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La presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena durante una reunión de trabajo el 9 de agosto de 2016 en Caracas

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El poder electoral de Venezuela postergó para 2017 las elecciones de gobernadores que debían realizarse a fines de 2016, aumentando la tensión política por un referendo revocatorio contra el presidente del país, Nicolás Maduro.

"Las elecciones regionales (de gobernadores, ndlr) quedan establecidas para finales del primer semestre de 2017", informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, a través de la televisión estatal.

Los comicios de gobernadores deberían celebrarse a finales de año al cumplirse el cuatrienio para el cual fueron elegidos. En 2012 los chavistas ganaron 20 de las 23 gobernaciones.

Lucena no explicó las razones del aplazamiento y tampoco hizo mención al proceso de referendo. Sólo añadió que las elecciones municipales se celebrarán en "el segundo semestre de 2017", como estaba previsto, y en marzo y abril las primarias de las organizaciones políticas.

El presidente Maduro respaldó la decisión en su programa televisivo del martes, en el que deslizó la posibilidad de un anticipo de las elecciones legislativas para recuperar el control de la Asamblea, de mayoría opositora, aunque no explicó el camino legal que llevaría a dicho escenario.

"En las elecciones regionales yo estoy seguro (...) vamos a tener una destacada participación. Creo que ese es el momento en que nos vamos a sacar el clavo. Pudiera ser antes que las circunstancias de la historia nos lleven a una elección para recuperar la Asamblea Nacional", sostuvo.

Más temprano, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denunció en un comunicado que la decisión del poder electoral de postergar los comicios regionales "se inscribe en el peligroso marco de un régimen colocado claramente fuera de la Constitución".

Al referirse al referendo, agregó que el CNE "pretende ignorar la consulta electoral que el pueblo venezolano reclama con más urgencia y que el régimen teme".

La MUD, que ganó en forma aplastante las legislativas de diciembre pasado, cree que en un referendo arrasaría por la baja popularidad que tiene de Maduro ante la grave crisis económica, lo que a su juicio también ocurriría en unos comicios de gobernaciones.

El chavismo ya había deslizado la posibilidad de que las regionales fueran postergadas.

Hace dos semanas, Maduro dijo que organizar elecciones no era una prioridad, sino "recuperar la economía", pues el país petrolero atraviesa una severa crisis agravada por la caída de los precios del crudo, fuente de 96% de sus divisas.

Otros líderes oficialistas habían señalado que mientras siga el proceso del referendo revocatorio no podían celebrarse elecciones.

Para Eugenio Martínez, experto en asuntos electorales, "anunciar de forma abrupta el calendario electoral 2017 podría ser la antesala de la suspensión del revocatorio y evitar que (al gobierno) se le llame dictadura".

- Poniéndola difícil -

La MUD se apresta a recoger, entre el miércoles y viernes de la próxima semana, cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral) que exige el CNE para convocar el referendo.

La oposición exige que el revocatorio se haga este año porque si el presidente pierde habría elecciones anticipadas; pero el CNE ya adelantó que, si se logran las firmas, se haría en febrero o marzo de 2017, cuando Maduro, aun revocado, podrá ceder el poder a su vicepresidente.

Más temprano este martes, el oficialismo advirtió que buscará cerrar el paso al referendo contra Maduro, elegido en abril de 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez y cuyo mandato concluye en enero de 2019.

"Los chavistas no queremos revocatorio. Tenemos que ponérsela difícil en el marco de la Constitución", dijo el número dos del oficialismo, Diosdado Cabello, ante unas 4.000 seguidores que marcharon hasta la sede del Parlamento, coreando "¡Referendo revocatorio, no hay!".

La MUD tiene en el camino varios obstáculos. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que acusa de estar a merced del gobierno al igual que el CNE, determinó el lunes que la oposición deberá recaudar firmas equivalentes al 20% del padrón electoral de cada uno de los 24 estados.

El fallo determina que con solo un estado que no cumpla la meta, el proceso hacia la consulta quedará anulado.

La oposición sostiene que la ley pide ese porcentaje sobre el padrón nacional y no por regiones, pero dice estar segura de poder superar ampliamente el mínimo requerido ante el malestar ciudadano con Maduro, cuya impopularidad ronda el 75%, según encuestas.

"Eso es lo que los tiene preocupados", dijo este martes el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos Allup, refiriéndose al chavismo.

Para el diputado opositor Freddy Guevara, la postergación de las elecciones no desviará el foco principal de la oposición: superar las cuatro millones de firmas y lograr que el revocatorio sea este año.

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