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Punto de vista


El enigma de la democracia liberal



Por Dani Rodrik y Sharun Mukand




Por Dani Rodrik y Sharun Mukand

Más del 60% de los países del mundo son democracias electorales. Sin embargo, la mayoría de estos regímenes no logran garantizar una protección igualitaria frente a la ley. Sea cual sea la razón de la aparición de la democracia liberal, no debe sorprendernos lo poco común que es en la práctica.

Hace casi dos décadas, el analista político Fareed Zakaria escribió un artículo profético titulado ‘El surgimiento de la democracia no liberal’, en el que expresaba su preocupación por el ascenso de autócratas populistas y poco considerados con el Estado de derecho y las libertades civiles. Aunque los gobiernos sean elegidos en comicios libres y justos, escribía, pueden violar sistemáticamente los derechos fundamentales de sus conciudadanos.

Desde el artículo de Zakaria, las democracias no liberales se han vuelto más la norma que la excepción. Según cálculos de Freedom House, más del 60% de los países del mundo son democracias electorales –regímenes en los que los partidos políticos compiten y llegan al poder mediante elecciones regulares–, cuando a finales de los años 80 representaban apenas un 40%. Sin embargo, la mayoría de estas democracias no logran garantizar una protección igualitaria frente a la ley.

Habitualmente son los grupos minoritarios (étnicos, religiosos, lingüísticos o regionales) quienes sufren la peor parte de las políticas y prácticas no liberales. No obstante, los opositores de cualquier signo ideológico corren el riesgo de ser censurados, perseguidos o encarcelados sin motivo.

La democracia liberal se basa en tres grupos distintos de derechos: los derechos de propiedad, los derechos políticos y los derechos civiles. El primero protege a los propietarios e inversores de la expropiación. El segundo garantiza que los grupos que ganen las elecciones puedan asumir el poder y elegir las políticas que deseen, siempre que esas políticas no infrinjan los otros dos grupos de derechos. Por último, los derechos civiles aseguran la igualdad de trato ante la ley y un acceso igualitario a servicios públicos como la educación.

Los derechos de propiedad y los derechos políticos benefician a destinatarios poderosos. Los derechos de propiedad interesan principalmente a la élite –los propietarios y los inversores. Aunque sean pocos, son capaces de movilizar recursos materiales si no obtienen lo que quieren. Pueden llevarse su dinero a otro lugar o elegir no invertir, lo que representa costes importantes para el resto de la sociedad.

Los derechos políticos interesan, en primer lugar, a las masas organizadas: la clase obrera o la mayoría étnica, según la estructura y las divisiones de la sociedad. Los miembros de la mayoría son comparativamente pobres, pero tienen los números a su favor. Pueden amenazar a la élite con levantamientos y expropiaciones.

De los derechos civiles, en cambio, se benefician generalmente las minorías que no son ni ricas ni numerosas. Los kurdos en Hungría, los gitanos en Hungría, los liberales en Rusia y la población indígena de México no suelen tener mucho poder en sus países. Por tanto, sus reivindicaciones de igualdad de derechos no tienen mismo peso que las reivindicaciones de propiedad o de los derechos políticos.

Las teorías que pretenden explicar los orígenes históricos de la democracia han ignorado esta asimetría entre los demandantes de los distintos tipos de derechos. Estas teorías giran principalmente en torno a un contrato entre la élite acaudalada y la clase obrera: ante la amenaza de una revuelta, las élites amplían los derechos y permiten que las masas voten. A cambio, las masas –o sus representantes– acuerdan no expropiar a la élite.

Obviamente, la élite prefiere una autocracia en la que gobierne sola y proteja sus propios derechos, pero los de nadie más. A lo largo de gran parte de la historia de la humanidad, se han salido con la suya.

Un contrato democrático solo es factible cuando las masas pueden organizarse y movilizarse en defensa de intereses comunes. Esto da credibilidad tanto a sus amenazas de insurrección previas al acuerdo como a sus promesas posteriores de proteger los derechos de propiedad. Históricamente, esas movilizaciones han sido producto de la industrialización, la urbanización, de guerras o luchas anticoloniales.

No obstante, estos contratos, por su misma naturaleza, producen democracias electorales, en lugar de democracias liberales. Las minorías desposeídas que son los principales interesados en los derechos civiles no tienen ningún papel durante la transición democrática, por la simple razón de que no tienen nada que ofrecer en la mesa de negociación. Así, la negociación democrática produce derechos de propiedad y políticos, pero rara vez también derechos civiles.

Desde este punto de vista, el enigma no es saber por qué la democracia se vuelve tan a menudo no liberal, sino saber cómo puede emerger la democracia liberal.

Una serie de circunstancias que favorecen la democracia liberal es la ausencia de divisiones étnicas o de identidad entre quienes no pertenecen a la élite. La homogeneidad cultural y social significa que no hay una minoría identificable a la que la mayoría pueda discriminar. Históricamente, los países escandinavos y, más recientemente, Japón y Corea del Sur se aproximan a este prototipo.

Una situación diferente que produce resultados similares es la presencia de divisiones múltiples y sobrepuestas. Si no hay una distinción clara entre mayoría y minoría, cada grupo en el poder puede estar dispuesto a reconocer los derechos de los demás por temor a quedarse en el futuro fuera del poder. Es el tipo de equilibrio precario en el que se basaba la democracia consociacional en Líbano – hasta que el crecimiento diferencial de la población y la intervención exterior le pusieron fin.

Una tercera posibilidad es que la diferencia étnica o racial muy marcada en una sociedad coincida con la brecha que separa a las masas de la élite acaudalada. En Sudáfrica, por ejemplo, los blancos eran la élite y la minoría racial. 

Punto de vista

swissinfo.ch reúne en esta columna una selección de textos escritos por personas ajenas a la redacción. En ella publicamos los puntos de vista de expertos, líderes de opinión y observadores sobre temas de interés en Suiza con el fin de alimentar el debate.

Cuando el gobierno de ‘apartheid’ negoció con el Congreso Nacional Africano antes de la transición democrática de 1994, exigió (y obtuvo) derechos de propiedad y civiles para la minoría blanca a cambio de derechos políticos para la mayoría negra. El trato ha dado buenos resultados, a pesar de los tiempos difíciles que ha experimentado la democracia sudafricana desde entonces.

Tal vez la democracia liberal no tiene mucho que ver con el equilibrio de poder entre los grupos sociales y sus motivaciones estratégicas. Quizás se necesita desarrollar gradualmente una cultura de tolerancia y libertades civiles. O quizás se necesita ambas cosas para sostener capaces de respetar los derechos civiles, políticos y de propiedad a largo plazo.

Sea cual sea la razón de la aparición de la democracia liberal, no debe sorprendernos lo poco común que es en la práctica. Solo en raras ocasiones las fuerzas políticas se ponen de acuerdo en crear una versión sostenible de esa democracia.

(Este artículo se publicó primero en Project Syndicate)

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de swissinfo.ch.


Traducción del inglés: Kena Nequiz

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