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Gran dispositivo anticorrupción


La asistencia suiza detonó el Operativo Púnica: España


Por Andrea Ornelas


Francisco Granados, ex secretario general del Partido Popular en Madrid, en la lista de los principales acusados por corrupción.  (Keystone)

Francisco Granados, ex secretario general del Partido Popular en Madrid, en la lista de los principales acusados por corrupción. 

(Keystone)

La prensa española destaca la colaboración suiza como punto de partida de un dispositivo para desmantelar una amplia red de corrupción. La Guardia Civil española ha arrestado a medio centenar de políticos, servidores públicos y empresarios.

Conocida como ‘Operación Púnica’, la redada fue solicitada por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, y materializada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Colaboración suiza

De acuerdo con la prensa española, las autoridades helvéticas habrían enviado a Madrid datos sensibles sobre las cuentas bancarias del político del Partido Popular, Francisco Granados, y sobre el empresario David Marjaliza, dos de los principales detenidos de la Operación Púnica.

Se afirma que los bancos suizos que manejaban las cuentas de Granados y Marjaliza –cuyos nombres se desconocen aún- notificaron que en su calidad de personamente expuestas políticamente (PEP) estaban realizando movimientos sospechosos en sus cuentas suizas.

Suiza habría enviado a España una comisión rogatoria con esta información, lo que permitió iniciar una investigación formal sobre el caso en diciembre del 2013.

El operativo contempla la comisión de al menos 11 delitos, entre ellos, la falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos y fraudes contra la administración, entre otros. E incluye en su lista de implicados a Marcos Martínez Barazón, presidente de la Diputación de León; José María Fraile, alcalde de Parla; José Carlos Boza Lechuga, regidor de Valdemoro; Agustín Juárez, regidor de Collado-Villalba; Gonzalo Cubas Navarro, alcalde de Torrejón de Velasco; y Antonio Sánchez Fernández del Valle, alcalde de Seranillos del Valle; así el empresario Alejandro del Pedro Llorca.

Uno de los principales detenidos es Francisco Granados, Secretario General del Partido Popular (PP) de Madrid  entre 2004 y 2011. En latín, punica granatum significa árbol del granado, por lo que fue una alusión al apellido del político del PP lo que dio nombre a un operativo en el que también fueron arrestados Marcos Martínez Barazon, presidente de la Diputación de León (perteneciente al PP) y el exalcalde de Cartagena, en Murcia, José Antonio Alonso (del PSOE), entre otros.

La Fiscalía Anticorrupción de España ha explicado el caso como “una trama de corrupción municipal y regional infliltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia” (ver ‘Operación Púnica’).

Y los diarios 'El País', 'El Mundo' y 'La Razón', y agencias noticiosas internacionales como Reuters, destacan el rol que jugó Suiza al aportar a España información sobre personas expuestas políticamente (PEP) que permitió trazar la ruta de los ilícitos.

PEPs en Suiza

Consultada por por swissinfo.ch, Jeannette Balmer, portavoz del Ministerio Público de la Confederación Helvética  (MPC) confirmó que dicha entidad “está conduciendo una investigacion penal contra quien resulte responsable ante sospechas de lavado de dinero (Artículo 305bis del Código Penal Suizo) basándose en un reporte entregdo por la Oficina de Información sobre el Lavado de Dinero (MROS)”.

Precisó que en el curso de esta investigación, el Ministerio Público de la Confederación decidió solicitar la ayuda a las autoridades españolas sometiendo a su revisión dos casos (sospechosos de clientes españoles) basándose en los principios de Asistencia Legal Mútua en Temas Penalas vigentes a nivel internacional.

Pero declinó ofrecer más detalle dado que las investigaciones aún están en curso.

La prensa española, no obstante, da por hecho la participación helvética. El diario La Razón publicó el martes que “Francisco Granados y David Marjaliza se habían convertido para la banca suiza en ‘PEPs’, término que sirve para definir a aquellos individuos que podrían haber cometido delitos financieros como el blanqueo de capitales”.

'La Razón' añadió que Granados y Marjaliza contaban con cuentas en Suiza y añade que la Operación Púnica fue posible “gracias a la información aportada por las autoridades suizas, que facilitaron datos sobre las dos cuentas bancarias existentes de los PEP. Se observaron movimientos que levantaron sospechas ante las autoridades helvéticas sobre un posible origen irregular de los ingresos y las autoridades suizas enviaron a la Justicia española una comisión rogatoria en la que dieron cuenta de sospechas fundadas de posible posible blanqueo de dinero”.

Por su parte, el diario 'El País' afirmó que “las pesquisas iniciaron en diciembre de 2013, cuando las autoridades suizas tuvieron conocimiento de que Francisco Granados estaba implicado en el presunto caso de espionaje sufrido en 2008 por políticos del PP. Al cruzar su nombre con sus bases de datos, la justicia helvética descubrió que Granados disponía de una cuenta corriente con 1,5 millones de euros. Suiza avisó a la Fiscalía Anticorrupción, y los depósitos bancarios quedaron bloqueados. A partir de ahí arrancó la Operación Púnica”.

En su turno, 'El Mundo' coincide en que las pesquisas iniciaron durante el invierno del 2013. “La fiscalía de Lausanne informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y  Marjariza por un delito de blanqueo de capitales agravado”.

Asistencia judicial

Hasta ahora, Suiza no ha confirmado si entregó información sensible a España que posibilitara construir la Operación Púnica.

Consultado por swissinfo.ch, no obstante, Raphael Frei, portavoz de la OFJ refirió que la Ley Federal sobre Asistencia Internacional Mútua en Materia Penal permite la asistencia juidicial de Suiza a otros gobiernos, misma que “está conicionada a los procesos judiciales que están en curso en el estado solicitante”.

Por su parte, en el marco de una solicitud previa de asistencia judicial que España envió a Suiza –para investigar una red de cobro de pagos y sobresueldos tejida por el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas-, Folco Galli, portavoz de la OFJ había expresado a swissinfo.ch en 2013 que “de forma general y para la solicitud de cualquier país las autoridades suizas pueden ir más allá del secreto bancario si se reúnen las condiciones necesarias para ello.

Concretamente, Suiza puede ejecutar las peticiones de asistencia y “el secreto bancario no es absoluto cuando existe, por ejemplo, un caso de corrupción”, dijo entonces Galli.

En su sitio web, la OFJ refiere, asimismo, en el apartado que dedica a las responsabilidades que tiene con otros gobiernos que Suiza debe entregar a las autoridades solicitantes “medios de prueba en forma de documentos bancarios (extractos de cuentas), ya  que el secreto bancario no ofrece ninguna protección al presunto malhechor”.

Según la Fiscalía Anticorrupción de España, los integrantes de esta trama habrían cobrado comisiones de entre 2 y 3% de contratos que sumarían alrededor de 250 millones de euros. Comisiones que habrían ‘blanqueado’ posteriormente a través de un entramado de empresas.

Los detalles sobre este caso seguirán fluyendo en los días por venir en tiempos en los que cuatro de cada 10 españoles consideran que la corrupción es el segundo flagelo de su país, solo superado por el elevado desempleo que viven desde el 2008.

La Operación Púnica

La llamada ‘Operación Púnica’ se centra en una red de corrupción que operaba en España a nivel de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia.

Un grupo de empresarios constructores consiguió adjudicarse de forma irregular contratos para obras y servicios públicos gracias al pago de sobornos a concejales y funcionarios.

Las autoridades españolas estiman que se asignaron proyectos por un total de 250 millones de euros. Y los políticos involucrados recibían comisiones equivalente a entre 2 y 3% del valor de los mismos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Expañola realizó la detención de más de 50 personas.

swissinfo.ch

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