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Iniciativa de ejecución


¿Voluntad popular al pie de la letra?




Momento en que fueron entregadas las firmas ciudadanas que respaldan la iniciativa de ejecución, el 28 de diciembre de 2012. (Keystone)

Momento en que fueron entregadas las firmas ciudadanas que respaldan la iniciativa de ejecución, el 28 de diciembre de 2012.

(Keystone)

La Unión Democrática de Centro (UDC), partido de derecha y el principal en Suiza, genera controversia con su iniciativa para asegurarse de que se ejecute al pie de la letra la voluntad ciudadanía de expulsar a los extranjeros que delincan.

¿Es un “medio de presión”, un “abuso de los derechos populares”, la “eliminación de la separación de poderes”, o, simplemente, “inútil”, como indica el Gobierno de Suiza? La iniciativa de ejecucion para la expulsión de extranjeros que delincan, impulsada por la UDC, recibe críticas masivas de un gran espectro del mundo político helvético.

Con esta nueva ‘iniciativa de ejecución’, el partido conservador busca que se aplique al pie de la letra la ‘iniciativa para la expulsión de extranjeros que delincan’, también de su autoría y que fue respaldada por la ciudadanía helvética en las urnas en 2010.

Iniciativa Popular

La iniciativa popular permite proponer una enmienda en la Constitución Federal. Para llevarla a las urnas debe ser respaldada con 100 000 firmas ciudadanas válidas, recogidas en un periodo de 18 meses.

La iniciativa es examinada por el Gobierno Federal, que toma posición y la transmite al  Parlamento.

El legislativo formula sus recomendaciones de voto al electorado. Es decir, puede apoyar la iniciativa, rechazarla y, eventualmente, proponer un contraproyecto en la materia.

La iniciativa se somete a votaciones populares. Para ser aprobada debe obtener la doble mayoría, del pueblo y los cantones.

Cada iniciativa aprobada debe ser implementada a través de una ley de aplicación relativa, establecida por el Parlamento. (Ver Glosario)

¿Por qué insistir de nuevo con una iniciativa que respalda a otra ya aceptada hace 5 años?: Apenas en marzo pasado, el Parlamento aprobó la Ley de aplicación de la ‘iniciativa para la expulsión de extranjeros que delincan’, pero con una cláusula no prevista en el texto inicial: la expulsión no será automática en casos de rigor, a saber, si pudiera poner al infractor o a su familia en una situación grave.

El presidente del partido, Toni Brunner, explica que justo debido a esta demora por parte de las autoridades federales para establecer la ey de aplicación de la iniciativa, la directiva de la UDC ya en 2012 se cuestionó qué hacer en caso de comprobar que el artículo constitucional en la materia no se estableciera al pie de la letra.

Así surgió la ‘iniciativa de ejecución de la expulsión de extranjeros que delincan’, conocida simplemente como ‘iniciativa de ejecución’, que busca anclar en la Constitución Federal la lista de delitos, algunos menores, que, según el texto de la iniciativa, obligan a la expulsión de forma automática.

El referéndum no era la alternativa

"Se trata de un nuevo instrumento que busca echar por tierra una decisión del Parlamento, o mejor dicho, forzar esa decisión”, indica el politólogo Marc Bühlmann. "Hasta ahora esa función la tenía el referéndum”.

Referéndum

El referéndum (facultativo) permite que la ciudadanía decida si acepta o no una legislación aprobada por el Parlamento.

Para someter una ley a las urnas, deben reunirse en 100 días 50 000 firmas ciudadanas.

El referéndum es obligatorio cuando el Parlamento realiza modificaciones a la Constitución Federal.  (Ver Glosario)

¿Entonces por qué la UDC no ha empleado la vía del referéndum contra la ley de aplicación aprobada por el Parlamento? “Temimos que al final convocásemos a referéndum contra una legislación que tal vez sea mejor que la anterior, pero que no incluye el artículo constitucional que el pueblo aprobó en las urnas”, explica Brunner. La iniciativa de ejecución tiene solo una meta: “Ayudar a afirmar la voluntad popular”, subraya.

"La iniciativa de ejecución fue, desde el punto de vista de la estrategia partidista, una jugada relativamente astuta. Casi lleva a que la iniciativa para la expulsión de extranjeros que delincan se aplicase tal como le hubiese gustado a la UDC”, analiza Bühlmann.

Markus Schefer, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad de Basilea, observa con ojos críticos estas pretensiones. “A través de este tipo de iniciativas se hace campaña electoral, con plena consciencia de que se vulnera el Derecho Constitucional y se incurre en otras violaciones jurídicas. Esta combinación me parece nueva. Y esto es muy lamentable”.

En su opinión, esta herramienta “quebranta de modo considerable el principio de la proporcionalidad que caracteriza a nuestro orden jurídico y que es crucial”.

Separación de poderes

Cuando Suiza fue fundada en 1848, en la Constitución Federal se establecieron los tres niveles de poder: el Legislativo (Asamblea Federal), el Ejecutivo (Consejo Federal) y el Judicial (Tribunal federal; hoy diversos juzgados).

El Estado de Derecho establece que esos tres poderes quedan separados entre sí. Esto permite evitar la acumulación de poder en manos de un único órgano de Estado.

¿Separación de poderes invalidada?

El profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Berna Wolf Linder observa incluso que los principios de la separación de poderes están en peligro. “El problema es que a través de una iniciativa popular se rompa la separación de poderes, con instrucciones y órdenes directas al Parlamento, al Gobierno y a la Justicia.

La ejecución de la ley no es tarea del legislador, y el que se ocupa de la ejecución debe sujetarse a controles independientes. Ese principio es fundamental”. Comparaciones internacionales muestran que “sin separación de poderes no hay constitucionalidad, y donde se ha perdido subsiste el peligro de caer en un régimen autoritario”, añade Linder.

Kurt Fluri, diputado del Partido Liberal-Radical (PLR) y miembro de la Comisión de la cámara baja sobre las Instituciones Políticas, observa que con esta iniciativa el Parlamento queda bajo presión y coincide en que se viola la separación de poderes. "El pueblo se atribuye así el papel de legislador”, subraya el jurista. "Cuando el pueblo actúa directamente como legislador, entonces la Constitución pierde, seguramente, su razón de ser inicial”.

"¡Separación de poderes! ¡Por favor!… El legislador tampoco puede tomarse todos los derechos”, reacciona Brunner. “Y sobre los tribunales: En Suiza, lo hemos comprobado, tenemos la creciente tendencia a que los juzgados pasen por alto la decisión popular frente al Derecho Internacional o los acuerdos internacionales.

Margen de maniobra del legislador

Para Fluri, el deseo de que se aplique al pie de la letra un texto de una iniciativa no corresponde a los principios constitucionales helvéticos. El Parlamento, explica, como órgano legislador, tiene la tarea de traducir el texto de una iniciativa aprobada por el voto ciudadano en una ley de aplicación. Fluri considera que con la iniciativa de ejecución de la UDC el margen de maniobra del Legislativo queda severamente restringido. Pero el presidente de la UDC, Toni Brunner arremete: “El Parlamentono ha hecho su trabajo.”

La aplicación de las iniciativas es una tarea que ocupa, cada vez con mayor frecuencia, al Parlamento. Desde la introducción del instrumento de la iniciativa popular, el Legislativo suizo ha trabajado en 22 de estas propuestas aceptadas en las urnas. Entre 1893 y 1949, el pueblo aceptó siete. Desde 1982 a la fecha, quince, y esto, desde 2008, prácticamente una por año. Por primera vez en 2014, fueron dos en un solo año.

“El Derecho Constitucional debería limitarse a las normas básicas de la organización y a las competencias del Estado. De este modo, el Parlamento tiene un margen de maniobra suficientemente amplio para legislar”, explica Wolf Linder.

Kurt Fluri recuerda, al respecto, que “en el preámbulo de la iniciativa de ejecución está definido que ésta es directamente aplicable, sin necesidad de ley alguna”, por lo que excluye la tarea del Legislativo.

“Ninguna decisión es sacrosanta”, argumenta, por el contrario, el politólogo Bühlmann. Acepta que al principio tenía las mismas reservas. “Pensaba que esta iniciativa anulaba sustancialmente la idea de la democracia directa. Pero tras un análisis racional me percaté de que esta iniciativa no es más que un impulso desde abajo que, en caso de ser aprobada en las urnas, deberá ser discutida en el Parlamento, con un cierto margen de maniobra”.

El presidente de la UDC comenta que es “verdaderamente triste que se deba recurrir a este instrumento” y que espera no volver a tener que emplearlo. “Pero no puedo excluirlo”.

La iniciativa de ejecución será probablemente evaluada en las urnas en 2016.


Traducción del alemán: Patricia Islas

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