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¿Atentado a los derechos humanos o fortalecimiento de la democracia?

El exministro Christoph Blocher, miembro de la UDC, informó a la prensa en marzo de 2015 del inicio de la recolección de firmas para la denominada 'iniciativa para la autodeterminación'. Keystone

La Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) entregó hoy con las correspondientes firmas que la avalan la iniciativa popular ‘Derecho suizo en lugar de jueces extranjeros’. El texto defiende la primacía de la Constitución suiza sobre el derecho internacional. ¿Cuáles son las consecuencias si la iniciativa es aprobada en las urnas?

Los suizos pueden proponer cambios en la Constitución gracias a este instrumento de democracia directa: la iniciativa popular. Pero a veces las nuevas disposiciones constitucionales entran en contradicción con los tratados internacionales suscritos por Suiza. En 2014, por ejemplo, los suizos aprobaron limitar la inmigración de mano de obra comunitaria, cuando los acuerdos bilaterales entre Suiza y la Unión Europea garantizan la libre circulación de personas. Desde entonces, el Parlamento está dividido sobre cómo aplicar la iniciativa.

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Iniciativa popular

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¿Qué es una iniciativa popular o ciudadana?

Este contenido fue publicado en Introducida en Suiza en1891, la iniciativa popular es uno de los principales instrumentos de la democracia directa helvética.

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La UDC entregó este viernes una iniciativa que prevé hacer prevalecer el derecho nacional en este tipo de conflictos. Entre otras cosas, la iniciativa ‘Derecho suizo en lugar de jueces extranjeros’ (Iniciativa para la autodeterminaciónEnlace externo), contempla:

La primacía de la Constitución suiza sobre el derecho internacional, a excepción de disposiciones vinculantes del derecho internacional, como las que prohíben la tortura, la esclavitud o las guerras ofensivas.

El Estado y los cantones no pueden contraer obligaciones de derecho internacional que estén en contradicción con la Constitución.

En caso de contradicción entre Constitución y derecho internacional, Suiza tiene que modificar o denunciar los acuerdos internacionales. 

Para los promotores de la iniciativa, la legitimidad democrática también es importante: los tratados internacionales que fueron sometidos a referéndum en Suiza deben seguir siendo determinantes para los tribunales.

Daño a la imagen vs seguridad del derecho

¿Qué significa esto para Suiza? La amplia coalición de detractoresEnlace externo de la iniciativa considera que la UDC pretende denunciar el Convenio Europeo de Derechos HumanosEnlace externo, lo cual ocasionaría un daño enorme a la imagen de Suiza.

Es más: significaría que las sentencias del Tribunal Federal, la más alta instancia judicial de Suiza, no podrían recurrirse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según los detractoresEnlace externo la iniciativa, Suiza podría verse en una situación de incumplimiento frente a otros Estados, lo cual repercutiría negativamente en estabilidad, la seguridad jurídica y la plaza económica del país.

La UDCEnlace externo ve el asunto bajo otra óptica. Con su iniciativa, dice, pretende generar estabilidad jurídica esclareciendo las relaciones entre el derecho nacional e internacional. El objetivo no es denunciar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, subraya el partido, sino reforzar la democracia, dado que las leyes deben emanar del pueblo o del Parlamento suizos y no de organizaciones internacionales o tribunales extranjeros.

Pueblo o jueces, esta es la cuestión

El origen de la iniciativa, afirma la UDC, es la controvertida sentencia del Tribunal Supremo, según la cual todo acuerdo internacional –y no solamente el derecho internacional vinculante– tiene primacía sobre el derecho nacional. Pero los electores nunca han podido votar sobre esta interpretación arbitraria del Tribunal Federal, dicen los defensores de la iniciativa.

“El problema de fondo de la iniciativa para la autodeterminación es la idea de que una disposición no se considera ‘verdaderamente democrática’, si el pueblo no se ha pronunciado sobre ella”, explica Oliver Diggelmann, el profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Zúrich. A su juicio, es importante que los jueces y las autoridades políticas dispongan de un margen de maniobra para determinar la relación entre derecho nacional e internacional en casos concretos.

¿En qué casos el derecho nacional debe prevalecer sobre el derecho internacional? Envíenos su opinión. 


Traducción del alemán: Belén Couceiro

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