La petición fue entregada por representantes de ACAT y otras ONG, incluida Amnistía Internacional.
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La Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura y la Pena de Muerte (ACAT-Suiza) presentó al Ministerio de Justicia una petición respaldada por 4 667 para exigir el reconocimiento incondicional de los peritajes especializados establecidos según el Protocolo de Estambul en casos de sospecha de tortura.
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Government urged to protect victims of torture better
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“Será difícil convencer a las autoridades suizas”, comentó Sophie Kreutzberg de ACAT-SuizaEnlace externo. Sin embargo, agregó, “apoyarse en las investigaciones efectuadas bajo la égida del Protocolo de Estambul es una manera de documentarse científicamente sobre las torturas sufridas o no por un solicitante de asilo”.
La petición fue entregada el martes por representantes de ACAT y otras ONG, incluida Amnistía Internacional. Además, presentaron interpelaciones en el Parlamento y establecieron un grupo de trabajo en la misma dirección.
“Intentamos ejercer presión desde diferentes niveles”, explicó Kreutzberg.
El caso de la activista vasca
El caso de Nekane Txapartegi empañó la reputación de Suiza, según la rama helvética de ACAT. Las autoridades suizas no reconocieron las denuncias de tortura de la activista vasca, aunque habían sido autenticadas mediante informes de expertos en conformidad con las directrices del Protocolo de Estambul.
El Protocolo de Estambul, adoptado en 2000 por la ONU, fue desarrollado por médicos, psicólogos, abogados y observadores de derechos humanos. Establece los principios para investigar las denuncias de tortura con el fin de producir informes confiables.
Poco conocido
Suiza no ha reconocido ese protocolo. Por lo tanto, es muy poco conocido por los médicos, abogados y las autoridades helvéticas que enfrentan denuncias de tortura.
El Protocolo de Estambul no es un tratado ni una convención sujetos a la firma o ratificación por parte de los Estados. Pero para que sea aplicado, debe ser aceptado por los Estados a través de una declaración del gobierno, una ley o un decreto.
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