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La fiscalía suiza avanza en las indagaciones

Keystone

Los expertos que investigan los fondos de los dictadores depuestos durante la primavera árabe creen haber identificado todos los haberes sospechosos tunecinos. En el caso egipcio, faltan por analizar miles de transacciones, según Maria-Antonella Bino, fiscal general adjunta.

Suiza procedió inmediatamente a congelar los activos pertenecientes a los dictadores derrocados en Túnez, Egipto y Libia sospechosos de haber desviado fondos públicos.

La fiscal general adjunta del Ministerio Público de la Confederación (MPC), Maria-Antonella Bino, hace un balance tras un año y medio de investigaciones.

Los expedientes de la primavera árabe constituyen una prioridad para la fiscalía suiza, que confía en concluir su trabajo antes de finales de 2013.

swissinfo.ch: ¿Han aumentado las sumas de los fondos bloqueados en Suiza desde el anuncio que hizo el Gobierno al inicio de la primavera árabe?

Maria-Antonella Bino: En lo que concierne a los haberes confiscados tras la caída del ex presidente [egipcio] Mubarak y a día de hoy, a la cifra inicial de 410 millones de dólares se han sumado 290 millones descubiertos durante la instrucción que ordenó el MPC, en el marco del proceso penal abierto por connivencia o participación en una organización criminal.

La suma de 60 millones de dólares, anunciada en el caso de Túnez, no ha variado. El MPC investiga el caso tunecino desde hace un año y medio. No creemos que vayamos a encontrar otros fondos de origen presuntamente ilícito en Suiza. A nuestro saber, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos (MPC). Los activos que se confiscaron tras la orden del Gobierno coinciden con las sumas congeladas en el procedimiento penal.

swissinfo.ch: El juicio celebrado en Egipto en junio absolvió al clan Mubarak del delito de corrupción. ¿En qué medida inciden los procesos en curso en la instrucción que lleva a cabo el MPC?

M.-A.B.: Es obvio que en procedimientos como los de la primavera árabe, la evolución de las investigaciones y las sentencias emitidas sobre los bienes expoliados y los presuntos responsables tienen un impacto fundamental en el avance y los resultados de los procedimientos abiertos en Suiza.

Los hechos que instruimos tienen su origen en esos países. Por ello es importante que se nos informe rápidamente de toda evolución en este contexto.

A día de hoy, analizamos el alcance de las sentencias pronunciadas especialmente en Egipto, y como podemos leer en la prensa egipcia, hay más de una. En otras palabras, tanto en el caso de Egipto como en el de Túnez, hay procedimientos nacionales en curso.

swissinfo.ch: Además de Egipto, ¿han sido contactados en otros casos relativos a la primavera árabe?

M.-A.B.: Hay una investigación en curso por presunto blanqueo de dinero y connivencia, así como participación en organización criminal en el caso de Libia, y por blanqueo de dinero en el caso de Siria. Los sospechosos son ciudadanos de esos dos países.

swissinfo.ch: El fiscal general, Michael Lauber, ha declarado que Suiza es el único país que avanza en estos casos vinculados a la primavera árabe. ¿Es aún así? ¿Colabora el MPC con otros países, además de los demandantes?

M.-A.B.: Las investigaciones en Suiza van muy avanzadas y procedemos con la máxima celeridad. Colaboramos con otros Estados afectados por los mismos hechos, una colaboración especialmente fructuosa. Hay demandas de asistencia mutua en curso en los casos egipcio y tunecino.

swissinfo.ch: ¿Los pasos judiciales emprendidos en Suiza tienen un impacto sobre los que se han iniciado en otros países?

M.-A.B.: Puedo hablar solo a título personal. Suiza fue el primer país que congeló fondos y hemos avanzado mucho en nuestras investigaciones. Y estos progresos pueden tener un efecto en otros países, aunque solo sea por el simple hecho de que pedimos asistencia a otras jurisdicciones extranjeras que, luego, abren un procedimiento penal gracias a los elementos que citamos en nuestra petición de asistencia.

swissinfo.ch: ¿Cuánto estima que puede durar la instrucción?

M.-A.B.: Respecto a la conclusión de las investigaciones en Suiza preferimos calcular en meses más que en años, pero siempre es difícil hacer un pronóstico temporal. Los avances de una instrucción dependen de varios factores y no exclusivamente del rendimiento laboral de los investigadores.

Las personas que son objeto de las investigaciones tienen el derecho de recurrir casi todas las actuaciones de la instrucción. Según la complejidad de las cuestiones apeladas, se necesitan entre uno y ocho meses para que el Tribunal Penal Federal se pronuncie sobre el recurso. Y, en algunos casos, su dictamen también puede ser objeto de un recurso, lo que significa una prolongación ulterior de varios meses.

Quiero insistir en que las cuestiones relativas a la primavera árabe constituyen una prioridad para el MPC, como lo declaró el fiscal general Michael Lauber al inicio de su mandato. Y tratamos de concentrar una parte de nuestros recursos para que las investigaciones avancen.

swissinfo.ch: ¿El MPC carece aún de recursos humanos para hacer frente a estos casos espinosos?

M.-A.B.: Podríamos poner a 10 o 20 colaboradores a trabajar en este tipo de procedimientos, pero la eficacidad laboral del MPC no depende forzosamente del número de personas. Ante todo, se necesita una buena estrategia, adoptar las decisiones pertinentes en el momento oportuno, y también, un poco de suerte.

Actualmente, una veintena de personas (policías, fiscales y analistas financieros) trabaja en los expedientes egipcio y tunecino. Las investigaciones son complejas.

Solamente en el caso egipcio, hay cerca de 140 relaciones bancarias bajo investigación. Nuestros expertos financieros han analizado más de la mitad. Y el análisis de cada relación bancaria implica de 200 a 5.000 transacciones financieras. Esto ilustra el volumen de trabajo.

Túnez: el 19 de enero de 2011, a los pocos días del derrocamiento del Gobierno tunecino, Suiza congela los haberes pertenecientes al ex presidente Ben Ali y una cuarentena de sus allegados. Actualmente, siguen bloqueados 60 millones de dólares depositados en cuentas bancarias suizas.

Egipto: el 11 de febrero de 2011, Suiza congela activos de Hosni Mubarak y personas de su entorno. A los 410 millones de dólares confiscados en esa fecha se han sumado 283 millones, que pertenecen a familiares o miembros del depuesto régimen.

Libia: el 24 de febrero de 2011, Berna congela 650 millones de francos. Los titulares de las cuentas son Muammar Gaddafi y miembros de su clan. Siguen bloqueados un centenar de millones de francos. El resto ha sido restituido a Libia en el marco de una resolución de la ONU.

Siria: el 18 de mayo de 2011, tras la sangrienta represión por el régimen de al Asad, Suiza se suma a las sanciones de la Unión Europea y ordena congelar cerca de 70 millones de francos. En la lista de titulares figuran 120 personas, así como 40 empresas y entidades vinculadas al presidente sirio.

El 19 de septiembre, Suiza confirma la congelación de varios cientos de millones de francos en cuentas pertenecientes a cuatro ciudadanos de Uzbekistán sospechosos de blanqueo de dinero. Según la radio-televisión suiza RTS, se ha abierto un procedimiento penal contra familiares del presidente de ese país, Islam Karimov.

Suiza ha lanzado varias iniciativas para acelerar y coordinar a escala internacional los procedimientos en la lucha contra el crimen financiero de las personas políticamente expuestas (PPE).

Respalda económicamente el International Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR), de Basilea, y la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR), que lanzaron conjuntamente la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDD) y el Banco Mundial en 2007.

Desde 2001, Suiza organiza reuniones informales de expertos gubernamentales en Lausana.

En junio de 2010 y en colaboración con la StAR, Suiza organizó en París una conferencia internacional sobre desarrollo y recuperación de activos.

Durante las negociaciones de la Convención de la ONU contra la Corrupción (CNUCC ), Berna defendió la obligación de restituir los valores patrimoniales ilícitos al país de origen y de indemnizar a las víctimas.

El 24 de septiembre de 2009, Suiza ratificó la CNUCC, que entró en vigor ese mismo día.

Fuente: Ministerio suizo de Exteriores

(Traducción: Belén Couceiro)

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