Iniciativa popular, un medio para dictar la agenda política
Mientras Suiza se dispone a efectuar las elecciones federales de octubre, los partidos políticos y los grupos de interés (lobbies) acuden a las iniciativas populares para influir en la opinión pública.
Considerado como una piedra angular de la democracia suiza, el derecho a la iniciativa permite a cada ciudadano exigir que una propuesta para modificar la Constitución sea sometida a votación nacional. Para ese fin, la iniciativa debe reunir 100.000 firmas en 18 meses.
Temas: Una iniciativa popular puede ser lanzada sobre cualquier asunto. En los últimos años han sido propuestas iniciativas de diversa naturaleza, desde la referida a “Una Suiza sin policía indiscreta” , pasando por las de los derechos de los animales, la reducción de los costos hospitalarios y la de la jubilación flexible hasta la de seis semanas de vacaciones por año.
Procedimiento: Para que una iniciativa sea sometida a votación popular debe reunir 100.000 firmas en 18 meses. El Gobierno y el Parlamento pueden reaccionar a una iniciativa proponiendo un contraproyecto que va a las urnas junto con la iniciativa.
Validez: El Parlamento tiene el poder para anular las iniciativas que no guarden conformidad con las reglas imperativas del derecho internacional, tales como las proposiciones que promuevan el genocidio, la esclavitud o la tortura.
Si bien la iniciativa popular fue creada para permitir que los ciudadanos intervengan directamente en la política, tanto los partidos como los grupos de interés la toman hoy en día como un instrumento eficaz para dictar la agenda política suiza.
El número de iniciativas lanzadas por diversos participantes políticos aumenta constantemente en los últimos años. Según las estadísticas gubernamentales, 82 iniciativas populares fueron propuestas entre 2001 y 2010, frente a sólo 29 entre 1961 1970.
“Arma de campaña”
A juicio de Andreas Auer, director del Centro de Investigaciones sobre la Democracia Directa en Aarau, la iniciativa popular representa actualmente un « arma de campaña » empleada por los partidos políticos, grandes y pequeños.
“ El objetivo principal, al menos en un año electoral, es estar presente en el debate político poniendo un asunto en tela de juicio. En este año electoral hay 14 iniciativas en curso, algo bastante excepcional”, señala Andreas Auer.
Casi la mitad de las iniciativas propuestas por los partidos y los grupos de interés en los últimos 40 años ha sido sometida a votación popular. Sólo el 10% de ellas, es decir 11 de 121, fueron aprobadas por el pueblo.
Sin embargo, como precisa la vicepresidenta de los Verdes Aline Trede, ahí no está lo importante. El debate popular activado por una iniciativa puede ser suficiente para que el Parlamento o el Gobierno elaboren contra-proyectos y modificaciones de la ley.
“La mayoría de las iniciativas fracasan, pero ya cambiaron algo, porque durante seis meses hay presión y la gente habla de ellas. Después de cierto tiempo se nota con claridad el efecto de la bola de nieve”, remarca Aline Trede.
Radicalización del debate
“Desde el punto de vista histórico, la iniciativa es un instrumento utilizado por los partidos situados en la izquierda o en el extremo derecho del tablero político”, señala Georg Lutz. “Los partidos de centro-derecha no disponen de esa tradición. Sus iniciativas suelen parecerse a intentos desesperados para no perder el paso de quienes quieren dictar la agenda política y atraer la atención”.
Andreas Auer advierte que “la radicalización del discurso político” ha desencadenado un mayor uso de la iniciativa, sobre todo de parte de los extremos en el tablero político. A guisa de ejemplo cita la iniciativa lanzada en 2009 por la Unión Democrática de Centro (UDC,derecha conservadora) para prohibir la construcción de alminares.
“Las preguntas abiertas antes o durante el proceso de la iniciativa, aún sin ser esenciales para el país, permiten movilizar a la gente en torno a temas sencillos”, sostiene Andreas Auer.
Pueblo vs Gobierno
Andreas Auer recalca que el éxito de las iniciativas populares muestra la “gran debilidad del gobierno suizo”. “Suiza es administrada por siete personas muy ocupadas en el seno de sus ministerios, pero que no gobiernan realmente el país. Los ministros (consejeros federales) no definen verdaderamente la agenda política, y en la mayoría de las veces se conforman con reaccionar ante las iniciativas”, añade.
El Partido Socialista (PS/izquierda), que entró a formar parte del gobierno en los años 40, tiene una larga tradición en el lanzamiento de iniciativas. Sus iniciativas pendientes en la actualidad son las que proponen una caja de seguro médico única, un salario mínimo y la que propone la promoción de tecnologías respetuosas del medioambiente.
El ala derecha de la Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora) trata de alentar una votación sobre las reservas del Banco Nacional de Suiza y otra sobre la reducción de impuestos para las familias.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC/centro derecha) espera igualmente apelar a dos votaciones distintas sobre subsidios fiscales para las familias.
El centro derecha del Partido Liberal Radical (PLR/derecha) ha lanzado por su parte una iniciativa que pretende « reducir la burocracia ».
Los Verdes parecen empeñados en reunir firmas para una iniciativa tendiente a prohibir las centrales nucleares.
Pero también los activistas emplean la iniciativa para reaccionar a hechos o problemas, y los ciudadanos pueden oponerse a las leyes aprobadas por el Parlamento solicitando un referéndum, instrumento que permite someter tal legislación al voto popular.
¿Controles más estrictos ?
El hecho de que las iniciativas sean más usadas para influir en el debate y en la opinión pública en vez de acudir a ellas para modificar la Constitución, hace temer conflictos potenciales con respecto a las obligaciones de Suiza con el derecho internacional.
El Gobierno ha publicado un informe que -si las medidas propuestas son aplicadas-, daría al Parlamento más medios para rechazar iniciativas que “ataquen en esencia” el derecho constitucional e internacional. La decisión ha sido tomada después de que el pueblo suizo aprobara dos iniciativas muy controvertidas : la votada en 2009 para prohibir la construcción de alminares y la iniciativa que en el último mes de noviembre fue a las urnas para expulsar a los delincuentes extranjeros, propuesta considerada como una violación de la Constitución suiza y de la Convención Internacional de los Derechos Humanos. En la actualidad se considera además la posibilidad de aumentar el número de firmas necesarias para forzar una iniciativa popular: de 100.000 a 200.000.
Aline Trede admite que hacen falta “controles más estrictos” para garantizar la protección de los derechos fundamentales. “Creo que las iniciativas populares son sobreexplotadas por los partidos políticos en el gobierno y en particular por los partidos de derecha que las utilizan para formar una mayoría partiendo de una minoría”, precisa.
Andreas Auer opina a su vez que las iniciativas no son sobreexplotadas y que la proposición del Gobierno de aumentar el control es “una mala idea”.
“No se puede hablar de abuso. Ellas solo tienen la posibilidad de plantear una idea que a veces funciona, y otras, no. La cuestión de los derechos humanos puede ser tratada únicamente por los jueces o los tribunales. No corresponde a un órgano político como el Parlamento decidir si una ley o una proposición viola una libertad”, recalca.
Georg Lutz, politólogo en la Universidad de Lausana, afirma que la diversificación en el tablero político -estimulada por una ola de nuevos partidos creados en los años 60 y 70: en total 12 representados en al Parlamento nacional-, ha alentado el uso de la iniciativa popular.
(Traducción: Juan Espinoza)
En cumplimiento de los estándares JTI
Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.