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Iniciativa contra «jueces extranjeros» ¿Cómo reconciliar democracia directa y derecho internacional?

mazo del juez

¿Los jueces extranjeros erosionan la soberanía suiza?

(Keystone)

Los ciudadanos suizos tendrán que pronunciarse sobre una iniciativa popular que pide la primacía del derecho nacional sobre el derecho internacional. Una iniciativa que genera polémica.

En los últimos años, varias iniciativas populares votadas en Suiza – por ejemplo, la que prohíbe construir minaretes o la que prevé la expulsión automática de los extranjeros condenados por graves delitos – han desencadenado un debate sobre la jerarquía judicial: ¿Cómo reconciliar derecho nacional e internacional?

Se trata de una cuestión emotiva y fundamental que afecta elementos clave de la identidad suiza: la democracia directa, un fuerte sentimiento de soberanía y cierta distancia de las tendencias internacionalistas (cabe recordar que Suiza se adhirió a la ONU en 2002).

Desde una perspectiva puramente jurídica no hay respuestas fáciles, por muy sencilla que parezca la pregunta. Al margen de una reciente conferencia en Ginebra, el periodista y jurista Denis Masmejan resumió para swissinfo.ch cuáles son las soluciones más barajadas para superar esta paradoja.

1.“Aquí decidimos nosotros”

Es lo que plantea la iniciativa popular ‘Derecho suizo y no jueces extranjerosEnlace externo’ (Iniciativa para la autodeterminación’ que ha lanzado la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora). La iniciativa, que probablemente será sometida a votación popular este año, defiende la primacía del derecho suizo sobre los tratados y organismos internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que hoy puede dictar sentencia y criticar las decisiones de los tribunales helvéticos. El Gobierno suizo no está a favor de la iniciativa, pero la última palabra la tienen los ciudadanos helvéticos en las urnas.

2. Invalidación constitucional

Esta opción, según Denis Masmejan, consiste en incluir una cláusula en la Constitución que invalidaría automáticamente las iniciativas populares que vayan en contra de tratados  internacionales. De esta manera serían declaradas nulas votaciones como la que prohíbe construir nuevos minaretes o que los pederastas condenados vuelvan a trabajar con niños; ambas violan el derecho internacional. Pero esta opción carece de apoyo político, explica Denis Masmejan.

3. Invalidación parlamentaria

En lugar de incluir una cláusula en la Constitución, el Parlamento sería el encargado de “interpretar” las iniciativas populares antes de establecer si violan o no acuerdos internacionales. El Legislativo decidiría si invalidarlas o dar luz verde para someterlas a votación popular. Actualmente, los legisladores helvéticos votan sobre iniciativas populares, pero no pueden vetarlas ni aprobarlas; es decir, el voto parlamentario es una simple recomendación al electorado y carece de carácter vinculante. Desde el punto de vista político, esta opción también es improbable, según Masmejan.

4. Revisión preliminar

En la actualidad, antes de que los promotores inicien la campaña de recolección de firmas, la Cancillería Federal verifica que la iniciativa sea conforme a las normas. Pero es más un trámite sobre la forma que sobre el fondo, explica Masmejan. La “revisión preliminar”, en cambio, implicaría examinar la conformidad jurídica de las iniciativas, antes de comenzar la recolecta de firmas. Si la iniciativa no fuera compatible con la ley vigente quedaría descartada desde el inicio. Ahora bien, tampoco hay voluntad política para esta opción.

5. Doble voto popular

La opción que defiende el laboratorio de ideas Avenir Suisse es más factible desde el punto de vista político – especialmente porque concede más poder a la ciudadanía. La idea es la siguiente: cuando una iniciativa popular va en contra del derecho internacional, es obligatorio convocar una segunda votación para confirmar la decisión de las urnas. Supongamos que los ciudadanos aceptan una iniciativa polémica: el gobierno debe elaborar la correspondiente ley de aplicación que sorteé el derecho internacional, anule la decisión de la ciudadanía o la aplique solo parcialmente. La ley de aplicación adoptada por el Parlamento tendría que ser sometida a votación popular para su aprobación definitiva.

6. Matar dos pájaros de un tiro

La solución que propone el ‘think tank’ foraus es similar a la número cinco, solo que combina dos votaciones en una. Introduciría un “principio normativo” que el Gobierno utilizaría para interpretar una iniciativa: el derecho internacional tiene prioridad, a menos que el texto de la iniciativa no mencione explícitamente la primacía sobre un tratado internacional específico. De este modo, en el momento de pronunciarse sobre la iniciativa, los ciudadanos suizos votarían a sabiendas de que su decisión puede violar obligaciones internacionales. Esta es la opción preferida de Denis Masmejan.


Traducción del inglés: Belén Couceiro, swissinfo.ch

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