Ambientales e indígenas en Perú rechazan paquete reactivador de Humala
Por Teresa Céspedes
LIMA (Reuters) – Grupos ambientalistas, indígenas y de derechos humanos en Perú rechazaron el miércoles la intención del Gobierno de relajar normas ambientales para la explotación de recursos naturales, como parte de un paquete de medidas dirigido a reactivar la economía.
El presidente Ollanta Humala envió hace unos días al Congreso el paquete que incluye cambios en el sistema tributario, flexibilización de restricciones ambientales y medidas para impulsar las inversiones en los sectores como la minería y el petróleo.
El plan debe ser debatido esta semana en el Congreso.
“Este no sólo es un paquete económico, existe una dimensión política que pretende retroceder los pequeños avances ambientales a un punto de no retorno”, dijo el director de la ONG CopperAcción, José De Echade, en conferencia de prensa.
Entre las medidas que han enojado a diversos sectores de la sociedad civil figuran la reducción a un tercio el costo de las multas ambientales durante tres años y otras normas que recortan la competencia del Ministerio del Ambiente.
El paquete del Gobierno ha sido considerado como “positivo” por empresarios e inversionistas, preocupados por la caída en la clave producción minera en medio de una menor demanda de grandes consumidores de metales como China.
Pero la Defensoría del Pueblo, un órgano del ámbito estatal, recomendó al Congreso “no aprobar” la iniciativa del Gobierno porque considera que debilita la institucionalidad.
“Sostenemos la necesidad de que el fomento de las inversiones no desestime, ni condicione el deber del Estado de cautelar el cuidado del ambiente en el que vivimos”, dijo el jefe de la defensoría, Eduardo Vega, sobre el paquete económico propuesto en una carta enviada al Legislativo.
Entre otras medidas, el Gobierno busca fijar un plazo máximo de 30 días para que el Estado emita opinión respecto a los estudios de impacto ambiental de las empresas, para “evitar las dilaciones que afectan el clima de las inversiones”.
Asimismo, plantea que la creación de “zonas reservadas” se realice por un decreto supremo del Consejo de Ministros y no por el Ministerio del Medio Ambiente como se hace actualmente.
Las zonas reservadas tienen restricciones de uso y están protegidas de cualquier explotación de sus recursos naturales.
El Gobierno ha rechazado que las medidas pretendan recortar las normas que protegen el medioambiente.
“No hay un debilitamiento en lo absoluto de las leyes ambientales. Se mantiene los estándares y lo que se quiere es una regulación cumplible por los agentes económicos”, dijo el miércoles a periodistas el ministro de Economía, Luis Castilla, a su salida del Congreso donde acudió a sustentar el plan.
Pero el jefe de la organización que reúne a los pueblos amazónicos de Perú (Aidesep), Henderson Rengifo, insistió en que las normas “vulneran y ponen en riesgo los derechos, van en contra de una vida sin contaminación y favorecen a las empresas”.
El tema de la explotación de los recursos naturales es muy sensible en Perú y en ocasiones ha provocado fuertes protestas.
En el 2009 un enfrentamiento entre policías e indígenas que protestaban contra la explotación de los recursos naturales de sus tierras dejó unos 33 muertos.
(Reporte de Teresa Céspedes; Editado por Silene Ramírez)
