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CICIG, Paz y Paz, Caso Pavón y Suiza


#JusticiaYa para Guatemala, pese a una elite sin escrúpulos




Las protestas en Guatemala, resultado de investigaciones que fortalecen el grito ciudadano contra la impunidad. (Keystone)

Las protestas en Guatemala, resultado de investigaciones que fortalecen el grito ciudadano contra la impunidad.

(Keystone)

La imagen y la voz de la exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz llega a Suiza con el documental ‘Burden of Peace’, mientras en su tierra, la semilla que ella contribuyó a sembrar, echa raíces: recientes averiguaciones del Ministerio Púbico y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sobre graves delitos del Gobierno empoderan a la población para exigir una democracia real.

Guatemala parece muy lejos de Suiza, y sin embargo, aspectos muy actuales unen a ambos países: Hace diez días, Berna anunciaba la firma del protocolo de adhesión de Guatemala al TLC centroamericano con la AELE; mientras que el Tribunal Federal helvético se ocupa aún del recurso a la sentencia a cadena perpetua contra Erwin Sperisen, exjefe de la Policía Nacional Civil (PNC) de ese país.

Suiza resguarda también un tercio de los archivos de la PNC de tiempos en los "fuerzas oscuras”, comandos inmersos en las estructuras policiales y militares, mataban hasta pueblos enteros que estorbaban a los intereses de los grupos con el poder económico (señalando a estas víctimas, aún hoy día como marxistas, cuando se trata de pobladores indígenas en pobreza extrema).

El diario militar donde eran señaladas los perseguidos en los 80. (Film Burden of Peace)

El diario militar donde eran señaladas los perseguidos en los 80.

(Film Burden of Peace)

Justamente, en ese caldo de cultivo y a ojos de la justicia, el suizo-guatemalteco Erwin Sperisen perteneció en tiempos más recientes (2004-2007) a esa cadena de poder que regulaba, o regula aún coimas, tráfico de influencias y la tarea, con olor a muerte, de la denominada “limpieza social”. Es decir, acabar con el "delincuente común”, o con aquel que no coopera con las redes de extorsión de cuello blanco, prestas a mantener el statu quo de la impunidad, para seguir enriqueciéndose.

Ríos Montt & Co

Pero el pueblo guatemalteco conoce de terribles decepciones a la hora de querer hacer justicia, con jueces y fiscales vendidos, abogados asesinados y algunos valientes que, pese al riesgo, intentan investigar, inculpar, enjuiciar.

Ha sido el caso de la fiscal Claudia Paz y Paz, que llegó al frente del MP en 2010 y que fue expulsada antes de concluir su mandato en 2014, acusada de marxista por su compromiso con los DDHH. Fue justamente el actual presidente, Otto Pérez Molina –exmilitar, responsable de inteligencia en la época del genocidio-, el que le cerró el camino a la mujer que posibilitó el juicio del siglo por genocidio y delitos de lesa humanidad contra el otrora dictador Ríos Montt, condenado a 80 años de cárcel en mayo de 2013. 

El documental trata de la labor de Claudia Paz y Paz, ex fiscal guatemalteca. (Film Burden of Peace)

El documental trata de la labor de Claudia Paz y Paz, ex fiscal guatemalteca.

(Film Burden of Peace)

El proceso, histórico, fue anulado posteriormente y le costó el puesto a Paz y Paz. De este episodio  trata el documental ‘Burden of Peace’, que siguió de cerca el desempeño de la otrora fiscal en sus casi 4 años de gestión. Uno de sus corealizadores, Sander Wirken, explicó en Berna hace unos días que espera que este seguimiento fílmico contribuya “a la emancipación indígena en Guatemala, subyugada y ultrajada, e inspire a los jóvenes guatemaltecos para que participen en la construcción del Estado de derecho”.

La CICIG, al fondo del impulso

El documental, de poco más de una hora, muestra el modus operandi de aquellos que impiden sistemáticamente hacer justicia en el país centroamericano mediante desacreditaciones de expertos y funcionarios del sistema de justicia, empleo de los medios para difundir argumentos sin evidencias, multiplicación desmedida de recursos y amparos…

“Ataques que también se reprodujeron en el juicio contra Sperisen en Ginebra”, recordó, por su parte, Bénédict De Moerloose, abogado en TRIAL, la ONG que contribuyó a llevar este caso paradigmático ante la Fiscalía de Ginebra.

La CICIG, encargada también de trabajar el expediente enviado a Suiza, fue varias veces descalificada por la defensa y el propio inculpado. El fiscal ginebrino Yves Bertossa, que llevó a Sperisen al banquillo, explicó a los jueces que la CICIG es un ente de la ONU, único en su género y que debió ser instaurando ante la impunidad flagrante y la falta de voluntad política en el país centroamericano para hacer justicia.

Como al inicio, aún contra los aparatos clandestinos

Y como fue en los casos de ejecuciones extrajudiciales (donde se implica a Sperisen), y en los escándalos puestos al descubierto recientemente, la CICIG continúa su tarea esencial: terminar con los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos (CIACS) que operan en Guatemala, los cuales, recuerda el comisionado Iván Velázquez, son “la principal amenaza que enfrenta la democracia de Guatemala”.

“En la actual coyuntura del país, las CIACS son redes político-económicas ilícitas que se interrelacionan con el fin de ejercer un control político y generar negocios rentables. Son grupos ideologizados, cuyo claro afán es el enriquecimiento ilícito. No intentan subvertir el orden constitucional, pero si constituyen siempre una amenaza para el Estado democrático de derecho, consagrado en la Constitución política. No solo cuentan con capacidades para perturbar ese orden constitucional, sino que sobre todo, saben y pueden, cuando lo deciden, inhibir cualquier intento de cumplimiento legal por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Son fabricantes de impunidad”.

Pero el experto colombiano no es el único en poner el dedo en la llaga.

También desde Guatemala, Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), explica las razones de la instauración y validez del mandato de la CICIG, prolongado recientemente 2 años más:

“La impunidad es una herramienta de ejercicio de poder en Guatemala. Ese es el problema central de nuestro país. Ahí radica el debilitamiento del sistema de Justicia. La impunidad ha servido a gobernantes y a poderosos, en medio de un contexto donde se ha implementado un modelo de Estado excluyente. Por eso la cooptación del sistema de Justicia fue reconocido por el Estado, y la necesidad de tener un apoyo internacional, de Naciones Unidas y de la CICIG para apoyar al sistema de justicia con casos paradigmáticos de investigación que permitieran  empezar a construir un Estado de derecho y una justicia independiente”.

Los intocables

Y los guatemaltecos acaban de presenciar lo inimaginable: que los más poderosos pueden caer, como ha sido el caso de parte del gabinete del actual presidente Otto Pérez, por un escándalo millonario de corrupción fiscal en aduanas y otro en el seguro social, develados en abril con pruebas flagrantes recogidas por la CICIG.

Estos hechos en Guatemala han dado fe y empuje al movimiento #renunciaya, con manifestaciones multitudinarias; la viva reflexión de justicia y Estado de derecho en las redes sociales por parte de los jóvenes, que por primera vez se acercan al grito de no al olvido de los indígenas; y sobre todo, ha crecido la convocatoria de asambleas y foros en los que se discute el inicio de un cambio democrático, de un empoderamiento ciudadano, asegura quien sigue de cerca el proceso, Marlies Strappers, directora de Impunity Watch.

Lo último con respecto a la posible responsabilidad del presidente en los casos de corrupción antes mencionados: El máximo tribunal de justicia de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC), reactivó este miércoles (01.07) el proceso de antejuicio por corrupción en el Congreso contra el presidente Otto Pérez, al revocar un amparo provisional presentado por la exfiscal Karen Fisher (de origen suizo, por cierto, y que también lanzó una petición en línea contra el juicio en Ginebra de Erwin Sperisen).

El comisionado Iván Velázquez asegura que es el momento de dar la batalla.

“Los pasos del comisionado llegan a los intereses de los más altos en el poder, empezando por la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que era vista por el pueblo como 'intocable'. La gente vio que ahora sí es posible. Se ha dicho: 'Si la CICIG lo dice, ahora vamos por su cabeza'. Les dio esperanza, cuando tienen el gobierno más corrupto de los últimos tiempos, compuesto y respaldado por militares, mientras la gente muere de hambre y muere en los hospitales, porque roban los fondos para los medicamentos".

"La población, en su conjunto empieza a decir: “Es nuestro derecho que haya un cambio”. La tarea de la CICIG, que apoya el desempeño del Ministerio Público, les da esperanza, motivo y prueba de que estos gobiernos son inaceptables, y que el pueblo sí puede exigir su cabeza, porque se sienten respaldados.”, agrega la defensora holandesa.

Por eso es tan peligroso abandonar el esfuerzo internacional, añade: “Si la CICIG se debilita, o se va, estos sectores recuperarán el espacio perdido, por eso, más que nunca hay que apoyarla con firmeza y a largo plazo”.

Iniciativa para control de jueces, en manos de pueblo

“Los jueces me dan mucha esperanza, se han atrevido a hablar de la corrupción en el sistema y están con mucha fuerza liderando un cambio en pro de la independencia judicial. Con el ejemplo de Manos Limpias, el movimiento italiano de los 70, lanzaron una iniciativa para firmar un pacto entre jueces por la transparencia y solicitando que la población vele por la independencia de sus funciones, y que denuncie cuando hay víctimas sin acceso a la Justicia”.

A juicio de Strappers, se trata de un movimiento muy incipiente, pero muy valiente. “Están recibiendo muchas amenazas, ataques a nivel judicial, no les dejan trabajar, les ponen obstáculos en el ámbito administrativo, y hay que sacarlos de Guatemala, cuando hay una amenaza directa contra ellos".

Pero allí empieza de nuevo el tema burocrático para apoyar desde el exterior, añade, pues las líneas directrices de los países que apoyan el fortalecimiento de la justicia guatemalteca no incluyen refugio para jueces, porque nadie contempla que en un Estado tan debilitado, ellos sean los blancos principales:

“A la hora de la presión, los dejamos muy solos, como fue el caso de Claudia Paz, con consecuencias dramáticas en sus vidas profesionales y personales. También está el caso, fresco aún, de la magistrada Claudia Escobar, que denuncio a la vicepresidenta Baldetti por corrupción".

Strappers, defensora de derechos humanos holandesa, reitera una y otra vez que el apoyo a Guatemala debe ser a largo plazo y que no hay que caer en la trampa del supuesto intervencionismo que esas elites argumentan:

“El gran problema que hemos vistos estos meses en Guatemala es que caemos en la trampa, cuando llegan con este argumento caemos en el juego. Las normas internacionales de derechos humanos merecen su debida defensa. ¿Cómo puede ser que en el ámbito económico nunca nos vienen con esas excusas?”.

En el caso de Suiza, y de otros países, la pregunta esencial que debe hacerse se fundamenta en la coherencia, dice la directora de Impunity Watch: “Si por un lado promovemos los DDHH, sobre la base de normas universales compartidas, entonces necesitamos asegurar que el sistema económico los sostenga, y en un país fallido, donde hay elites tan corruptas, donde no hay condiciones para un desarrollo más sustentable, donde vemos que la economía es exactamente una de las causas profundas de toda esta crisis, es muy arriesgado”.

Iniciativa en Suiza

De hecho, la Red de Guatemala, junto con unas setenta organizaciones, apoyan este discurso de coherencia y hoy reúnen firmas para que se vuelva regla con la 'Iniciativa ciudadana para que las multinacionales con sede en Suiza protejan DDHH y medioambiente en donde operen'.

Entre tanto, en Guatemala, es tiempo de reconocimiento a la CICIG.

Esta misma semana el comisionado Velázquez se reunió con representantes de países donantes en Washington, luego de la prolongación de su mandato, mientras que su labor despierta sed de justicia en los pueblos vecinos, como es el caso concreto de Honduras, que ya aclama su propia CICIH.

También Suiza, que ha participado en la tarea de la CICIG “saluda la prolongación del mandato de la CICIG y observa con beneplácito la calidad del trabajo hecho”.

"Suiza está convencida de que las lecciones aprendidas del modelo CICIG también puede ser utilizadas en otros contextos"

“Suiza está convencida de que las lecciones aprendidas del modelo CICIG también puede ser utilizadas en otros contextos, y por ello ha financiado un estudio donde se han sistematizado las experiencias alcanzadas”.

De 2009 a 2014, expertos suizos participaron en la CICIG. Suiza secundó con especialistas a través de su grupo de expertos para la promoción civil de la paz, con, por ejemplo, un investigador de flujos financieros y contribuyó a la financiación del ente de 2007 a 2012.

Y lo fundamental: “Aun cuando Suiza actualmente no aporta recursos financieros la CICIG, apoya políticamente el trabajo de esta Comisión y si ésta solicitara la participación de nuestros expertos, Suiza evaluaría un nuevo envío”, explicó a swissinfo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Pierre-Alain Eltschinger. 

Apoyo financiero de Suiza a la CICIG:

2007: 435‘000 dólares

2009: 300‘000 dólares

2010: 200‘000 dólares

2011: 100‘000 francos suizos

2012: 200‘000 francos suizos

(Fuente: Departamento de Seguridad Humana, Ministerio de Exteriores)

swissinfo.ch

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