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Cada año, miles de extranjeros en situación irregular embarcan en un avión que los llevará de vuelta a su país de origen o al primer Estado europeo al que llegaron.

La política en materia de migración y expulsión de personas no deseadas son temas recurrentes en un país donde uno de cada cinco habitantes es extranjero.

En 2010, cuatro años después de modificar la Ley de Extranjería y Asilo, los suizos aceptaron una controvertida iniciativa sobre los reenvíos. La propuesta de la derecha conservadora preveía la expulsión automática de los extranjeros condenados por determinados delitos, como la violencia sexual, el hurto, el tráfico de estupefacientes o el abuso de las prestaciones sociales.

Traducir la iniciativa en un proyecto de ley, sin embargo, resulta problemático. No solamente porque el texto podría violar los principios constitucionales y los acuerdos internacionales que Suiza ha ratificado, sino también porque la lista de delitos es aleatoria. Teóricamente, podría incluir infracciones menos graves como el hurto con fractura.

Si las estadísticas sobre delincuencia aportan argumentos a los partidarios de medidas más duras (ver gráfico), también se multiplican las voces de protesta contra los sentimientos xenófobos que tienden a criminalizar –y expulsar– a personas que no han cometido un delito.

¿Quiénes son los extranjeros expulsados de Suiza? “Hay dos grupos. El de personas que solicitaron asilo y el de aquellas cuya situación está reglamentada por la Ley Federal de Extranjería”, explica a swissinfo.ch Hendrick Krauskopf, de la Oficina Federación de Migración (OFM).

La OFM, prosigue el experto en medidas de reenvío, se ocupa de los solicitantes de asilo. Por el contrario, corresponde a los cantones notificar la expulsión de ciudadanos extranjeros que han violado las disposiciones relativas a la entrada o estancia en Suiza.

Partidas voluntarias

En 2011, 9.461 personas abandonaron Suiza por vía aérea (8.059 en 2010). Más de dos tercios (6.669) tras no haber obtenido asilo. “Se trata de solicitantes cuyas demandas fueron denegadas o no fueron admitidas a trámite”, precisa Krauskopf.

Cuando la petición de asilo es ilegítima o incompleta, las autoridades pueden decidir no admitirla a trámite. O bien cuando el solicitante ya ha presentado una demanda de asilo en otro país signatario de los acuerdos de Dublín. Con base en el procedimiento vigente desde 2008, Suiza puede devolver a la persona al país europeo concernido. “La mitad de los demandantes de asilo expulsados el año pasado entra en el marco de los acuerdos de Dublín”, indica el colaborador de la OFM.

Cerca del 40% de los solicitantes no admitidos deja el país de forma voluntaria, puntualiza Krauskopf. “Esto significa que llegan al aeropuerto sin escolta policial. En el resto de los casos, un agente acompaña a la persona hasta que embarca en el avión”.

Para incitarles a abandonar voluntariamente el país, Suiza les proporciona una ayuda al retorno, generalmente de carácter económico. En abril, el Gobierno propuso aumentar la aportación hasta un máximo de 2.000 francos, con el fin de acelerar las partidas. Este nuevo sistema de subsidio se asemeja al Plan Magreb que ha adoptado el cantón de Ginebra para los solicitantes de asilo y los delincuentes magrebíes.

Sin embargo, no todos los demandantes rechazados dejan Suiza. La pista de algunos (faltan estadísticas sobre su número) se pierde en la clandestinidad. Y al carecer de documentos en regla, estas personas pasan a engrosar la lista de los denominados sin papeles.

No solo clandestinos

Los motivos de reenvío de un extranjero que ha solicitado asilo pueden ser múltiples, explica a swissinfo.ch Guy Burnens, responsable de la división Extranjeros en la Oficia de Población del cantón de Vaud.

“Por ejemplo, una estancia ilegal en el país. En esta categoría figuran no solamente los sin papeles, sino también los estudiantes admitidos temporalmente que se quedan en Suiza tras concluir sus estudios. O extranjeros que, después de obtener un permiso de estancia para la agrupación familiar, rompen enseguida la unión conyugal”.

La ley contempla la posibilidad de revocar los permisos de estancia en casos de extranjeros que dependen de la asistencia social, agrega Burnens.

A estas personas, cuya infracción no constituye un acto criminal, se suman los delincuentes puros y duros. Es decir, extranjeros expulsados por haber cometido un delito grave que constituyen un peligro para el orden y la seguridad pública.

No disponemos de cifras exactas, subraya Burnens. “Carecemos de instrumentos informáticos para este tipo de estadísticas. De todos modos, los extranjeros que han cometido una infracción grave no representan una mayoría”.

De hecho, según la Oficina Federal de Migración, son una minoría. De acuerdo con el antiguo director de la OFM, Alard du Bois-Reymond, en 2010 su número oscilaba entre 350 y 400 al año.

Dispuestos a negociar

El plazo para salir del país varía de un caso a otro, subraya Guy Burnens. “Si la persona no constituye una amenaza, se le conceden hasta tres meses. En casos más graves, como el de un narcotraficante, la expulsión puede ser inmediata”.

El cantón de Vaud, que tiene uno de los índices de población extranjera más altos de Suiza –un 30%– aboga por las partidas voluntarias, puntualiza Burnens. Si las personas no se atienen a las normas, las autoridades las convocan para discutir las modalidades de su salida del país.

“Estamos dispuestos a negociar el plazo, por ejemplo con las familias. A veces proponemos una ayuda al retorno, de forma análoga a lo que hacemos con los solicitantes de asilo”. La ayuda puede alcanzar los 6.000 francos y su objetivo consiste en favorecer la reintegración en el país de origen.

Y luego están las medidas coercitivas para quienes se obstinan en no abandonar el territorio helvético, explica Marc Aurel Schmid, portavoz de la Oficina de Migración del cantón de Zúrich: “Pueden ser meses en detención administrativa o una expulsión forzada”.

En los casos más extremos, la OFM y las fuerzas policiales proceden a los llamados vuelos especiales (165 personas en 2011), una medida controvertida que contempla el recurso a la fuerza física, el uso de esposas o de otras medidas de coerción.

Entrada prohibida

Teóricamente, un extranjero expulsado podría regresar a Suiza a los pocos días. Bastaría con solicitar un visado en la embajada helvética o, en el caso de los ciudadanos de la Unión Europea, valerse de las facilidades que ofrece el acuerdo de libre circulación de personas.

Es cada vez más frecuente que la orden de expulsión lleve consigo una prohibición de entrada en Suiza, que “tiene una duración máxima de cinco años y se puede prolongar en el caso de personas que constituyen una amenaza”, señala Marc Aurel Schmid.

Esta prohibición, sin embargo, no garantiza que los extranjeros expulsados regresen a Suiza. El año pasado, la policía cantonal de Zúrich constató que los más avispados no tienen reparo en solicitar un nuevo pasaporte en su país de origen para volver a Suiza bajo otra identidad.

Expulsiones por vía aérea

2011: 9.461 (6.669 en el ámbito del asilo, 2.792 en el marco de la ley federal de extranjería)
2010: 8.059 (5.345, 2.714)
2009: 7.214 (4.449, 2.765)
2008*: 4.928 (2.239, 2.689)
2007: 5.561 (2.901, 2.760)

En 2011, las partidas voluntarias (sin escolta policial) sumaron 3.022. En 6.141 casos la persona fue acompañada hasta el avión, pero viajó de forma autónoma.  La policía acompañó a 298 personas durante el vuelo (civil o especial).

* En diciembre de 2008, Suiza pasó a formar parte del sistema de Dublín. El acuerdo prevé el reenvío de solicitantes de asilo al país en el que presentaron su primera demanda.

Fuente: Oficina Federal de Migración

Doble iniciativa

En noviembre de 2010, los suizos aprobaron la iniciativa Para la expulsión de los extranjeros que cometen delitos por un 52,9% de votos.

El texto promovido por la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora) prevé la expulsión automática en caso de homicidio intencionado, violencia sexual u otro delito sexual grave; delitos violentos como hurto, tráfico de seres humanos, narcotráfico o hurto con fractura; abuso de la seguridad o la asistencia sociales.

El legislador, precisa la iniciativa, tiene la facultad de agregar otros criterios de alejamiento.

La prohibición de entrada en el país para personas expulsadas varía entre 5 y 15 años (20 en caso de reincidencia).

A mediados de abril, la UCD declaró “intolerable” que un año después de la votación aún no haya visto la luz un proyecto de ley. El partido anunció una nueva iniciativa titulada De puesta en marcha destinada a imponer la aplicación de la iniciativa sobre reenvíos.

El 24 de abril, el Gobierno examinó las dos variantes. La primera preconiza la expulsión automática de delincuentes extranjeros dentro del respeto del principio de proporcionalidad. La segunda, que puede violar el derecho internacional, se basa en una larga lista de infracciones.

Ninguna de las dos convence al Gobierno, por lo que el expediente ha sido devuelto para elaborar una nueva variante.

El Ministerio de Justicia y Policía deberá presentar de aquí al próximo verano un modelo de aplicación que respete a la vez el principio de proporcionalidad y las obligaciones internacionales asumidas por Suiza.


(Traducción: Belén Couceiro), swissinfo.ch



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