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Un manifestante con el logo de Uber en la camiseta el 9 de febrero de 2016 en París

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La justicia francesa impuso el jueves una multa de 800.000 euros, la mitad en suspenso, a la filial del grupo estadounidense de Uber por su controvertida aplicación UberPoP de servicio de transportes entre particulares.

El tribunal parisino también impuso multas de 30.000 y 20.000 euros respectivamente (la mitad en suspenso) al exdirector de Uber en Europa occidental Pierr-Dimitri y al director general de Uber France, Thibaud Simphal.

Ambos fueron declarados culpables de haber montado "una organización ilegal" que ponía en contacto a clientes con chóferes no profesionales, así como de complicidad en el ejercicio ilegal de la profesión de taxista y de práctica comercial fraudulenta.

Uber France anunció su intención de apelar "de inmediato" esas sentencias.

La fiscalía reclamaba multas superiores: de un millón de euros contra Uber France, y de 70.000 y 50.000 euros contra los dos ejecutivos, así como la inhabilitación para ejercer gerencias durante cinco años.

La presidenta del tribunal afirmó que los acusados "violaron de forma reiterada" la ley y ocasionaron "una persistente desorganización del sector", con disturbios e incidentes durante manifestaciones de taxistas contra UberPoP.

Uber "incitó a muchas personas a llevar a cabo actividades por las cuales fueron condenadas", subraya el fallo. La magistrada señala igualmente infracciones relacionadas con la creación de ficheros ilegales por parte de Uber.

Recordó asimismo que la filial de la empresa con sede en San Francisco solo suspendió sus actividades en Francia cuando sus dos dirigentes fueron encarcelados.

Las 38 partes de la acusación civil, entre ellas varios gremios de taxistas, exigían 114 millones de euros en concepto de daños y perjuicios materiales y 5,2 millones por daños morales.

La corte rechazó en cambio el primer reclamo, por considerar que los eventuales daños materiales no podían justificarse con documentos contables.

Admitió en cambio el segundo, al estimar que los acusados habían ignorado "exigencias específicas de su oficio", como la de una formación profesional y la de tener taxímetros en los vehículos.

Atribuyó en consecuencia una reparación de 48.600 euros a los denunciantes, a los que se agregan 68.100 euros de costes judiciales.

Un abogado de la acusación, Jean-Paul Lévy, celebró "una sentencia fundadora", que señala a Uber como una empresa con comportamientos "contrarios al orden público y al orden económico y social".

Un tribunal de París ya había ordenado en julio la suspensión de la aplicación UberPoP, en medio de una ola de manifestaciones de taxistas. Y el 7 de diciembre la filial francesa de Uber fue condenada a una multa de 150.000 euros por "práctica comercial fraudulenta", al presentar su servicio de transporte con chófer como un servicio de transporte compartido.

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