Cataluña: la democracia doblemente asediada
De los más de dos millones de catalanes que votaron el domingo, cuatro de cada cinco se manifestaron a favor de la independencia. El resultado no es vinculante y la consulta, de carácter simbólico, no soluciona la cuestión soberanista. El problema no reside en los límites constitucionales, sino en la incapacidad política de los dirigentes, sostiene Yanina WelpEnlace externo, politóloga del Centro de Investigación sobre Democracia DirectaEnlace externo, en Aarau.
En Cataluña no hubo referéndum. A instancias del Gobierno central, encabezado por Mariano Rajoy (Partido Popular, PP), el Tribunal Constitucional (TC) suspendió el decreto 129 de convocatoria de la consulta popularEnlace externo publicado por la Generalitat de Cataluña el 27 de setiembre de 2014, como también la ley de consultas en la que se basaba el decreto.
En su solicitud al TC presentada el lunes 29 de septiembre, el abogado general del EstadoEnlace externo alegaba que la Constitución Española (CE) “al primar el sistema de democracia representativa frente a la democracia directa (…) no recoge que el pueblo, ni menos aún una fracción del mismo, pueda por medio de un mecanismo de democracia directa iniciar un proceso constituyente”. Así, en un fin de semana de vértigo el Gobierno central, apelando a la inmutabilidad de la Constitución –en la que ha basado exclusivamente sus argumentos contra la consulta–, quiso dar fin al largo debate por el referéndum y a la hoja de ruta trazada por los partidos proconsulta –Convergencia i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Socialista Catalán (PSC), Iniciativa por Cataluña-Verdes (ICV) y Candidatura de Unidad Popular (CUP) – en el Parlamento catalán, el 12 de diciembre de 2013.
Pero la medida cautelar del TC no fue suficiente. A mediados de octubre, el presidente de la Generalitat Artur Mas (CiU) anunciaba la convocatoria de una consulta alternativa. La respuesta del Gobierno de Rajoy se repitió, y nuevamente consiguió la suspensión de la convocatoria por el TC. Finalmente, lo que tuvo lugar el 9 de noviembre, fue un “proceso participativo” impulsado por el Gobierno autonómico, los partidos proindependencia y dos organizaciones ciudadanas, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural. Aunque el proceso fue pacífico, no contó con las debidas garantías democráticas, un censo propiamente elaborado y responsables de mesa independientes y adecuadamente formados para la tarea.
Pese al clima de incertidumbre –falta de marco normativo, carácter consultivo del acto y rumores de un posible cierre de los centros de enseñanza habilitados como colegios electorales– 2.305.290 personasEnlace externo asistieron a su cita con las urnas (incluyendo 13.573 catalanes en los 19 puntos de participación internacional). Estaban habilitados para votar los mayores de 16 años (en las elecciones regulares lo son los mayores de 18), los nacidos en Cataluña y quienes pudieran acreditar una residencia de al menos tres años (que no tienen derecho a voto en elecciones regulares). La participación registrada supone algo más que la suma de los votos que los partidos del frente proconsulta obtuvieron en las últimas elecciones al Parlament catalán, y representa casi un 36 sobre un censo estimado de 6,3 millones. Se abrieron 1.317 locales que fueron gestionados por los 40.930 voluntarios registrados en la página abierta por el Gobierno catalán (algo también considerado ilegal por el TC).
Las preguntas sometidas a consideración ciudadana eran las mismas acordadas en 2013 para la consulta original: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y, en caso afirmativo: ¿Quiere que este sea independiente? El 80,76% (1.861.753) votó a favor de ambas preguntas, el 10,07% (232.182) a favor de la primera y en contra de la segunda, y un 4,54% (104.772) rechazó ambas.
El referéndum en la normativa española
De nacionalidad argentina, Yanina Welp es desde 2007 directora regional para América Latina del Centro de Investigación sobre Democracia DirectaEnlace externo, en Aarau, asociado a la Universidad de Zúrich. Coordina una investigación sobre mecanismos de democracia directa en 18 países de América Latina. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
La transición a la democracia en España tuvo en la Constitución de 1978 uno de sus principales baluartes. Esta Constitución no permite a los ciudadanos activar directamente mecanismos de democracia directa, como ocurre en Suiza o Italia, o en el nivel subnacional, como en Estados Unidos o Alemania. Pocas dudas caben de que este hecho se vincula a la histórica falta de respuesta política a los conflictos soberanistas. La Constitución de 1931 (Segunda República) establecía el derecho de la ciudadanía a someter a referéndum leyes votadas por las Cortes mediante la solicitud del 15% del cuerpo electoral y también planteaba el requisito de referéndum para aprobar los Estatutos de AutonomíaEnlace externo.
La Constitución de 1978 (ratificada en referéndum) abrió la puerta a la transición a la democracia después de la larga dictadura franquista (1939-1975). Los acuerdos fueron sellados por los principales partidos, poco proclives a trasladar poder a la ciudadanía. De acuerdo con esto, los mecanismos de democracia directaEnlace externo incorporados entonces y vigentes hasta la actualidad son limitados y solo pueden ser activados por las autoridades (el referéndum de carácter consultivo, el obligatorio o potestativo en relación a la reforma constitucional, y los vinculados al proceso autonómico). La Constitución podría reformarse o podrían buscarse alternativas que permitan la consulta, pero el Gobierno del Partido Popular no ha contemplado esta salida.
Los antecedentes de un reclamo de larga data
El exlehendakari (presidente vasco) Juan José Ibarretxe (1999-2009) planeó en 2003 un camino para convertir a Euskadi en un “Estado libre asociado a España” por vías pacíficas y democráticas, que incluían el llamado a referéndum (Plan IbarretxeEnlace externo). Como respuesta, el 28 de noviembre del mismo año, el Gobierno de José María Aznar (PP) aprobaba incorporar al Código Penal un artículo en que se consideraba delito castigado con penas de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos la convocatoria a elecciones o referendos sin autorización de las Cortes. El Plan Ibarretxe fue aprobado en el Parlamento Vasco y pasó al Congreso de los Diputados donde la propuesta fue derrotada. En un clima de menor confrontación tras el triunfo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) en las elecciones generales la demanda acabó diluyéndose, al menos temporalmente.
Poco después, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (socio minoritario del PSC en el Gobierno catalán, Josep Carod Rovira, presentó una propuesta de referéndum que corrió la misma suerte que la vasca. Lejos de acallar el reclamo, la situación derivó en la realización de una serie de consultas informales a lo largo del territorio catalán entre 2009 y 2011, y en la institucionalización y el fortalecimiento de dos grandes organizaciones ciudadanas: la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural. El objetivo de la ANC (constituida formalmente el 10 de marzo de 2012) es la independencia; se compone de más de 500 asambleas territoriales formadas por miles de personas que trabajan voluntariamente para obtener la independencia por medios democráticos y pacíficos. Omnium Cultural existe desde el 11 de julio de 1961, cuando un grupo de artistas deciden pelear contra la censura franquista de la cultura catalana.
Suspendida la consulta popular, las fuerzas catalanas proindependencia se aliaron para desarrollar el “proceso de participación para conocer la opinión de los catalanes sobre el futuro político de Cataluña”, al que se otorgó un gran valor simbólico: mostrar fuerzas para poder convocar un verdadero referéndum.
Hoja de ruta
Con más de dos millones de participantes, el presidente catalán ha declarado que el proceso participativo fue un “éxito total” y ha anunciado que convocará a Rajoy a negociar un referéndum legal y vinculante. El presidente Rajoy ha calificado la consulta de “ejercicio antidemocrático e inútil, que no tiene efectos jurídicos”. Mientras los diarios de toda Europa daban cuenta de las cifras de participación, desde el PP se insistía en que esos datos “no tienen ninguna validez porque no hay manera de comprobarlos, al tratarse de un proceso sin garantías, controlado por los independentistas”.
Mientras tanto, en el interior de ambas coaliciones crece la tensión. A la derecha, muchos consideran que Rajoy debería haber actuado con mayor contundencia e impedir la consulta, lo que está alimentando a los sectores más extremos, nostálgicos del franquismo.
Punto de vista
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En Cataluña buena parte de los organizadores esperan que Mas convoque unas elecciones plebiscitarias en las que la independencia sea el tema a decidir, y no confían en negociaciones con el Gobierno central. Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha sostenido: “Nadie me convencerá de que a la independencia llegaremos negociando con el Estado español”. ERC es el partido que actualmente registra mayor intención de votos según las encuestas y, por tanto, un actor clave para el Gobierno catalán, que ha sufrido un profundo desgaste durante este proceso.
En medio, el 36% de ciudadanos que participaron del proceso consultivo sienten vulnerados sus derechos democráticos, mientras al menos una parte de los catalanes que no acudieron a las urnas se sienten frustrados tanto con el Gobierno central como con un Gobierno catalán que usa sus recursos en función de un proyecto, sin dar suficientes garantías ni espacio a los disidentes. Esta es la democracia doblemente asediada. El problema no reside en los límites constitucionales, sino en la incapacidad política de los dirigentes.
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