El drama silenciado de los indígenas colombianos
La matanza de 12 indígenas awá, incluidos 4 niños y un bebé, el pasado día 26, se inscribe en una lógica de exterminio que en lo que va del año ha cobrado más de 170 víctimas. El objetivo: despojarlos de sus tierras y su riqueza natural.
Juez del Tribunal sobre Genocidio Indígena en Colombia, el suizo Bruno Rütsche denuncia lo anterior y añade que las etnias del país son víctimas de todos los actores armados: militares, paramilitares y guerrilleros.
“Lo que pasa con los indígenas es sumamente grave. Absolutamente cruel. Sus tierras son codiciadas para proyectos de explotación minera y agro industrial y los obligan a desplazarse con tácticas como esta de la masacre”, asienta el también responsable del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, ASK!
El pasado 26 de agosto, un grupo de 10 hombres encapuchados y enfundados en vestimentas militares abrió fuego contra los pobladores de la reserva indígena de Gran Rosario, a 80 kilómetros del puerto de Tumaco, en la Costa Pacífico.
“Presumiblemente fueron paramilitares”, indica a swissinfo.ch el dirigente de la ONG helvética. Para determinar la identidad de los criminales, el presidente Álvaro Uribe ofreció una recompensa a quien proporcionara informaciones. Una medida de la que desconfía nuestro interlocutor. “Resulta hasta cínica, si vemos con que impunidad actúan aquellos que atacan a los indígenas”.
Es decir: militares, paramilitares e integrantes de la primera guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) que reconocieron haber dado muerte a 8 indígenas awâ el 17 de febrero pasado en la misma región.
“Se trata de una zona muy golpeada por todos los actores armados”, comenta Bruno Rütsche y precisa que en esa área -del departamento del Nariño con cabecera en Tumaco-, se realizan ventas de armas y cultivos ilícitos, y que sólo de enero a junio del año en curso se registraron 173 víctimas de la violencia.
“La mayoría fueron asesinados a la luz del día y muchos muy cerca de puestos de policía o de bases militares”, subraya el integrante del Tribunal de los Pueblos Indígenas (TPP). Es una violencia que no sólo obedece a las actividades vinculadas con el comercio de armas y de estupefacientes.
No sólo drogas y armas
En el área también hay grandes riquezas minerales y se presume que en muchas partes hay petróleo. Hay cultivos de palma de aceite y de palma africana -empleada para la obtención de agro combustibles-, amén de los cultivos de camarones.
“Es una zona con gran impacto para megaproyectos”, observa nuestro entrevistado. Dicho de otro modo, una región muy codiciada, lo que ha resultado muy caro para sus pobladores.
El dirigente de ASK! indica que en Colombia la población indígena es de alrededor de un millón de personas y puntualiza que hay 18 etnias que cuentan con menos de 200 integrantes y otras 18 con menos de 500. “Es decir, son pueblos que están en extinción y cada muerte significa perder un mundo entero”.
Sin embargo, en el país que nos ocupa, y para mejorar las condiciones de las poblaciones en cuestión, desde los años 90 se emitieron leyes elevadas a rango constitucional. Con base en ellas, los indígenas son la autoridad de las zonas que habitan (resguardos) y propietarios de sus tierras.
Estado de sitio
No se puede hacer nada sin consultarlos, sin su consentimiento. Empero, deplora Bruno Rütsche, “lo que pasa ahí, como pasa en toda Colombia, es que el Estado mismo viola totalmente su Constitución, sus leyes, los derechos internacionales, como el Convenio de la OIT 169… algo ilegal, violento”.
“Mucha veces, actores ilegales privados, pero con consentimiento y planes y hasta permisos camuflados del Estado,atacan a los indígenas” con el propósito de despojarlos de su tierra y las riquezas de su tierra.
En 2008, el Tribunal Permanente de los Pueblos llevó a cabo en la Serranía de Santa Marta un Tribunal sobre el Genocidio Indígena en Colombia. Bruno Rütsche fungió como juez. En aquella ocasión se hizo una fuerte denuncia con respecto a tales agresiones.
Explica el especialista suizo que además de las masacres, hay muchos pueblos indígenas totalmente confinados, “como en estado de sitio”, que no pueden moverse, no tienen medicamentos, sal, combustibles…
“Están totalmente confinados por los actores armados y la gente muere por paludismo, diarrea, por enfermedades totalmente curables… ¡Es un drama totalmente silenciado!”
Un drama con muchas expresiones
Y es que, el medio siglo de conflicto que vive Colombia conoce ahora expresiones muy dolorosas: secuestros, asesinatos, desplazamientos… flagelos de los que poco se habla.
“De enero a junio de 2009 se produjeron 173 asesinatos en Tumaco pero ni la televisión local ni la oficial, a nivel nacional, dijeron una palabra”, lamenta Rütschi y denuncia que tampoco se dice mucho sobre las miles de personas forzadas a abandonar sus tierras:
“El año pasado se registró el mayor desplazamiento de todos los años con casi 400 mil personas desplazadas violentamente… y eso es totalmente silenciado”.
La masacre de febrero generó la diáspora de unas 1.500 personas aún ahora lejos de sus hogares.
Mayor número de desplazados del mundo
De acuerdo con la ACNUR, Colombia posee el infortunado récord de ser el país con más desplazados del mundo. Superó a Sudán, Afganistán e incluso a Irak. Más de tres millones de colombianos, tuvieron que salir de sus hogares. Lo perdieron todo para poder conservar la vida.
“Y sobre todo, desde el Gobierno de Uribe, desde 2002, han sido mucho más de un millón los desplazados, es decir, los desplazamientos nunca han cesado, han bajado un poquito en 2002 y 2003 y después en aumento hasta llegar al tope el año pasado.
Asediados por el Ejército que los obliga a cooperar en la lucha contra las FARC, asesinados por las FARC, que los ultima por cooperar con el Ejército, por los paramilitares al servicio de intereses económicos o políticos, acosados por los narcotraficantes y los comerciantes de armas, los indígenas se ven obligados a ganar los caminos.
“Y esto es un trauma muy fuerte para ellos porque el arraigo a su tierra, a su pueblo, a su entorno, les es fundamental…”.
Los indígenas, concluye Bruno Rütsche, son víctimas de una lucha por su territorio y su riqueza, una lucha que se hace contra la gente inerme, contra los campesinos y los afrocolombianos también, que se vale de métodos terroristas y en la que participan todos los actores, incluido el Estado.
Marcela Águila Rubín, swissinfo.ch
Comunicado de la Diócesis de Tumaco (extracto)
Con mucho dolor nos enteramos de la masacre ocurrida el 26 de agosto en el resguardo indígena Awá el Gran Rosario – Municipio de Tumaco, donde fueron asesinados doce indígenas, entre ellos 5 niños.
Según las últimas informaciones fue una masacre anunciada. El defensor del Pueblo de Nariño afirmó en Consejo de Seguridad que habían emitido una Alerta Temprana sobre este caso, por cuanto una de las víctimas había denunciado ante la Fiscalía al Ejército Nacional como culpable del homicidio de su esposo, ocurrido el 23 de mayo pasado, del cual ella era testigo y por eso había recibido amenazas.
Este hecho de barbarie, donde ni siquiera se respetó la vida de un bebé de ocho meses, ha demostrado la incapacidad de la fuerza pública de proteger a la población civil. A pesar del aumento del pie de fuerza, aumentan las víctimas y la inseguridad, lo que genera una gran desconfianza de la población hacia quienes deben protegerla.
Lastimosamente lo anterior no es la única situación de grave violación a los DD.HH y DIH. El mismo día 27 agosto cuando llevaron a los 12 indígenas Awá asesinados a la morgue de Tumaco, ya había en ésta ocho cadáveres traídos del corregimiento de Llorente, entre ellos una niña menor de edad, asesinados en días anteriores.
Ponemos en conocimiento también los siguientes casos que deterioran la situación en la Costa Pacífica Nariñense:
Los asesinatos siguen sucediendo diariamente. Según datos de Medicina Legal, de enero a junio se cometieron 173 homicidios en el municipio de Tumaco, pero otros datos confiables hablan de más de 260 homicidios.
En el mismo municipio de Tumaco se habla de que hay fosas comunes en el río Chagüí, Candelilla de la Mar, la Guayacana y otras en la zona de frontera con Ecuador. El fin de semana del 22/23 de agosto llegaron a la morgue de Tumaco 7 cadáveres procedentes de unas fosas comunes de la Guayacana, presuntamente asesinados hace tres o cuatro meses.
Además de los asesinatos hay 50 denuncias de desapariciones forzadas sólo en Tumaco, según datos oficiales ofrecidos a través de las emisoras locales.
En lo que va corrido del año, en la Costa Pacífica Nariñense se han presentado diez (10) desplazamientos masivos (de más de 1600 personas).
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