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Varias mujeres llevan el nombre de sus maridos, abogados, en sus vestidos el 4 de julio de 2016 en Pekín

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Están hartas de que las vigilen y las traten como a criminales, cuando su única culpa es la de estar casadas con abogados encarcelados por las autoridades chinas. Un año después de la desaparición de sus maridos han decidido desafiar al poder.

Una campaña de represión lanzada en 2015 ha desembocado en la detención de más de 200 abogados y activistas de derechos humanos.

Unos diez siguen detenidos, acusados de "subversión contra el poder del Estado", un delito sancionable con cadena perpetua. Y sus esposas se encuentran bajo vigilancia permanente.

Esta semana, cinco de ellas, con los nombres de sus maridos escritos en sus vestidos, se han manifestado frente a la fiscalía popular suprema de Pekín bajo la atenta mirada de decenas de policías.

En sus manos sostenían cartas de reclamación acusando a las autoridades de la ciudad de Tianjin (noreste), donde están recluidos casi todos, de una sarta de errores sumariales.

Las autoridades "limitan nuestra libertad hostigándonos", explica Wang Qiaoling, cuyo esposo Li Heping forma parte de los reclusos. "Estamos obligadas a caminar a hurtadillas, como criminales".

Los diplomáticos de países occidentales también observaban la escena, preocupados por la represión. La Unión Europea y Estados Unidos han pedido la liberación de los abogados.

Desde la llegada al poder del presidente chino, Xi Jinping, el Partido Comunista Chino (PCCh) intenta reforzar el control de la sociedad civil.

- 'Espiadas constantemente' -

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha tildado de "preocupantes" las detenciones. Pekín considera las críticas una injerencia en sus asuntos internos.

El PCC se ha comprometido a aplicar su versión del 'estado de derecho', al estilo chino. La represión de los abogados lo pone en entredicho, concluyen varios analistas.

Los tribunales chinos están controlados por el PCC. Las confesiones forzadas -algo muy corriente- y los casos penales se saldan con un veredicto de culpabilidad en el 99,9% de los casos, según cifras oficiales.

El gabinete Fengrui, que defiende a las víctimas de violencia sexual, a miembros de grupos religiosos prohibidos y a intelectuales disidentes ha sido uno de los más afectados por las redadas de 2015.

Cinco de sus empleados siguen entre rejas y no han podido hablar con su familia ni con un defensor independiente.

Li Wenzu, esposa del abogado Wang Quanzhang, del gabinete Fengrui, se siente espiada constantemente en la calle. Hay una cámara -asegura- frente a la puerta de su domicilio.

"Tenemos miedo de que si organizamos algo juntas, nos retengan en casa. Por eso salimos con varios días de antelación y dormimos en un hotel", explica.

Varios agentes del Ministerio de Seguridad del Estado la han presionado para que grabara un vídeo implorándole a su marido que se declare culpable, asegura. Ella se ha negado.

La televisión pública CCTV afirmó el año pasado que los abogados detenidos abusaron de sus clientes y crearon problemas en las salas de audiencia discutiendo con funcionarios, realizando grabaciones sonoras y tomando fotografías.

En cuanto al gabinete Fengrui, los medios de comunicación estatales lo califican de "organización criminal".

Desde el arresto de su marido Xie Yang, Chen Guiqiu no puede salir de China. "Y es así para cada una de nosotras. Me han dicho que es a causa de una amenaza para la seguridad del Estado. No veo cómo yo podría ser una amenaza para la seguridad del Estado", denuncia.

La policía de Pekín y de Tianjin ha declinado responder a las preguntas de la AFP.

La fiscalía no se ha pronunciado todavía sobre si inculpa formalmente a los abogados, afirman las mujeres. Si se da el caso es más que probable que se les condene a una larga pena de cárcel.

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