Suiza se dispone a saldar una deuda pendiente
Este martes, la cámara baja del Parlamento votó por la rehabilitación de los suizos que lucharon con las Brigadas Internacionales contra el fascismo en España y que a su regreso a Suiza fueron condenados.
El Consejo Nacional respaldó el reconocimiento de esos combatientes por 130 votos contra 23. Sólo la derechista UDC negó su apoyo. La iniciativa parlamentaria aún debe pasar por la cámara alta en la sesión de primavera.
El Gobierno respalda ese reconocimiento. Historiadores y grupos de interesados lo aplauden y esperan que Suiza salde por fin sus deudas con quienes defendieron en el campo de batalla una república democráticamente legitimada.
“La anulación colectiva de las condenas es un procedimiento muy sencillo porque sólo atañe a las personas que, en su día, se vieron afectadas por esas sanciones. La rehabilitación general y abstracta es una medida suficiente para los descendientes porque saben ahora que están suprimidas las condenas”, declara a swissinfo Ralph Hug de la asociación IG Spanienfreiwillige.
La agrupación que defiende los intereses de los voluntarios suizos en la Guerra Civil española, los denominados Spanienkämpfer o ‘combatientes de España’ como se les designa en la Suiza germano-parlante, se muestra satisfecha con el proceso de rehabilitación, aunque esperaba que el Estado fuera un poco más lejos y contribuyera algo más a la concienciación de la memoria histórica, un aspecto no contemplado por el proyecto de ley.
Ralph Hug confía en que la ley se apruebe en marzo de 2009. Según este periodista y biógrafo de Walter Wagner —uno de los ya fallecidos voluntarios suizos que defendieron la II República Española—, la aprobación de la ley de rehabilitación supondría para los descendientes un “gran alivio”. Se les quitaría a esas familias “un peso de encima porque han vivido de cerca las discriminaciones y las desventajas que sufrieron los combatientes después de la condena y durante la Guerra Fría”.
Una rehabilitación tardía
La rehabilitación de los brigadistas suizos llega tarde señala Hug: “Suiza tiene una posición singular en el contexto internacional, ya que la rehabilitación o amnistía llegó mucho antes en otros países, en ocasiones incluso poco después del regreso de los brigadistas. En este sentido, Suiza ha tenido durante décadas una gran deuda.”
Es una opinión que comparte el historiador y experto Mauro Cerutti, de la Universidad de Ginebra: “Muchos de los milicianos de las Brigadas Internacionales fueron exiliados de dictaduras, en particular, antifascistas alemanes e italianos. Su situación era muy distinta porque fue gente que se exilió de sistemas dictatoriales”, explica.
“En Suiza, en cambio, reinaba la democracia. Y a pesar de ello, los voluntarios suizos fueron perseguidos severamente por el Estado democrático. Me parece bien, por tanto, que la democracia suiza salde por fin sus deudas y rehabilite a sus voluntarios.”
El profesor de Historia Contemporánea también se refiere a lo mucho que ha tardado este reconocimiento, lo que “siempre me ha chocado mucho”, subraya. “Suiza, a pesar de ser un estado democrático, ha perseguido y condenado a esos voluntarios de la manera más sistemática y severa.”
“Es el momento de reconocer el valor de este gesto”
El hecho que el Gobierno haya respaldado la iniciativa parlamentaria se debe, en gran parte, a la insistencia del diputado socialista y sindicalista Paul Rechsteiner. Para el catedrático Mauro Cerutti, la aprobación de esta ley tendría, sobre todo, un valor moral y simbólico.
“La rehabilitación es puramente simbólica. Hubo más de 400 voluntarios que fueron condenados por la justicia militar. Y la mitad también fue privada de sus derechos cívicos. Ya no es posible deshacer lo hecho. No hubo indemnizaciones”, explica.
“Con esta rehabilitación se reconoce que el combate de los voluntarios suizos tenía su valor, porque han luchado contra la amenaza del fascismo, que en cierto modo también afectaba a Suiza. Se trataba de acudir en ayuda de un régimen legítimamente instituido, elegido por el pueblo español.”
Las investigaciones históricas sobre los hechos han demostrado que, pese a que los brigadistas fueron organizados principalmente por el Partido Comunista y la Comintern, los voluntarios se fueron a España por decisión propia y motivos personales, advierte Cerutti. “Es verdad que hubo entre los voluntarios gente desempleada. No obstante, para una decisión tan dura se requería un acto de valentía”, agrega.
En su opinión, la rehabilitación representará “un reconocimiento objetivo de la valentía de estos voluntarios que partieron a defender una república legítima atacada por militares nacionalistas apoyados por las fuerzas del Eje.”
Los límites de la rehabilitación
La rehabilitación promovida por el proyecto de ley sólo se refiere a los combatientes que lucharon en el frente republicano; no incluye, sin embargo, a los suizos que lucharon en la Resistencia Francesa.
“Hubo actos de gran valentía por parte de los combatientes de las fuerzas francesas libres de De Gaulle”, anota Cerutti. “En mi opinión, hay cierto paralelismo, se podría por tanto muy bien extender la rehabilitación a los suizos implicados en la Resistencia Francesa. No veo ninguna razón para hacer una distinción”.
Proporcionalmente, la suiza fue una de las participaciones más importantes. “Es el momento de reconocer el valor de este gesto, que décadas atrás fue negado y castigado. Estoy muy contento, pese al hecho que sólo se trata de un reconocimiento moral y simbólico”, puntualiza el historiador.
“España tiene que enfrentarse al pasado dictatorial”
El trabajo de rememoración de la historia reciente es una tarea que incumbe tanto a la sociedad civil como al Estado. Últimamente, se han multiplicado los esfuerzos para la recuperación de la memoria por parte de asociaciones civiles. Los deudos de los brigadistas suizos siguen con gran atención el debate actual en España sobre la exhumación de las víctimas del franquismo enterradas en fosas comunes.
Según Ralph Hug, es un proceso al que España tiene que enfrentarse “también en el sentido de la rememoración histórica del pasado dictatorial”. Califica de valientes las iniciativas que las asociaciones civiles para la memoria histórica han logrado a veces incluso contra la voluntad de las autoridades judiciales.
Hug juzga que el Estado español ya no puede permitirse el lujo de silenciar el pasado, sino que tiene que emprender pasos concretos para la recuperación de la memoria. Y concluye: “Creemos que se trata de un proceso irrevocable a pesar del debate sobre la competencia de los tribunales que se está cuestionando actualmente. Es una cuestión que España en todo caso tendrá que solucionar.”
La Guerra Civil estalló el 18 de julio. En Suiza, la movilización a favor del bando republicano fue masiva. Las autoridades helvéticas, sin embargo, haciendo referencia a la neutralidad de Suiza, intervinieron emitiendo dos decretos en agosto de 1936 que prohibían a organizaciones la recolecta de dinero.
Millares de militantes antifascistas, procedentes del mundo entero, dejaron todo para apoyar al ejército republicano. Pese a la prohibición estatal, acudieron cerca de 800 ciudadanos suizos. Proporcionalmente, el contingente helvético fue uno de los más numerosos.
Los voluntarios eran sobre todo comunistas, socialistas, anarquistas y antifascistas sin una vinculación política específica. Entre 1936 y 1939, cerca de 170 pagaron con sus vidas la lucha contra el fascismo en España.
Una vez que volvieron a Suiza, los voluntarios tuvieron que rendir cuentas ante los tribunales de división suizos. Más de la mitad fueron condenados sobre la base del artículo 94 del Código Penal Militar, que prohibía a los nacionales alistarse en un ejército extranjero sin autorización expresa del gobierno.
La mayoría fue condenada a varios meses de prisión. Según informaciones de IG Spanienfreiwillige, siguen vivos únicamente cinco brigadistas suizos, de los cuales sólo uno está en condiciones de hablar.
Fundada en noviembre de 2007 en Zúrich, la agrupación se empeña en la rehabilitación de los antiguos combatientes y la anulación de las condenas penales.
Además, lucha por el reconocimiento público de la contribución histórica de esos combatientes, que, en opinión de la entidad, aún no han sido reivindicados en la justa medida.
La asociación aplaude la decisión tomada por el Consejo Federal y confía en que “está por buen camino” el proyecto de ley tras haber recibido el apoyo de las dos comisiones parlamentarias.
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