“Un campesino sin tierra es como un pez fuera del agua”
Durante años la región del Magdalena Medio fue un nido de paramilitares en Colombia. Pueblos enteros fueron evacuados para abrir espacios a plantaciones de coca o palma africana. Una comunidad campesina ha podido resistir con la sola fuerza de su fe y la solidaridad de otros, especialmente de Suiza.
Abro los ojos con las primeras luces del alba. El aire lleva el perfume del cacao y del plátano maduro. “Suiza es tal vez la patria del chocolate, pero el mejor cacao colombiano se produce aquí, en la tierra de El Garzal”, declara orgulloso Don Pablo* mientras me alcanza una taza de chocolate caliente.
En esta población de las márgenes del Río Magdalena vive un centenar de familias -en su mayoría campesinos y pescadores que llegaron a esta tierra hace más de treinta años. Era entonces un campo abandonado, cubierto de vegetación.
Viven en casas de madera con techos de paja o de lámina. Una escuela, una tiendita, una panadería comunitaria y una iglesia, lugar de reuniones y de oración. En esta tierra sembraron las primeras plantas de cacao, han visto crecer a sus hijos y morir a sus compañeros. Y en esta tierra han resistido, a pesar de las amenazas de los paramilitares y la guerrilla.
Acompaño a Don Pablo al centro del pueblo. Llevamos los granos de cacao a secar a un invernadero, junto a la cosecha de otros miembros de la comunidad. Una vez fermentados serán transportados hasta la costa antes de ser embarcados rumbo a Europa. En esta región, donde nunca faltan ni sol ni agua, el cacao crece particularmente dulce y refinado.
“La comunidad se lanzó en esta aventura hace un par de años, después de que la enésima inundación del Río Magdalena destruyó todas las plantaciones de maíz y plátano”, dice el agrónomo Marbin Acosta, quien desde hace algunos años trabaja en El Garzal por cuenta de la ONG suiza Swissaid. “Ahora hay más de 100 hectáreas de cultivos de cacao biológico, una planta más resistente que los cereales y por lo tanto, capaz de garantizar una mayor seguridad alimentaria”.
Swissaid fue la primera organización internacional en apoyar a los campesinos de El Garzal en su proceso de resistencia pacífica mediante una serie de proyectos agrícolas y talleres de capacitación y fortalecimiento del papel de la mujer. Desde hace algunos años la comunidad cuenta también con el apoyo jurídico del Programa Suizo para la Promoción de la Paz (Suippcol) y el acompañamiento de voluntarios de Peace Watch Suiza (PWS) en calidad de observadores internacionales.
David contra Goliat
Líder comunitario y espiritual, Don Pablo fue uno de los primeros en creer en el potencial de esta tierra y de su gente. Él, que de joven soñaba con ser guerrillero, hizo de la paz su única arma de batalla y de la defensa de los derechos humanos, su misión.
Mientras caminamos a lo largo del Río Magdalena, en busca de algún pescador solitario, Don Pablo me cuenta de su primer año como pastor evangélico en El Garzal. “En ese entonces no éramos sino un grupo de familias atemorizadas, presa fácil para aquellos que tienen un fusil y amigos poderosos”.
En los años 90, la región del Magdalena Medio era un campo propicio para el entrenamiento de los paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Con la complicidad de los latifundistas y el beneplácito del ejército, tomaron el control de regiones enteras, ocuparon pueblos, amenazaron a los agricultores, a las mujeres y los niños.
“Los cadáveres flotaban en el río. Los veíamos pasar cada día, a veces varias veces al día”, recuerda Don Pablo. “A veces los encontrábamos abandonados en la orilla. Durante años enteros, yo no podía ver estas aguas sin ver el reflejo de las caras de esas víctimas inocentes”.
Rica en recursos naturales y materias primas -especialmente oro y carbón-, la región es considerada como corredor estratégico, especialmente para el tráfico de cocaína entre la costa pacífica y Venezuela. No es casualidad que a pocos kilómetros de El Garzal, hubiera siempre dos pistas clandestinas de aterrizaje ocultas entre las plantaciones de palma africana.
Un acto de valentía y responsabilidad
Cuando los paramilitares llegaron a El Garzal, la comunidad convivió durante años con narcotraficantes. Uno de ellos, Manuel Enrique Barreto, logró comprar ilegalmente al Estado los títulos de propiedad de la zona y fue casa por casa amenazando a todos los que se rehusaban a abandonar sus propias tierras.
“Al principio, Barreto trató de comprarme, pero cuando se dio cuenta de que era inútil, me puso una pistola en la cabeza”, dice Don Pablo. Me puse a llorar… Estaba paralizado de miedo. Yo sabía que la vida no tenía ningún valor para esas personas y que no se detendrían ante nada”.
Preocupadas por su seguridad, las ONG han planteado incluso la posibilidad de pedir protección a la Embajada de Suiza. Pero para Don Pablo, escapar a Europa sería como una traición hacia su comunidad y hacia todo el pueblo colombiano.
El suyo es un acto de valentía, pero también de responsabilidad. “Defender los derechos humanos en Colombia es un estilo de vida, un proyecto colectivo al que uno necesita aferrarse con cuerpo y alma para poder salir adelante. Y una vez dado el primer paso, no se puede volver atrás porque en ese punto ya no se es responsable solamente de uno mismo, sino de toda la comunidad”.
Aunque muy politizados, los campesinos de El Garzal han buscado siempre en la Biblia, -más que en los libros de Marx- las propuestas y la estrategia de una lucha pacífica. “La fe cristiana es el motor que nos ha permitido luchar y resistir, la unidad y la solidaridad internacional, los instrumentos de resistencia”.
“No nos iremos de aquí”
Hoy en día, parece no haber ya rastros de las AUC, ni de Manuel Enrique Barreto. Sin embargo, aviones sospechosos continúan aterrizando en los parajes y hombres armados aparecen y desaparecen en el bosque. Oficialmente, estas tierras pertenecen aún a los herederos de Barreto, que quisieron revenderlas para convertirlas en zonas de monocultivo de palma africana.
Con el apoyo de abogados de Suippcol, los campesinos de El Garzal mantienen ante el Estado su reclamo al derecho de propiedad de la tierra donde viven y trabajan desde hace varias generaciones. “No nos iremos de aquí, dice categórico Don Pablo, porque un campesino sin tierra es como un pez fuera del agua. Y esta es nuestra tierra”.
El reconocimiento de su propiedad permitiría a la comunidad un nuevo estatus jurídico que garantizaría servicios básicos como el abastecimiento de agua y de electricidad.
La noche ha caído, y en la casa de Don Pablo, el perfume del cacao dio paso al de la goma de mascar. Cada día, grandes y pequeños se reúnen durante un par de horas delante de su televisión, una de los pocas que hay en el pueblo. Ven las últimas noticias o el último episodio de la telenovela nacional. A las 10 horas, la pantalla se apaga y la gente retoma lentamente el camino a casa. En grupo, porque nunca se sabe quién puede esconderse detrás de las plantas del cacao.
* Nombre ficticio aportado por la redacción por motivos de seguridad.
Desde 1997, la ONG Swissaid apoya las actividades de la Asociación de Productores Alternativos de ASPRO, que reúne, entre otras, a la comunidad de El Garzal.
El objetivo de Aspro es promover la agricultura tradicional como estrategia de defensa de su autonomía alimentaria y de resistencia pacífica.
Jurídicamente, el caso de El Garzal es seguido por un abogado de Suippcol, el Programa para la Promoción de la Paz en Colombia, que coordina los proyectos de once ONG suizas y es cofinanciado por el Ministerio suizo de Exteriores.
La comunidad de El Garzal también forma parte de la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base, una iniciativa promovida por Suippcol, que reúne a unas treinta comunidades de campesinos afrocolombianos e indígenas.
Desde 2009, Peace Watch Suiza (PWS) acompaña a la comunidad en su proceso de resistencia pacífica y defensa del derecho a la tierra y a la dignidad.
A finales de junio de 2011, el Parlamento colombiano aprobó una nueva ley para las víctimas.
La normativa considera como víctimas, a todas las personas que desde el 1 de enero de 1985 han sufrido los efectos de violaciones al derecho internacional humanitario o de derechos humanos.
Se estima que entre 4 y 5 millones de colombianos serán beneficiados con esta ley, que tendrá 10 años de vigencia.
Las víctimas tendrán derecho a dos tipos de reparaciones: pecuniaria y moral.
La ley también reconoce el derecho de las víctimas a regresar a sus propias tierras en condiciones de seguridad y dignidad, y proporciona mecanismos jurídicos extraordinarios para restituir las tierras a las miles de personas obligadas a partir desde el 1 de enero de 1991.
El Gobierno se comprometió a restituir 2 millones de hectáreas de tierra de los alrededor de 6,5 millones expoliados.
Colombia es uno de los países del mundo con el mayor número de refugiados internos: Desde 1980, alrededor de 6 millones de personas se vieron obligadas a abandonar su propia tierra; 280.041 solamente en 2010.
(Traducción: Marcela Águila Rubín)
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