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Secuelas del caso Credit Suisse


Los otros trece bancos suizos tiemblan




El Banco Cantonal de Basilea es de vital importancia para la economía de los dos semicantones homónimos: Basilea-Ciudad y Basilea-Campo. (Keystone)

El Banco Cantonal de Basilea es de vital importancia para la economía de los dos semicantones homónimos: Basilea-Ciudad y Basilea-Campo.

(Keystone)

Las demás entidades que investiga el Departamento de Justicia de EEUU (DoJ) por presunta evasión tienen pocas esperanzas de salir bien libradas, tras conocerse el rigor con el que fue castigado el Credit Suisse. Y en la lista figuran algunos de los bancos suizos más importantes.

Aunque el Banco Cantonal de Zúrich (ZKB) dejó de hacer negocios con clientes estadounidenses a finales de 2011, para entonces había amasado activos de dichos usuarios por 1.800 millones de francos suizos. Y en el caso del Banco Cantonal de Basilea (BKB), se cree que sus libros contables registran fondos de estadounidenses por alrededor de 600 millones de francos.

 
No son bancos pequeños. Desde 2013, el ZKB es considerado como el tercer banco demasiado grande para quebrar de Suiza debido al elevado porcentaje de créditos domésticos que ha concedido a empresas y particulares durante los últimos años. El BKB, por su parte, juega un rol vital en el desempeño de la economía de la ciudad y el cantón de Basilea.

A esta lista se suman entidades como Julius Baer y Pictet, dos gigantes de la banca privada. Julius Baer es, por ejemplo, el tercer banco más importante del país por el volumen de fortunas privadas que administra.

La multa impuesta al Credit Suisse “será una referencia para otros casos de la banca Suiza”, dice a swissinfo.ch Peter V. Kunz. El profesor de Derecho Económico de la Universidad de Berna destaca que no existen criterios base concretos para aplicar las multas, estas se fijan de forma arbitraria por las autoridades de EEUU. “Así que, seguramente, esto resultará más costoso para los bancos de lo que esperaban”.

La pregunta obligada de cara al futuro es si habrá otra entidad bancaria que sufra el destino fatal del Wegelin, un banco privado que debió cerrar sus puertas tras ser condenado a principios de 2013 por un tribunal estadounidense. Pero, en opinión de algunos observadores estadounidenses, es posible que el DoJ ya no necesite seguir arrancando cabelleras simbólicas.

Si EEUU castigó con tanto rigor a Wegelin fue porque el banco actuó de forma deliberada. Ignoró el caso UBS y lo que significaba, y optó por lanzarse a la caza de los clientes que abandonaban al gigante suizo cuando fue declarado culpable de evasión, explica el abogado fiscalista de Florida, Teig Lawrence. Otra agravante es que Wegelin se negó a cooperar con las autoridades estadounidenses cuando comenzó a ser investigado.

Bancos categoría 1

En agosto del 2013, las autoridades estadounidenses informaron de que tenían a 14 bancos suizos bajo investigación penal. Pero producto de las investigaciones que habían iniciado en los años previos, el pequeño banco Neue Zürcher Bank debió cesar operaciones en 2011 y Wegelin quebró en 2013.

Aunque ni las autoridades de EEUU ni las helvéticas han confirmado el nombre de los bancos que están bajo la lupa, algunos medios de comunicación han dado a conocer nombres que en algunos casos han sido confirmados por las propias entidades en problemas.

Los bancos suizos bajo investigación serían:


Credit Suisse (sentencia y multa el 19 de mayo)

Banco Cantonal de Zúrich

Pictet
Julius Baer
Banco Cantonal de Basilea

Wegelin (cerró sus puertas en 2013)
Rahn & Bodmer
Neue Zürcher Bank (cesó sus operaciones en 2011)
Neue Privat Bank
Bank Frey (en octubre de 2013 afirmó que posiblemente dejaría de operar)

Bancos extranjeros con operación en Suiza:

 
HSBC (británico)

Liechtenstein Landesbank (anunció en enero pasado que podría cerrar sus puertas)

Leumi (Israel)
Hapaolim (Israel)
Mizrahi (Israel)

El elefante está cazado

En los documentos presentados hace unos días ante un tribunal de EEUU, el Credit Suisse está acusado de destruir pruebas y obstruir la investigación que realizaba el DoJ.  El Credit Suisse también ha sido blanco del escrutinio de un comité investigador senatorial y, dado que es el segundo banco más importante del sistema, era la institución ideal para la aplicación de una pena que enviarla señales claras de advertencia al resto del mundo.

Pese a ello, Lawrence considera que el Credit Suisse podría convertirse en el último caso simbólico. “Creo que los Estados Unidos ya cazaron a su elefante”, dice a swissinfo.ch.


El abogado fiscalista confía en que los bancos cantonales suizos experimenten una mejor suerte, especialmente si se analizan las recientes declaraciones del gobierno de EEUU. Tras el castigo aplicado al Credit Suisse, la justicia estadounidense elogió los esfuerzos de Suiza para resolver definitivamente los problemas de evasión fiscal que han protagonizado sus bancos.

“Sería contradictorio que ahora persiga de forma agresiva a los bancos estatales. Esto enviaría un mensaje ambiguo para Suiza”, dice a swissinfo.ch. “Creo que los bancos cantonales podrán probablemente resolver sus casos a través de acuerdos para evitar el enjuiciamiento o vía pactos de diferimiento de juicio”.

Para un banco, su reputación es el pilar de la seguridad  y la fiabilidad que inspira en sus clientes. De ahí que enfrentar una sentencia penal pueda ser sinónimo de una pena de muerte, ya que muchos clientes huirían y correría el riesgo de perder su licencia de operación. De hecho, la sola confirmación de que una entidad incurrió en alguna actividad delictiva podría provocar daños irreparables a bancos menores que el Credit Suisse, según algunos observadores.

De ahí la importancia del acuerdo firmado entre Suiza y EEUU para evitar, hasta donde sea posible, los juicios o para postergarlos, salvando a los bancos de ir ante los tribunales evitándoles los estragos derivados de estampar en su nombre la etiqueta de “delincuentes”.

La multa del Credit Suisse

La justicia estadounidense impuso al Credit Suisse una multa de 2.800 millones de dólares (2.500 millones de francos suizos) el pasado 19 de mayo.

El banco helvético pagó 1.800 millones de dólares al Departamento de Justicia (DoJ); otros 715 millones de dólares al regulador bancario de Nueva York; 196 millones de dólares adicionales a la comisión supervisora del mercado de valores (SEC); y 100 millones más a la Reserva Federal.

El citado castigo económico es más de 3,5 veces superior al que recibió el UBS en 2009, cuando debió pagar una multa de 780 millones de dólares.


A cambio de pagar la multa y admitir sus delitos, el Credit Suisse consiguió conservar su licencia para operar en EEUU. Pero durante los próximos dos años, el gigante bancario deberá abrir sus libros contables a un experto regulador de Nueva York que los monitoreará constantemente.

La dureza con la que ha actuado el DoJ se explica en gran medida en el hecho de que muchos bancos decidieron aprovechar a su favor la estampida de clientes del UBS cuando este banco fue multado hace cinco años por promover la evasión entre ciudadanos de EEUU.

Aunque algunos bancos –como los cantonales– se creyeron lo suficientemente lejos de EEUU como para escapar a sus sanciones, no fue así.

Pese a la controversia que despierta la gestión del Credit Suisse, Brady Dougan, consejero delegado del grupo desde 2007, aseguró al dominical SonntagsBlick (25.5.) que  jamás toleró ni promovió la comisión de delitos en este banco, por lo que no tiene previsto abandonar su cargo.

Dijo sentirse frustrado por la falta de reconocimiento de los esfuerzos que ha realizado el Credit Suisse para apegarse a las reglas en su relación con clientes de EEUU y sobre su abierta colaboración con las autoridades de este país.

“Desafortunadamente supimos tarde que había gente que había ignorado las reglas. Pero jamás acepté nada ilegal. Lo he dicho y lo repetiré: Siempre nos hemos apegado a la ley”, declaró.

El peligro aún acecha

Sin embargo, y pese a la confianza manifestada por algunos, nadie puede dar por hecho que el DoJ se dormirá en los laureles. El vicefiscal general de Estados Unidos, James Cole, declaró el lunes pasado que la multa aplicada al Credit Suisse marca un hito en el cumplimiento de la ley, pero está lejos de haber terminado el trabajo de EEUU en la identificación de delitos financieros cometidos en el extranjero. Por ello, advirtió que deben esperarse acciones adicionales por parte del gobierno de este país.

Y otro que no quita el dedo del renglón es el senador republicando John McCain, miembro del comité investigador que denunció públicamente a ejecutivos del Credit Suisse.

“Durante los próximos días seguiré con interés y cercanía el análisis de la declaración de culpabilidad (del Credit Suisse) para ver si corresponde a la rendición individual de cuentas de funcionarios, directivos y ejecutivos clave (del banco) y si el castigo es lo suficientemente relevante como para disuadir a otros de seguir conductas similares”, dijo McCain.

La ministra suiza de Finanzas, Eveline Widmer-Schlumpf, tampoco se hace demasiadas ilusiones. Hace unos días expresó en una conferencia de prensa que hay más bancos suizos que podrían ser castigados.

Así que las investigaciones en curso y los posibles castigos aún pueden poner en aprietos a los bancos pequeños. Por ejemplo, el Frey Bank –cuyos activos de origen estadounidense representarían el 44% de su cartera, según estimaciones extraoficiales– reconoció el año pasado que teme desaparecer por completo, ya que las sospechas sobre su gestión están complicando su capacidad para operar.

Y mientras Julius Baer y Pictet –también en la mira de las autoridades de EEUU– son vistos por los analistas como bancos lo suficientemente grandes para resistir el pago de eventuales multas impuestas, no está claro que entidades más pequeñas, como Rahn & Bodmer o Neue Privat Bank, sean capaces de salir adelante si enfrentan la misma suerte.

Así, aunque el Credit Suisse sea percibido por algunos como el último trofeo que quiere el DoJ, muchos otros jugadores de la plaza financiera suiza aún tienen de qué preocuparse.

Banqueros y abogados en la mira

Estados Unidos tiene en marcha un programa de regularización fiscal que se basa en la clasificación de bancos en función del tipo de relación que sostuvieron en años pasados con sus clientes norteamericanos.

Actualmente, 13 entidades son investigadas penalmente y forman parte de la llamada Categoría 1 (ver recuadro), lo que las obligará a resolver los problemas que enfrentan con la justicia de la administración Obama. No obstante, el gobierno suizo consiguió proteger al resto de las instituciones a través del citado acuerdo de regularización –firmado en 2013– que busca evitar el enjuiciamiento de las entidades que manifestaron voluntariamente su situación.

Esto es, el resto de los bancos se clasificaron en las categorías 2, 3 o 4 en función de sus propias declaraciones, que iban desde la ausencia de delito hasta la aceptación de faltas cometidas, como el asesoramiento de clientes de EEUU para evadir impuestos en mayor o menor proporción.

Pero haber realizado una autodeclaración no pone definitivamente a salvo a los bancos de una persecución penal. Y es que si alguno de ellos se inscribió –de forma deliberada o por error– en una categoría errónea, puede ser expulsado del esquema y estar a la merced del DoJ.

Sin embargo, el acogerse a este acuerdo también tiene consecuencias para los bancos. Aportar pruebas documentales detalladas sobre las actividades que realizaron con los clientes estadounidenses durante los últimos años es complejo y costoso para algunos bancos, sobre todo para los pequeños. Y algunos abogados dudan de que sean capaces de asumir esa carga financiera, independientemente de que sean culpables o inocentes de algún delito.

“Es un ejercicio costoso que podría aniquilar a algunos bancos pequeños. Muchas instituciones de crédito están luchando, o incluso enfrentando pérdidas en el presente. No estoy seguro de que sean capaces de enfrentar estos gastos adicionales”, advirtió a swissinfo.ch Christian Fischer, socio-director del bufete de abogados CFM Partners, desde diciembre pasado.


A lo anterior hay que agregar que el DoJ no se contenta con la persecución de bancos. También está cazando a los banqueros independientes involucrados en delitos de evasión, a los administradores de activos, abogados y asesores financieros que ayudaron a abrir o encubrir cuentas falsas y a establecer empresas fantasmas para clientes de EEUU.

Por todo ello, aunque el Credit Suisse podría ser el último gran trofeo que el DoJ desea colgarse en el cuello, aún hay muchos participantes de la plaza financiera suiza que saben que tienen mucho de qué preocuparse.


Traducción del inglés: Andrea Ornelas, swissinfo.ch



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