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El presidente de Brasil, Michel Temer, saluda antes de una sesión plenaria del Senado, en Brasilia, el 31 de agosto de 2016

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El nuevo gobierno brasileño busca acelerar un programa de ajuste para contener el déficit y reactivar la economía, pero el anticipo de reformas del régimen de jubilaciones y del mercado laboral pusieron en alerta a la población y a sus aliados en el Congreso.

El ascenso del conservador Michel Temer, tras el impeachment de la izquierdista Dilma Rousseff, fue apuntalado por un amplia base de partidos que ahora miran las elecciones municipales de octubre como una posibilidad de ampliar su dominio territorial y no quiere que medidas impopulares esmerilen sus posibilidades.

El gobierno ya envió una propuesta de enmienda constitucional para limitar por 20 años el gasto público al aumento de la inflación, levantando cuestionamientos por posibles recortes en salud y educación.

Para el economista y exfuncionario del Banco Mundial Claudio Frischtak, la mayor economía latinoamericana se quedó sin opciones y debe ajustar duro.

"Es la prioridad absoluta del gobierno. Así no podemos seguir. Ponerle un techo al gasto público va a obligar al Congreso y a la sociedad a repensar el Estado, su tamaño y sus gastos, porque estamos llegando a una situación de inviabilidad fiscal", dijo a la AFP.

"Ya es difícil para un gobierno hacerlo en circunstancias normales. Para uno que acabó de asumir después de un proceso traumático, va a ser el doble de difícil. Pero no tiene opción", añadió.

El martes próximo, el gobierno también dará el primer paso de su programa para reducir la presencia estatal en la economía, con anuncios de concesiones en infraestructuras.

"La desestatización" de Brasil, como la llamó Temer, comenzará con proyectos por unos 6.000 millones de dólares, adelantó un asesor de prensa del gobierno.

- El Congreso -

Las reformas a los regímenes de seguridad social y de trabajo, cuyo contenido no ha sido divulgado oficialmente, tocan temas de alta sensibilidad, como el aumento de la edad de jubilación y la flexibilización de las jornadas laborales, que podrían llegar hasta 12 horas, dijo el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira.

El anuncio generó polémica y el gobierno negó tajantemente el viernes en un comunicado que esté estudiando un aumento de la carga horaria semanal de 44 horas, sino que evalúa la posibilidad de distribuir esas horas de manera diferente.

El Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) empezó a foguear a la opinión pública con ese tema y prometió hacer frente a estas propuestas.

Temer deberá lograr que el Congreso acepte administrar esas pociones amargas a una población exhausta por una larga crisis y hastiada de la corrupción política.

Y las tres reformas -jubilación, trabajo y techo del gasto- exigen enmiendas constitucionales con el respaldo de tres quintos de los legisladores de ambas cámaras.

Ante el temor de que las presiones terminen diluyendo las medidas, el partido socialdemócrata PSDB, aliado al oficialismo pero con ambiciones propias de poder en 2018, dejó claro que no es momento de ambigüedades.

"No sirve de nada tener popularidad y adoptar decisiones simpáticas. Si hay que tomar medidas amargas, hay que tomarlas", dijo a la AFP el senador Paulo Bauer.

"Tenemos 12 millones de desempleados; gobernadores y alcaldes con grandes dificultades (...); la industria y el comercio están sufriendo y los funcionarios reclaman mejoras salariales. No hay forma de atender eso si antes no damos vuelta el juego", agregó.

- De finanzas y derechos -

Para algunos economistas, Brasil está frente a una opción binaria: o frena los gastos o se vuelve insostenible.

Los gastos en seguridad social crecen continuamente porque las jubilaciones se corrigen según aumenta el salario mínimo, que a su vez está indexado a la inflación y acrecentado por una ganancia extra si la economía crece.

Según el Ministerio de Hacienda, entre 1991 y 2015, los gastos primarios del Estado (antes del pago de intereses de la deuda) pasaron del 10,8% al 19,5% del PIB.

Las jubilaciones, la asistencia social y los seguros de desempleo representaron 5,6 de los 8,7 puntos de esa expansión.

Con la caída de la recaudación -la economía se contrajo un 3,8% en 2015 y se prevé una caída del 3% en 2016- y un rojo fiscal del 2,1% del PIB, Brasil deberá luchar para controlar su deuda sin dejar de pagar sus obligaciones.

El perfil de la deuda pública brasileña saltó de casi un 52% del PIB en 2013 a más del 66% en la actualidad.

"Si no se hace la reforma previsional, la enmienda del techo del gasto no podrá por sí sola frenar el aumento del gasto primario", advirtió un estudio de la Cámara de Diputados.

Pero las protestas que siguieron al impeachment de Rousseff y que acusan a Temer de orquestar un "golpe parlamentario" son una amenaza latente para el mandatario, que tiene solo un 13% de aprobación.

"Las reformas recortan derechos y nadie quiere perder derechos. La única forma en que se van a entender es si se logra explicar que sin ellas no se va a poder pagar nada", dijo Frischtak.

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