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Los países en desarrollo pierden ingresos

Producción automotriz en India, uno de los cuatro países que va a firmar un acuerdo con Suiza conforme a los principios de la OCDE. AFP

Los convenios para evitar la doble imposición (CDI) que ha negociado Suiza hasta la fecha ponen en desventaja a los países en desarrollo, revela un estudio de la Universidad de Berna. Los propios expertos gubernamentales que solicitaron este trabajo cuestionan ahora sus conclusiones.

Ante la creciente presión internacional, el Gobierno suizo anunció en marzo de 2009 que flexibilizaría la legislación en materia de secreto bancario para adecuarla a los estándares de asistencia administrativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OCDE). Desde entonces, Berna ha renegociado acuerdos con 42 países, y todos ellos incluyen nuevos criterios para el intercambio de información.

Sin embargo, se han alcanzado muy pocos convenios con países en desarrollo, que cada año pierden miles de millones de dólares por fuga de capitales y evasión fiscal, fondos que serían de gran utilidad para combatir la pobreza.

Los llamados flujos financieros ilícitos de los países en desarrollo oscilaron entre 850.000 millones de dólares (763.000 millones de francos) y un billón de dólares en 2011, estima la OCDE.  Parte de estas sumas se atribuyen a la evasión (incumplimiento deliberado) y elusión de impuestos (una práctica legal, pero moralmente cuestionable porque aprovecha los vacíos de la ley para reducir al mínimo el pago de impuestos).

Según un estudio que acaba de publicar el Instituto de Comercio de la Universidad de Berna (WTI) y que se centra especialmente en los países en desarrollo, los CDI renegociados presentan un panorama “dispar”.

No existen criterios universalmente aceptados sobre lo que significa ser un país desarrollado o en desarrollo.

En 2012, el Gobierno suizo consideraba que había 37 países en desarrollo en el mundo, basándose en la definición del Decreto de Derechos de Aduana Preferentes para Países en Desarrollo  (publicado en marzo de 2007).

El estudio de la Universidad de Berna utiliza la clasificación de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que también es aceptada por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El sistema de las Naciones Unidas no contempla ninguna convención que permita definir qué región o país es desarrollado o en desarrollo. Pero en el terreno práctico se acepta que Israel y Japón (Asia); Bermudas, Canadá, Groenlandia, San Pedro y Miquelón, y EEUU (Norteamérica); Australia y Nueva Zelanda (Oceanía) y Europa sean considerados como países desarrollados. Asimismo, se considera como países en transición a aquellos que pasan de una economía de planificación central a una economía de mercado.

Y todas las economías que no se incluyen en ninguna de las dos categorías citadas son consideradas como países en desarrollo.

Suiza posee CDI con una cuarta parte de las naciones en desarrollo. Sin embargo, solo ha renegociado acuerdos con India, México, Uruguay y Corea del Sur para adecuarlos a los principios de la OCDE.  Como consecuencia, la mayoría de los países en desarrollo tienen un acceso muy limitado a los datos y activos de sus ciudadanos en Suiza, incluso cuando solicitan información a este respecto a Berna.

Los autores añaden que los nuevos CDI tampoco han cambiado el panorama, porque son el resultado de una negociación entre “socios muy fuertes y muy débiles, y tienden a considerar disposiciones que son más favorables para Suiza (que para sus contrapartes)”.

“Es importante que haya convenios tributarios, pero también que sean balanceados. Y los actuales no lo son tanto”, afirma Elizabeth Bürgi, experta en Derecho y Comercio del WTI y coautora del estudio.

La confirmación

Para diversas ONG, la investigación del WTI concede sustento académico a las denuncias que ellas han hecho sobre la estrategia suiza de intimidar a las economías más débiles para que reduzcan los impuestos que cobran a las empresas suizas a cambio de cooperar con ellas en el rastreo de evasores.

Mark Herkenrath, especialista fiscal de la ONG Alliance Sud, afirma que los países en desarrollo están siendo excluidos de los más recientes pasos que da la Confederación Helvética hacia una mayor transparencia fiscal. “Si quieren firmar, o revisar, un convenio fiscal con Suiza, deben aceptar largas y tediosas negociaciones, y están obligados a realizar concesiones sustanciales a los inversores suizos”. El experto añade que un trabajo realizado por Alliance Sud en 2010 ya había llegado a conclusiones similares.

El reporte del WTI refiere que Suiza y otros países de la OCDE aplican una estrategia unilateral que obliga a las naciones en desarrollo a reducir sus tasas de retención de impuestos bajo el argumento de “crear condiciones más favorables para la inversión extranjera”.

Los comerciantes de materias primas, en particular, son señalados por utilizar trucos contables que les permiten transferir los ingresos que generan en los países pobres –de los que extraen insumos– hacia cantones suizos que les ofrecen un trato fiscal preferencial. Para lograrlo, basan sus actividades administrativas en Suiza y después cobran a sus subsidiarias en otros países por los servicios que les otorgan. Con ello, reducen legalmente las ganancias de dichas subsidiarias, mermando el volumen de  impuestos que pagarán a otros gobiernos.

Para evitar esta pérdida de ingresos, los Estados cobran los llamados derechos de cánones, rentas por la explotación económica de los recursos naturales. Pero si Suiza sigue presionando para reducir al mínimo las tasas de retención que pagan sus empresas, esto tendrá un impacto sobre las finanzas de las naciones menos desarrolladas, alertan los activistas.

Elizabeth Bürgi pone a México como ejemplo. Al renegociar su CDI con Suiza, este país aceptó una tasa de retención a las empresas helvéticas del 7,5%, inferior al 12,5% que cobra Perú. Y existen casos extremos como el de Georgia, cuyo CDI con Suiza no permite realizar ninguna clase de retención a los corporativos. “Tuvieron que aceptar una tasa cero para conseguir el intercambio de información”, afirma.

La ministra suizas de Finanzas, Eveline Widmer-Schlump, se reunió a finales de enero con el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, para manifestar la buena disposición de Suiza para tomar parte activa y constructiva en el diseño de los nuevos estándares internacionales de intercambio de información.

En el marco del Foro Económico Mundial (WEF en inglés), Widmer-Schlump y Gurría saludaron la decisión de Berma de firmar el Convenio del Consejo de Europa y la OCDE sobre Asistencia Administrativa Mutua en el Ámbito de la Fiscalidad. Y también los progresos obtenidos en el proceso de examinación entre pares que tiene en marcha el Foro Global de la OCDE.

El intercambio automático de información también fue un tema discutido durante las conversaciones que la delegación suiza sostuvo en Davos con el comisario de Fiscalidad y Unión Aduanera de la UE, Algridas Semeta. Otros asuntos abordados con el representante de Bruselas fueron el estatus actual del debate sobre la futura fiscalidad para empresas extranjeras en Suiza y para el ahorro.

  

Fuente: Ministerio de Finanzas de Suiza

Ni sorprendente, ni concluyente

El Ministerio suizo de Asuntos Exteriores, que encargó al WTI la elaboración del estudio, dice no estar sorprendido con los resultados, pues están en línea con los de las investigaciones realizadas en otros Estados.

En agosto pasado, el Gobierno holandés anunció que ofrecería a una veintena de países la oportunidad de renegociar sus CDI para eliminar las lagunas que permiten hoy que las multinacionales holandesas evadan impuestos en otras naciones. La decisión de examinar estos tratados tuvo lugar luego de que varios estudios solicitados por el gobierno de los Países Bajos revelaran que las economías en desarrollo estaban perdiendo ingresos por las bajas tasas impositivas que Holanda había pactado en el pasado.

Stefan von Below, portavoz del Ministerio suizo de Exteriores,  asegura que el estudio bernés no ofrece pruebas concluyentes. Pero lo considera una valiosa contribución al debate nacional e internacional sobre los  flujos financieros ilícitos de los países en desarrollo.

No obstante, en su opinión, los CDI que Suiza ha renegociado son justos, ya que ha buscado obtener las tasas impositivas más bajas con todas sus contrapartes, no solo con los países emergentes. Por otra parte, añade, si hay un número limitado de renegociaciones con los países en desarrollo se debe, sobre todo, a que el intercambio económico con estas naciones es limitado.

No obstante, precisa que el reciente Convenio de la OCDE sobre Asistencia Administrativa Mutua en el Ámbito de la Fiscalidad -firmado en octubre de 2013- podrá traducirse en la renegociación de CDI con al menos otros 20 países en desarrollo.

Por su parte, Pascal Duss, director adjunto de Asuntos Fiscales Bilaterales de la Secretaría de Estado de Asuntos Financieros Internacionales (SIF), es mucho más crítico con el estudio del WTI al asegurar que contiene serios errores.

“Se afirma que los CDI son resultado de una negociación entre socios más fuertes y más débiles y que tiende a incluir disposiciones que son más favorable para Suiza. Pero, sencillamente, no es el caso”, declara a swissinfo.ch.

Asegura que Suiza solo ha firmado convenios con países en desarrollo cuya actividad económica tiene un cierto nivel y prioridad para Berna. Y añade que es poco realista considerar el mismo tratamiento en todos los convenios para evitar la doble imposición, ya que estos crean un “puente” entre dos regímenes fiscales internos que jamás son iguales.

“Los autores del estudio podrán ser buenos abogados, pero definitivamente no son abogados fiscalistas. Y muchas de sus ideas son muy utópicas”, sentencia.

Traducción del inglés: Andrea Ornelas

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