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Mapuches, el grupo indígena más grande de Chile, participa de una manifestación en Santiago el 12 de octubre de 2015

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Reclaman sus tierras ancestrales, su gestión tradicional de la economía, la expulsión de los colonos y de las empresas madereras que destruyen bosques y agotan los recursos hídricos en el sur de Chile. Los indígenas mapuches son la piedra en el zapato de todo gobierno en Santiago.

La mesa de diálogo establecida por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, denominada "Comisión Araucanía", se reunió el jueves en Temuco y pretende seguir haciéndolo cada dos semanas durante cuatro meses.

Académicos, funcionarios, representantes de la Iglesia católica y personas vinculadas a las organizaciones Mapuche se sientan en dicha mesa que pretende abordar el conflicto abierto con los indígenas en el sur del país.

Pero la representación y la agenda son criticadas por la Red por la Defensa de los Territorios, integrada por 17 organizaciones mapuche, que "lamentan" que tenga "una perspectiva limitada y sesgada" de los problemas de fondo.

Este colectivo reclama la "reparación de tierras, la defensa de los territorios ante proyectos extractistas y de energía, propuestas de desarrollo de acuerdo a los intereses y necesidades de los territorios y protección de recursos naturales y lugares sagrados".

También piden que se respeten las autoridades tradicionales, como está "consagrado en normas internacionales de derecho que son obligatorias al Estado chileno".

En los últimos 26 años de democracia desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se han sucedido numerosos intentos para tratar de resolver las reivindicaciones históricas de este pueblo indómito -los españoles nunca lograron conquistarlos - del que quedan, según el censo de 2002, 604.349 personas que se autoconsideran mapuches, y que hoy viven en su mayoría desperdigadas por la Araucanía y en la Región Metropolitana de Santiago.

Este nuevo intento de diálogo surge después de los ataques incendiarios de más de una decena de templos religiosos, maquinaria e instalaciones forestales y contra agricultores en la región de la Araucanía, atribuidos por las autoridades a grupos radicales de indígenas mapuche.

Los ataques se recrudecieron tras la detención de la machi o curandera, Francisca Linconao, encarcelada por la muerte de una pareja de ancianos tras el incendio premeditado de su hacienda en enero de 2013.

El último ataque se produjo esta semana contra la hacienda del empresario y agricultor Álvaro Bernedo, quien salvó la vida en el incendio que redujo a cenizas su casa y sobrevivió a un tiroteo de hombres encapuchados.

- Diferenciar estrategias -

Para el portavoz de la Red por la Defensa de los Territorios, Alfredo Seguel, el "estado ha criminalizado" el conflicto y lleva a cabo una política "represora en el territorio".

"No hay voluntad política de buscar soluciones", concluye Seguel en conversación con la AFP.

Para la académica y especialista en seguridad ciudadana Lucía Dammert, se trata de que el gobierno tenga "dos estrategias claras para separar hechos delictivos con hechos sociales. El problema es que la mayoría de los hechos son confundidos con estas dos situaciones".

"No exite una ligazón absoluta entre lo político y lo delictual, pero sí hay pobladores mapuche que no han encontrado canales para expresar su disconformidad a través de representantes de su mismo pueblo", dice por su parte el experto en seguridad pública de la Universidad de Santiago, Jorge Araya.

EL conflicto tomó fuerza en la década de los noventa, luego de concluir la dictadura de Pinochet, tras la entrega a privados de extensas tierras en las que vivían los indígenas, que fueron trasladados a reducidas comunidades.

- Deuda histórica -

El propio gobierno es consciente de que tanto el "Estado como la sociedad en su conjunto tienen una deuda histórica con los pueblos originarios" que "debe ser reparada", admitió el portavoz del Ejecutivo, Marcelo Díaz, tras la constitución de la mesa en la ciudad de Temuco (800 km al sur de Santiago).

Menos del 15% del suelo de la Araucanía está en manos de comunidades mapuche y otro 20% pertenece a empresas forestales. Unas 100.000 personas, la mayoría mapuche, carecen de agua para uso básico en diferentes zonas rurales debido, según la Red, a los impactos de los monocultivos de las plantaciones forestales y al cambio climático.

Cuatro lugares sagrados del pueblo mapuche se encuentran amenazados por proyectos de centrales hidroeléctricas en la Araucanía, según la Red.

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