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Cien Años de Soledad y... 60 de conflicto


Un camino de brecha y, a la distancia, el esplendor natural del Valle del Cauca (swissinfo.ch)

Un camino de brecha y, a la distancia, el esplendor natural del Valle del Cauca

(swissinfo.ch)

El vehículo avanza dando tumbos sobre el camino de brecha. Una motocicleta franquea el paso y una pick-up cierra la comitiva. Al frente, y hasta donde alcanza la vista, el Valle del Cauca despliega el prodigio de su Naturaleza…

Comienza una nueva etapa para la delegación helvética que a lo largo de dos semanas y decenas de testimonios constatará sin asomo de duda que Colombia vive un conflicto –no una mera situación de terrorismo, como pretende el Gobierno-, un conflicto armado y degradado que vulnera a los más desprotegidos y para cuya solución es insoslayable la mediación externa.

“Estamos hartos de la guerra y el Gobierno ahoga el derecho al diálogo. Aquellos que hablan de negociación son vistos como subversivos. Necesitamos el acompañamiento de la comunidad internacional para lograr la paz”, la aseveración cierra el primer encuentro interinstitucional en Popayán entre los visitantes suizos y sus anfitriones locales pero es, de hecho, el leitmotiv de todas las reuniones.

Convocados por E-CHANGER y movidos por el interés compartido en el país andino, los integrantes del grupo suizo arriban a Bogotá el viernes 26 de marzo. Al día siguiente comenzaría el recorrido –desde el hotel mismo en la capital colombiana y a través de un prolongado encuentro con académicos y defensores de los derechos humanos- por los meandros de un país sumido en más de medio siglo de violencia y que se prepara para la elección de un nuevo Gobierno.

“Colombia es un país rico, pero que está construido sobre la exclusión. Ahí está la base del conflicto”, las palabras de Irma García (Pensamiento y Acción Social, PAS/E-CHANGER), abren las compuertas a un torrente de reflexiones:

Para Carlos Salgado, economista, catedrático universitario y dirigente de la ONG Planeta Paz, el origen de los enfrentamientos estaría más precisamente en la distribución de la tierra:

“Más de 4 millones de personas han sido desplazadas en 20 años por la violencia y se ha producido el despojo de 5.5 millones de hectáreas por diversos medios. Por ejemplo: llegan, asesinan a cien personas y los otros se van”. Las tierras son luego utilizadas para cultivos ilícitos, para la explotación del subsuelo o la siembra de palma de aceite. Y ello, amén de la situación de los labriegos que tienen 20 años viviendo y trabajando tierras de las que no tienen títulos de propiedad.

Explotación, impunidad…

Exclusión, despojos, desigualdad, los especialistas analizan el complejo mosaico de la actualidad colombiana.

Hablan de una democracia fragilizada por la irrupción del paramilitarismo en el Congreso; de una economía cada vez más focalizada en la explotación de los recursos del país en provecho de las trasnacionales y en detrimento de las comunidades rurales; de una justicia carcomida por la impunidad; de una autoridad civil que cede espacios a las fuerzas armadas…

“No tendríamos objeción en que los militares cumplieran tareas civiles en un contexto de postguerra o de desastre natural pero… ¿el ejército daría asistencia humanitaria a los familiares de víctimas de falsos positivos?”, inquiere Marcos Romero, profesor de la Universidad Nacional y director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado.

Amén de reuniones con investigadores, políticos y defensores de derechos humanos, la agenda diseñada por E-CHANGER en Bogotá y en el Departamento del Cauca incluye encuentros con representantes de los sectores más golpeados por el conflicto colombiano:

“La pobreza, factor de riesgo"

“Las acciones de guerra muestran que ser pobre es un factor de riesgo”, sentencia Socorro Corrales, de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca. Explica que desde la “desmovilización” de los paramilitares, se redujeron los enfrentamientos con las FARC pero arreció la andanada contra la población civil. Para muestra: En 2009, la entidad registró 443 hechos violentos y 609 víctimas de violencia; es decir, un incremento de 22,5% y de 26%, respectivamente, con relación al año anterior.

Las denuncias son un muestrario de ignominia: El uso de escolares como informantes por parte de los actores armados; de mujeres como botín de guerra para humillar al enemigo; de jovencitas como “corredores emocionales” (seducidas para obtener información por uno y otro contendiente y luego asesinadas); los abusos sexuales contra menores…

El reciente caso de una chiquilla de 12 años violada por un soldado. “Denunciamos el caso y nos preguntaron: ¿ Y están seguras que fue por la fuerza…?”

Blanco de todas las violencias

Campesinos, indígenas, afrodescendientes, gente pobre, población rural hermanada por muchos desafíos: “Matan a los nuestros para que dejemos las tierras. Ocupan nuestras viviendas. Reclutan a nuestros hijos….” Pero la violencia no es privativa de los grupos armados:

A los indígenas de Santander de Quilichao, el Gobierno les propuso participar en sus “redes de informantes” (dicho de otro modo: convertirse en blanco de las FARC); a los campesinos de La Carbonera, el partido en el poder les prometió la credencial de salud (pública y gratuita) a cambio de su voto. A ambos, las fumigaciones con glisofato les matan los cultivos de sus alimentos.

Con todo, la lucha de la población civil es una lucha pacífica:

...Los integrantes de la Guardia Campesina que escoltan a los suizos se levantaron antes de despuntar el alba y se llegaron hasta Popayán con las primeras luces del día. Iban sin armas. Nunca llevan. Tampoco los “efectivos” de la Guardia Indígena que días más tarde viajarán también hasta la capital del Cauca para custodiar a los fuereños…

Su fuerza está en la unión. En grupos se desplazan y protegen sus tierras. En grupos van a reclamar a sus jóvenes enrolados por la fuerza y en grupos rescatan los cadáveres de sus muertos.


Marcela Águila Rubín, swissinfo.ch, de vuelta de Colombia

Delegación suiza

Participaron, entre otros, el senador Luc Recordon ; los diputados Antonio Hodgers (nacional/Ecologista) ; François Roubaty (Friburgo/Socialista), Bernard Borel (Vaud/Partido Obrero Popular)) Pierre Zwahlen (Vaud/Socialista) y vocero de Terre des Hommes; François Borel (ex diputado nacional/Socialista); Walter Suter, presidente de la Sección Internacional del Partido Socialista Suizo.

DD HH EN EL CAUCA

Conclusiones del Informe 2009de la red por la vida y los derechos humanos:

1. A pesar de la constante militarización de los territorios y el desarrollo de planes en el marco de la política de seguridad democrática, es notorio el incremento a la violación del derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de líderes y comunidades. Igualmente ha sido evidente el aumento de asesinatos selectivos.

2. Se vivió en el departamento del Cauca, durante el año 2009, una profundización de la crisis humanitaria y de derechos humanos, la cual se refleja en los 433 hechos y 609 víctimas de violencia registradas en el conjunto de variables trabajadas. Cifras que comparadas con las del año 2008 reflejan un incremento del 22,5% con relación a las víctimas (497) y de un 26% con relación a los hechos (343).

3. Las situaciones vividas en este periodo evidencian la existencia de una política discriminatoria y de acciones de guerra que se desarrollan con racismo y discriminación hacia los sectores populares y los líderes sociales, especialmente del sector indígena.

4. Las acciones de esa guerra muestran que ser POBRE o pertenecer a una comunidad vulnerable, es factor riesgo para ser afectado por las acciones de guerra, provengan de los actores ilegales o de los agentes del Estado.

5. Las judicializaciones se convierten en un instrumento de control para la movilización o la acción política de exigibilidad o de denuncia

6. Se confirma que el conflicto y la degradación de la guerra es notoria en zonas consideradas de carácter estratégico sea en aspectos de orden económico o militar.

7. Las expresiones institucionales que privilegian la presencia de multinacionales y la inversión extranjera, dejan entrever que la política de seguridad democrática está dirigida a garantizar la “confianza inversionista” de las grandes empresas y la explotación desmedida de los recursos en
detrimento del medio ambiente y de los pobladores que habitan esos territorios.



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