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El ministro hondureño de Defensa Samuel Reyes (2-D) lee un comunicado para informar acerca de la no participación del gobierno en el asesinato del ambientalista indígena Berta Cáceres, en Tegucigalpa, el 22 de junio de 2016.

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Estados Unidos no dispone de información "creíble" sobre el papel del gobierno de Honduras o de las fuerzas armadas de ese país en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres y otros activistas, afirmó este miércoles el Departamento de Estado.

"No tenemos evidencia creíble sobre la existencia de una lista de personas (a ser abatidas). No estoy diciendo que (la lista) no existe, estoy diciendo que no la hemos visto", dijo el portavoz de la cancillería estadounidense, John Kirby.

De acuerdo con una denuncia publicada por el diario británico The Guardian, citando el testimonio de un militar hondureño, la activista Berta Cáceres fue asesinada por figurar en la lista que había sido distribuida a soldados de ese país entrenados por Estados Unidos.

"El gobierno de Estados Unidos no ha escuchado alegatos creíbles sobre esa lista de personas marcadas para morir ordenada por militares, y no tenemos información" como para confirmar la versión del periódico.

De acuerdo con Kirby, en caso de que Estados Unidos tenga acceso a información "que muestre ser creíble, obviamente la tomaremos muy en serio".

Estados Unidos, dijo el portavoz, presta a Honduras asistencia con entrenamiento y equipos para sus fuerzas de seguridad. Ese "apoyo a las fuerzas militares y de seguridad se da de acuerdo de la ley estadounidense", señaló.

Cáceres, una famosa activista por el medio ambiente y por los derechos indígenas en Honduras, fue abatida a balazos el pasado 3 de marzo, en un asesinato que conmovió a toda la región y desató una intensa oleada de indignación.

La activista tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque había denunciado que la empresa Desarrollos Eléctricos, junto con autoridades militares, policiales y de la fiscalía en Honduras, la amenazaban constantemente de muerte por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque.

Cinco personas han sido detenidas por el asesinato, incluyendo el mayor del ejército Mariano Díaz Chávez, un policía retirado y un funcionario de la empresa Desarrollos Eléctricos.

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