Suiza abre procedimiento en el Lazarogate
Buenos Aires protagoniza un escándalo mediático detonado por la denuncia del Grupo Clarín de una presunta red de ‘lavado’ de dinero que conduce a un empresario cercano al kirchnerismo. El Ministerio Público de Suiza confirma que ha abierto un procedimiento. Helvetic Services Group aclara que actúa con apego al derecho y evalúa iniciar acciones legales.
En el centro del conflicto estaría el empresario y amigo personal del extinto presidente Néstor Kirchner, Lázaro Báez, quien presuntamente encargó a los empresarios Leonardo Fariña y Federico Elaskar realizar las gestiones necesarias (ver recuadro) para la transferencia de fondos a paraísos fiscales.
La empresa de asesoría financiera Helvetic Services Group (HSG) y el banco Lombard Odier, dos piezas suizas mencionadas en el complejo entramado, así como la fiscalía helvética y los dos diputados argentinos que encabezan la solicitud de colaboración enviada a Berna fijan posiciones sobre el caso.
La tarde del pasado viernes, Jacqueline Bühlmann, portavoz del Ministerio Público de la Confederación (MPC), confirmó a swissinfo.ch que Suiza “ha abierto un procedimiento con la finalidad primera de obtener, por la vía de la asistencia judicial, informaciones concretas o bien pruebas por parte de Argentina”.
El MPC matiza, sin embargo, que no puede hacer declaraciones adicionales sobre el asunto debido al secreto obligado en virtud de las investigaciones.
El 14 de abril, el periodista argentino Jorge Lanata presentó en el programa de televisión Periodismo para todos (Grupo Clarín) un informe en el que relató –gracias a cámaras ocultas- las maniobras que el empresario Leonardo Fariña realizaba en nombre del empresario santacruceño Lázaro Báez, amigo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.
El testimonio de Fariña fue ratificado en una entrevista hecha a Federico Elaskar, dueño de una financiera desde la cual, según su versión, transferían los fondos al exterior.
Según Elaskar el dinero se trasladaba de noche en un avión privado de Lázaro Báez –matrícula LV-ZSZ– hasta el aeropuerto de San Fernando (Buenos Aires) para luego transportarlo a Uruguay, desde donde se enviaba a diversos paraísos fiscales a través de una cuarentena de sociedades offshore basadas en el Caribe. Parte de los fondos habrían llegado al banco suizo Lombard Odier, de Ginebra.
El diario suizo Tages-Anzeiger publicó (22.04) que Teegan, una sociedad offshore panameña cuyo accionario principal era Martín Antonio Báez –hijo de Lázaro Báez-, tendría una cuenta en el banco ginebrino que facilitó las gestiones.
El escándalo ha copado los medios de comunicación argentinos. Desde entonces se han presentado cinco denuncias ante la justicia. La causa ha quedado en manos del juez federal Sebastián Casanello bajo la carátula ‘Báez Lázaro y otro sobre encubrimiento y asociación ilícita’.
Tras la emisión del programa periodístico, tanto Fariña como Elaskar han desdicho sus afirmaciones previas.
Berna recibió y analizó la demanda
Los diputados de la oposición, María Graciela Ocaña (Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad) y Manuel Garrido (Unión Cívica Radical), ex fiscal de la Oficina Anticorrupción, presentaron el pasado 18 de abril una denuncia por escrito ante el MPC en la que solicitan la colaboración de Berna en la investigación del llamado Lazarogate.
En el documento, de 10 páginas, explican que el Helvetic Service Group, empresa suiza creada en 2005, habría adquirido la financiera SGI de Madero Center –rebautizada como La Rosadita– desde donde Elaskar y Fariña presuntamente enviaron fondos a paraísos fiscales.
Asimismo, Ocaña y Garrido solicitan que el banco privado Lombard Odier, de Ginebra, informe si las personas y empresas denunciadas hasta ahora en esta red “poseen cuentas en dicha institución” y precise si la relación de negocios sigue activa.
La semana pasada, Jeanette Balmer, portavoz del MPC, confirmaba a swissinfo.ch haber recibido por fax, el 18 de abril, una denuncia penal que estaba evaluando para analizar “las sospechas que se denuncian sobre posibles ilícitos”.
El embajador de Suiza en Buenos Aires, Johannes Matyassy, corroboraba que hasta ese momento no existía investigación abierta ni cuentas bloqueadas como aseguraban algunos medios argentinos. Asimismo recalcaba que desde el pasado 13 de febrero está en vigor un acuerdo bilateral de asistencia legal entre Suiza y Argentina, y que Suiza seguiría los pasos correspondientes en estos casos, evaluando si se amerita una investigación.
HSG evalúa acción legal
Consultado por swissinfo.ch, el banco Lombard Odier declinó precisar los nombres, los montos y la duración de la actividad de negocios con los presuntos implicados en este caso. Sin embargo, confirmó que “sí hubo una corta relación bancaria con nuestro establecimiento. La cuenta, no obstante, fue cerrada el año pasado”.
“No sabemos a dónde pudo ir el dinero cuando cerraron la cuenta en Lombard Odier. Ni siquiera tenemos confirmado que se haya cerrado la cuenta”, declaró a swissinfo.ch la diputada Graciela Ocaña.
“Estamos incluyendo en la denuncia una sociedad suiza llamada Helvetic Service Group, cuyo dueño sería una persona suiza”: “… el titular de la financiera S.G.I. sería la empresa Helvetic Services Group, filial argentina de la empresa suiza del mismo nombre, constituida el 14 de noviembre de 2005 bajo las leyes del derecho suizo…”
“Averiguamos en la Cámara de Comercio Suizo Argentina y en la embajada de Suiza, y nadie tenía conocimiento de esta empresa”, dijo Ocaña.
“Consultando las bases de informes comerciales (…), la empresa Helvetic Services Group no aparece registrada con antecedentes comerciales, ni surge un número de CUIT [Código Único de Identificación Tributaria] que permita identificarla”, (…) “…una sociedad suiza que adquirió una financiera (S.G.I.) que habría sido el vehículo para el envío de más de 54 millones de euros” (al exterior).
Ante la imposibilidad de contactar con la filial argentina del Helvetic Services Group, que carece de oficinas o teléfonos reales, swissinfo.ch buscó a la empresa matriz en Lugano:
“Somos una empresa debidamente constituida, registrada bajo la ley suiza, autorizada para actuar bajo el control de las autoridades nacionales suizas, hemos operado siempre apegados a todas las regulaciones que nos impone la ley. No conocemos las noticias de los medios que involucran a nuestra compañía en Argentina, y estamos evaluando iniciar acción legal para proteger nuestra imagen e intereses económicos”.
A pesar de que Suiza ha dado grandes pasos para flexibilizar su secreto bancario de 2009 a la fecha, aún mantiene una diferenciación entre la evasión de impuestos –considerada como la omisión en la declaración de ingresos- y el fraude fiscal –que implica la omisión dolosa en el cumplimiento fiscal a través de la entrega de documentos falsos o acciones similares.
La evasión es considerada una falta administrativa. El fraude, un delito penal.
Ante la sospecha de un delito fiscal cometido por un ciudadano extranjero, pero cuyos fondos se encuentran presumiblemente en suelo helvético, Suiza considera que es responsabilidad de las autoridades del país correspondiente determinar la procedencia de los fondos.
Entre Suiza y Argentina está vigente, desde febrero pasado, un Acuerdo de Asistencia Judicial en Materia Penal para casos de fraude fiscal, pero no de evasión.
Los dos países negocian actualmente una nueva Convención para Evitar la Doble Imposición (CDI), que contempla la asistencia administrativa, en base al artículo 26 del modelo de la OCDE. Su misión primaria es evitar el doble pago de impuestos de un contribuyente cuando tiene actividad económica en Suiza y Argentina.
En Lazarogate se aplicaría el Acuerdo de Asistencia Judicial en Materia Penal solo en caso de comprobarse que los fondos son ilícitos y hubo blanqueo de capitales.
La fiscalía argentina, discreta
El gobierno de Cristina Kirchner ha desestimado el caso. El 25 de abril, Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete, afirmó que el tema “no preocupa en absoluto” a la Casa Rosada.
Por su parte, tanto el empresario Lázaro Báez, como Leonardo Fariña y Federico Elaskar han negado cualquier vínculo con los presuntos delitos.
No obstante, el fiscal federal Guillermo Marijuan – titular de la Fiscalía 9- asumió la investigación de la causa (24.04) por supuesto lavado de dinero contra Fariña y Elaskar, en la que también fue denunciado Báez.
Contactado por swissinfo.ch, Marijuan declinó referirse al caso: “No voy a hablar con la prensa porque las investigaciones quedan en la causa y no en los medios. No voy a hacer ninguna declaración”.
En los tribunales federales de Comodoro Py (calle de Buenos Aires), donde se encuentra Marijuan, está también el despacho de Sebastián Casanello, el juez federal que interviene en dicha causa y quien también rehusó “por el momento” hacer declaraciones a la prensa.
“Confío en la justicia suiza”
El diputado Manuel Garrido, por su parte, dijo desconocer si hay indicios sobre el otro banco helvético que, según la prensa argentina, habría recibido los fondos que dejaron el Lombard Odier.
Garrido tampoco dispone de información detallada sobre la filial del Helvetic Services Group en Argentina, pero confía en que obtendrán el respaldo de las autoridades suizas para esta investigación.
“Yo sé que Suiza tiene sus propias regulaciones (ver recuadro). Nosotros hicimos una presentación ante el Ministerio Público suizo que debería estar evaluando la información que obra ahí. Y ellos decidirán si, de acuerdo a la legislación suiza, corresponde abrir o no una investigación, y los términos de la misma”, declaró a swissinfo.ch.
“No es la primera vez que a raíz de investigaciones que surgen en Argentina o transferencias sospechosas en Suiza se abren investigaciones, inclusive de oficio”, añadió, “confío mucho en la Justicia suiza y se han hecho muchos avances en estos temas”.
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