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Infanta Cristina


España no ha pedido asistencia judicial a Suiza


Por Andrea Ornelas


Desde septiembre pasado, la infanta Cristina es la directora del Área de la Fundación La Caixa en Ginebra (Keystone)

Desde septiembre pasado, la infanta Cristina es la directora del Área de la Fundación La Caixa en Ginebra

(Keystone)

Cristina de Borbón y Grecia comparece este sábado en Palma de Mallorca ante el juez del caso Nóos sobre el que tendrá que declarar por los supuestos delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal. Suiza confirma a swissinfo.ch que hasta ahora no ha recibido ninguna solicitud de asistencia judicial relacionada con la infanta.

Es la segunda imputación en menos de nueve meses que doña Cristina recibe del juez instructor José Castro. Iñaki Urdangarin, cónyuge de la infanta, es investigado por delitos contra la Hacienda pública que, según el magistrado, “difícilmente podrían haber sido cometidos sin el conocimiento y la aquiescencia de su esposa”.

El Sindicato Manos Limpias, colectivo de funcionarios públicos que presentó una acusación popular contra ella por blanqueo de capitales y delito fiscal, destaca el carácter histórico de la comparecencia.

“Nunca antes un miembro de la realeza española, o europea, había sido investigado por este tipo de delitos. Y para España tiene un gran significado, porque hasta ahora todo lo relacionado con el Rey y su familia estaba blindado. La realeza era inmune, e impune, ante cualquier actuación”, explica a swissinfo.ch Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias.

El caso Nóos

Se trata de una investigación que se desprende del caso Palma Arena que estalló en 2007 en España, cuando el presidente balear Francesc Antich descubrió contradicciones en las cuentas del entonces nuevo pabellón deportivo Palma Arena, que se había licitado en 43 millones de euros, pero que había costado en realidad 110 millones.

Al investigar las irregularidades, se encontraron unos convenios suscritos entre 2004 y 2006 con el Instituto Nóos, una entidad no lucrativa dirigida por Iñaki Urdangarin.

Se presumía la existencia de convenios sin concursos públicos con las comunidades autónomas de Valencia y Baleares. Y la existencia de una red de sociedades que permitió a Urdangarin y a su socio, Diego Torres, desviar fondos públicos a su favor.

El juez José Castró imputó a Urdangarin en diciembre del 2011 por evasión, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude fiscal y falsedad documental. Y el exjugador de balonmano debió declarar al respecto.

Suiza, asistencia judicial

La colaboración de Suiza podría ser una pieza clave para desentrañar el caso Nóos. Se presume que el duque de Palma utilizó de forma personal fondos públicos por 7 millones de francos suizos y que una parte de esa suma fue a parar a Suiza a través de una red de compañías y testaferros aliados de Urdangarin, según declaró el juez Castro en 2012 tras obtener el testimonio de diversos protagonistas del caso.

En agosto del 2013, el Ministerio Público de la Confederación (MPC) confirmaba a swissinfo.ch que efectivamente estaba atendiendo una solicitud de asistencia judicial presentada por España.

Consultada nuevamente sobre el caso Nóos en vísperas de la declaración de la infanta Cristina, Jeannette Balmer, portavoz de la MPC, declaró a swissinfo.ch que se han tomado medidas adicionales con respecto a las aplicadas hasta el verano pasado, pero declinó ofrecer detalles en apego a los llamados secretos de función e instrucción.

No obstante, Raphael Frei, portavoz de la Oficina Federal de Justicia (OFJ) afirmó a swissinfo.ch que, por el momento, la OFJ “no ha recibido ninguna solicitud de asistencia legal relacionada con la infanta Cristina”.

Inocencia o culpabilidad…

La primera imputación contra doña Cristina data de abril de 2013 y no prosperó. El fiscal anticorrupción balear, Pedro Horrach, la recurrió con éxito ante la Audiencia de Palma de Mallorca argumentando que no existían indicios reales de que la hija del rey de España hubiera cometido algún delito.

Sin embargo, dado que ambos cónyuges son propietarios a partes iguales de la empresa Aizoon, un apéndice del Instituto Nóos, y que realizaron “un reparto fáctico y fiscalmente opaco de los dividendos de la empresa, para atender gastos personales”, el juez Castro decidió imputar nuevamente a la infanta para conocer su versión de los hechos.

La defensa de doña Cristina ha trabajado intensamente en limpiar la imagen de la duquesa de Palma. Jesús María Silva, uno de sus abogados, expresó hace unos días a Televisión Española que “confianza y matrimonio son absolutamente inescindibles”. Según el legista, no puede exigirse ni a la infanta ni a ninguna otra mujer que cuando sus maridos les pidan firmar algún documento “primero llamen a un notario y a tres abogados”.

Entre los personajes públicos que se han manifestado convencidos de la inocencia de la directora del Área Internacional de La Fundación La Caixa en Ginebra figuran el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Los tres inspectores de la Agencia Tributaria que revisaron a petición del fiscal Horrach los expedientes de Nóos –también consideran que doña Cristina está libre de delitos.

Sin embargo, el perito de Manos Limpias, Javier Amat, confirmó a finales de enero que la infanta sí incurrió en los delitos que le imputa el juez Castro. El Palacio de la Zarzuela, en tanto, ha optado por un discreto silencio.

La infanta Cristina

Cristina de Borbón y Grecia, la segunda de los tres hijos que tienen los reyes Juan Carlos y Sofía, nació en Madrid, en 1965.

Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Complutense y realizó un Máster en Relaciones Internacionales en Nueva York. En 1997 contrajo matrimonio con el jugador de balonmano Iñaki Urdangarin con quien tiene cuatro hijos.

Los duques de Palma vivieron en Barcelona, así como en Washington D.C., ciudad en la que Urdangarin se desempeñó como consejero internacional de Telefónica y ella, como directiva de la Fundación La Caixa.

En 2013, la infanta y su familia se mudaron a Ginebra, oficialmente para asumir un nuevo cargo como coordinadora de los programas de la Fundación La Caixa ante la ONU. Los medios españoles consideran, no obstante, que fue una forma de poner distancia mientras  corre la investigación sobre presunto desvío de fondos cometido por su esposo.

Se apelaría una exculpación

Los preparativos para la comparecencia de la infanta ante la Justicia de Palma mantienen en vilo a la prensa y opinión pública españolas.

Por razones de seguridad, Francisco Martínez Espinosa, juez decano de Palma, anunció el pasado domingo que el juzgado permitirá a la duquesa llegar en vehículo, evitándole con ello el famoso paseíllo, es decir, recorrer a pie la rampa que da acceso a la puerta trasera de los juzgados de Palma.

Un “trato de privilegio” que denuncia el Sindicato Manos Libres y que se suma a otra concesión de la que gozará la infanta: su declaración solo será grabada en audio y no en vídeo para evitar la proliferación de imágenes en las redes sociales.

“Existe un tremendo lobby por parte de la Zarzuela. Tanto el juez Castro como la acusación de Manos Limpias están sometidas a una gran presión que ejercen el fiscal anticorrupción, el Ministerio de Hacienda y su Agencia Tributaria, el Gobierno actual y algunos medios de comunicación”, afirmó Miguel Bernard.

La prensa española asegura que la defensa de la infanta podría aferrarse a la doctrina Botín, que dictó el Tribunal Supremo (2007) en favor del banquero Emilio Botín y que establece que una acusación popular no es suficiente para sustentar una causa si la fiscalía no presenta acusación.

Sin embargo, anticipó,  si  la Infanta fuera desimputada debido a la presión que él cita, “recurriríamos la decisión ante la Audiencia Provincial (de Palma) porque estamos convencidos de que se produjeron los delitos en cuestión”.

swissinfo.ch



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