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Trabajadores chilenos marchan para protestar contra las Administradoras de Fondos de Pensiones el 24 de julio de 2016 en Santiago

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El debate sobre la reforma de las pensiones, una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, se intensifica en Chile ante el drama de la pérdida de ingresos que supone jubilarse en una de las economías más liberales del continente.

El debate no se centra tanto en un cambio de modelo, lo que podría desestabilizar el sistema financiero del país, basado en los fondos que mueven las pensiones - unos 171.000 millones de dólares-, sino en la mejora del existente. Este es un sistema de capitalización individual que otros países entre ellos Perú y Argentina adoptaron para reducir el papel del Estado.

El sistema actual, que ya se aplica a una generación de chilenos que no cotizaron en el público, desmantelado progresivamente a partir de 1980, está dejando una generación de jubilados pobres, en particular las mujeres, que cotizan menos años y suelen interrumpir la continuidad laboral cuando tienen hijos.

La jubilación media asciende a unos 210.000 pesos (poco más de 300 dólares), por debajo del salario mínimo.

Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la tasa de reemplazo promedio es del 48,2% del ingreso de los últimos diez años para los hombres y del 37,9% para las mujeres, es decir, 17,9 y 27,7 puntos respectivamente por debajo de la media de los países de la organización.

El ejecutivo de Michelle Bachelet, que ya en su primer gobierno (2006-2010) introdujo un pilar solidario a cargo del Estado para los cotizantes con escasos recursos, solicitó un informe sobre una reforma al inicio de su segundo mandato, en marzo de 2014.

Por el momento, ha pospuesto cualquier decisión a la espera de las conclusiones de un comité de ministros encargado de evaluar los cambios que se pueden introducir al sistema previsional vigente.

En su campaña electoral, la presidenta socialista se comprometió a crear una Administradora de Fondos Públicos (AFP) estatal, cuyo proyecto de ley ya se encuentra en el Congreso.

Este sería otro de los hitos de su mandato tras la aprobación de la ley de gratuidad en la educación superior, cuya aplicación se está viendo obstaculizada por la falta de fondos.

- La calle habla -

Tras una manifestación que reunió en el país a cerca de un millón de personas hace dos semanas, la reforma de las pensiones se ha introducido en el debate político como una prioridad.

"El sistema no resiste mucho más. Si no se modifica y se transforma, es probable que el movimiento ciudadano se radicalice", alerta en conversación con la AFP el sociólogo Alberto Mayol.

El expresidente Sebastián Piñera (2010-2014), favorito en las encuestas para suceder a Bachelet en 2018, entró el jueves en el debate proponiendo algunas reformas: reforzar el pilar solidario por el Estado, que los empresarios y empleadores coticen -hasta ahora sólo lo hacen los empleados-, retraso de la edad de jubilición y equiparación entre hombres y mujeres, que actualmente trabajan cinco años menos que aquellos.

"Yo estoy convencido que la solución pasa por mejorar el sistema mixto que tenemos en Chile, que es un sistema de capitalización individual administrado por el sector privado, con un pilar solidario administrado por el sector público", dijo Piñera.

Pese a las limitaciones del sistema, pocos, con excepción del Partido Comunista que integra el ejecutivo de la Nueva Mayoría, son partidarios de volver al sistema distributivo, en el que el Estado es el gestor y pagador de las pensiones, como ocurre en particular en países europeos cuna del estado del bienestar, actualmente también en crisis.

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