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Dos empleadas de la aplicación BlaBlaCar, que conecta a conductores con pasajeros, trabajan en sus oficinas en París el 17 de abril de 2015

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BlaBlaCar, la aplicación líder de viajes en coche compartido, podría recibir en España su primera multa, en una nueva muestra de la tensión entre esta actividad emergente y sectores tradicionales como el del taxi y el autocar.

La Comunidad de Madrid abrió recientemente tres expedientes a la francesa BlaBlaCar, presente en 22 países y con 35 millones de usuarios.

Dos de ellos se deben a sendos conductores que según una inspección presuntamente incurrieron en un beneficio ilícito.

El otro es por "operar sin licencia habilitante", indicó a AFP Pablo Rodríguez Sardinero, director general de transportes del Gobierno madrileño.

La iniciativa supone un riesgo inédito para la empresa, que reconoció por medio de una fuente allegada que "España es el primero (país) en el que existe cualquier problema jurídico de este tipo".

Más allá de BlaBlaCar, el caso ilustra el quebradero de cabeza que supone la regulación para el emergente sector de la 'economía colaborativa', que en el sector del transporte movió el pasado año 1.700 millones de euros en Europa, según un informe publicado en septiembre por la auditora PwC.

De confirmarse la sanción, Comuto Iberia, filial local de BlaBlaCar con tres millones de usuarios en España, tendría que abonar una multa por un total de 8.803 euros.

Por su lado, los conductores expedientados se enfrentan cada uno a multas de 4.001 euros, que no son definitivas porque presentaron alegaciones.

Ambos fueron sorprendidos en una inspección aleatoria, ordenada por el Ministerio de Fomento y efectuada entre un total de 15 usuarios de la plataforma.

Según argumentó Rodríguez, los expedientados presuntamente cobraron no sólo por gastos, esto es, gasolina y peajes, sino también por "costes", como la amortización del seguro del vehículo o el préstamo del mismo.

BlaBlacar defendió a los expedientados, aseverando en un comunicado emitido este lunes que "las aportaciones recibidas por los conductores a través de la plataforma no superaron nunca sus costes de desplazamiento".

Y aseveró que de momento no ha recibido "ninguna notificación" de "ningún expediente en su contra".

- El precedente de Uber -

La cuestión de fondo está en si BlaBlaCar es una empresa de transporte de pasajeros, como cree la Comunidad de Madrid, o una red social sin ánimo de lucro para sus usarios, como sostiene la interesada.

España carece de regulación específica sobre la cuestión, según Rodríguez Sardinero, y en este caso concreto, ambas partes discrepan en cuanto al umbral a partir del cual se estaría obteniendo un beneficio, y no sólo cubriéndose gastos de transporte.

Amparándose en un informe oficial del Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid dice que este umbral está en 19 céntimos de euro por kilómetro y que los dos conductores expedientados lo superaron.

BlaBlaCar dice en cambio que el límite está en 28 céntimos por kilómetro y que los dos conductores en cuestión no rebasaron los 14 céntimos/km.

La empresa, surgida en Francia hace diez años, entró en España en 2010, justo cuando la crisis económica, como un producto atractivo por la posibilidad de viajar más barato de una ciudad a otra.

Al mismo tiempo, su modelo de negocio es denunciado como "competencia desleal" por los sectores del autocar (autobuses de larga distancia) y del taxi, muy poderoso este último, ya que emplea a unas 100.000 personas en el país.

A falta de normativa estricta, la controversia ha derivado en un pulso abierto, como ya se vio con la plataforma estadounidense Uber, que permite a cualquiera ofrecer servicios de taxi para ganarse un dinero extra.

Las protestas de los taxistas españoles propiciaron que en 2014 la justicia prohibiera en toda España la actividad de UberPop, una plataforma digital que ponía en contacto a conductores y clientes, por carecer de los permisos pertinentes.

Uber logró no obstante rescatar su servicio a comienzos de este año, aunque sólo en Madrid.

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