a nivel de ciudad son continuar en la reforma de Plaza de España, cuya tercera fase –consulta ciudadana– acaba de finalizar y seguirá hasta el 15 de septiembre; la presentación y debate de propuestas ciudadanas; y también la recogida de propuestas en los presupuestos participativos en las cuentas de 2017 –que finalizó este 31 de marzo– para el que hay reservada una partida de 60 millones de euros (1,3% del presupuesto total). Para esto último, como en la experiencia en participación, hay diferencias con Porto Alegre: allí se destina un porcentaje siete veces mayor.

(Este artículo se publicó originalmente en el diario digital infoLibre)

×