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Abren en España un macrojuicio por corrupción contra exlíderes socialistas andaluces

El entonces tercer vicepresidente del gobierno español, Manuel Chaves, habla con la prensa antes de reunirse con el entonces presidente de Paraguay, Fernando Lugo, el 30 de junio de 2011 en Asunción afp_tickers

El juicio por uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de España se abrirá el miércoles en Sevilla, donde serán procesados dos expresidentes socialistas de la región de Andalucía por un caso de malversación de fondos.

En el banquillo se sentarán el histórico líder socialista Manuel Chaves, que desde 1990 a 2009 presidió Andalucía, su sucesor, José Antonio Griñán (2009-2013), y 20 exresponsables socialistas.

La fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Chaves por prevaricación. Contra Griñán pide seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por el manejo irregular de un fondo público dotado de 854 millones de euros, entre 2000 y 2011.

El caso tiene un fuerte componente político. El conservador Partido Popular -PP, gobernante en España, opositor en Andalucía e implicado en otros varios escándalos de corrupción-, ve en él la prueba del “compadreo” y el clientelismo con el que, sostiene, gobiernan los socialistas en esta región.

El PSOE replica que, al contrario que en los casos que afectan al PP, la presunta trama no sirvió para financiar ilegalmente al partido.

– Un manejo opaco –

El objetivo de este fondo era financiar el coste de despidos colectivos de trabajadores por parte de empresas en apuros, o subvencionar directamente a personas afectadas por esos despidos, conocidos en la jerga administrativa como Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Sin embargo, los pagos de dichas subvenciones se hicieron mediante un montaje que buscaba “eludir (…) los mecanismos de control previo” de los inspectores del gobierno andaluz, recoge un auto del tribunal fechado en mayo de 2016.

El resultado, según la justicia, es que se concedieron discrecionalmente ayudas directas a determinadas sociedades sin la debida publicidad ni transparencia y comisiones a terceros.

Incluso se pagaron prejubilaciones a personas totalmente ajenas a las empresas afectadas, en algunos casos emparentadas con altos funcionarios socialistas.

Esta revelación, en 2010, causó especial sonrojo en una España azotada por la crisis económica, en la que los titulares de diarios estaban copados por el aumento del desempleo.

Por toda esta trama, ambos exdirigentes están acusados de un “delito continuado de prevaricación”, esto es, tomar decisiones a sabiendas de que son irregulares.

En el caso de Griñán, la fiscalía lo acusa también de malversación de fondos y exige que junto con otros acusados reembolse al erario público 483 millones de euros, correspondientes a subvenciones en el periodo 2005-2010, cuando era consejero de Economía y Hacienda del gobierno regional andaluz.

Los dos declararán a partir del 9 de enero, junto con los demás acusados.

Las tres primeras jornadas del macrojuicio, los días 13, 14 y 15 de diciembre, están reservadas a las cuestiones previas de los abogados. El proceso durará meses, indicó a AFP una fuente judicial.

– Un caso molesto para el PSOE –

Durante más de dos décadas, Chaves y Griñán mantuvieron Andalucía bajo control del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que desde 1982 ha gobernado la región de manera ininterrumpida y tiene en ella un vivero de votos fundamental a nivel nacional.

El escándalo tambaleó al socialismo andaluz, que en las elecciones regionales de 2012 perdió frente al PP. Sin embargo, el PSOE pudo mantenerse en el poder gracias a una alianza con el partido Izquierda Unida (IU, heredero del Partido Comunista).

Acorralado por la justicia, Griñán tuvo finalmente que dimitir en septiembre de 2013, dejando como heredera a la actual presidenta, Susana Díaz.

Ésta tomó distancias respecto a él y Chaves, aunque su administración insiste en que ambos son inocentes.

En ese sentido, el portavoz del gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, expresó este martes “la máxima confianza en que se esclarecerá la inocencia y la honorabilidad de las personas que van a ser enjuiciadas”.

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