La ONU reitera pedido para abolir pena capital a crímenes de droga

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El ministro de Relaciones Exteriores filipino, Perfecto Rivas Yasay, toma la palabra en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 27 de febrero de 2017, en Ginebra

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La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), vinculada a Naciones Unidas, instó este jueves a la abolición de la pena capital a los crímenes relacionados con drogas y criticó los asesinatos extrajudiciales en Filipinas, en el marco del combate antinarcóticos.

"Las sanciones impuestas por violar la normatividad de drogas deben ser proporcionales, y con base en esa proporcionalidad, la Junta ha insistido en que los países que tienen hoy la pena de muerte pueden dejar de aplicarla", dijo Francisco Thoumi, miembro de la JIFE, al presentar en Bogotá el reporte divulgado en Viena.

Según fuentes oficiales de Colombia, principal productor de cocaína del mundo según la ONU, en 34 países el narcotráfico es considerado un delito grave que puede pagarse incluso con la muerte, entre ellos China e Indonesia.

Además, el texto cuestionó las políticas del presidente filipino Rodrigo Duterte, elegido en 2016 con la promesa de erradicar las drogas en la sociedad con una política de ejecución de decenas de miles de personas. Desde junio, la policía ha matado a 2.550 personas y más de 4.000 han muerto en circunstancias inciertas.

"Las acciones extrajudiciales emprendidas supuestamente con el objetivo de controlar las drogas son fundamentalmente contrarias a las provisiones y objetivos" de las convenciones internacionales sobre estupefacientes, reza el documento.

En agosto la JIFE, un organismo cuasi judicial para monitorizar la implementación de las convenciones de la ONU sobre drogas, ya urgió a Filipinas, en camino a la aprobación de la pena capital contra estos delitos, a acabar "inmediatamente" con los asesinatos.

En el informe anual condena esta práctica "en los términos más duros", denunciando una "seria violación de los derechos humanos" y una "afrenta a los más básicos estándares de dignidad humana".

- Cannabis legal -

El organismo también recordó a Uruguay y a los cinco gobiernos federales de Estados Unidos que permiten el consumo recreativo del cannabis, cuyo uso quedó limitado a los fines médicos y científicos en la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU de 1961.

"Todas las partes en la Convención están obligadas a aplicar las disposiciones de la Convención dentro de su propio territorio", señala el informe.

Pero alentó a que en casos de "delitos leves" relacionados con drogas y cometidos por consumidores, los Estados "adopten medidas sustitutivas no punitivas, en vez de recurrir a detenciones y encarcelamientos.

"Las políticas de drogas deben hoy en día tener en cuenta las convenciones de derechos humanos, las convenciones sobre el medio ambiente y deben tener en cuenta las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el año 2030", agregó Thoumi.

El informe también pidió a los Estados que en casos de regulación de cannabis medicinal se "apliquen integralmente" las medidas previstas en dicho pacto, para evitar "desviación hacia canales ilícitos".

- "Repercusiones ambientales" -

Asimismo, la Junta mostró su "preocupación por el deterioro de la seguridad en Afganistán y el impacto de este empeoramiento en la capacidad de las autoridades para monitorizar y controlar el suministro ilegal de drogas desde este país" a otros lugares del mundo.

Y destacó el aumento del tráfico, consumo, producción e incautaciones de sustancias sicotrópicas en todo el mundo.

Alertó igualmente por las "repercusiones ambientales" del tráfico de cocaína, especialmente por la deforestación en Honduras, Nicaragua y Guatemala, utilizados como lugar de paso de la droga en su ruta final hacia Estados Unidos, "sobre todo por la construcción de carreteras y pistas de aterrizaje clandestinas".

Además, la Junta se mostró a "disposición" del gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), principal y más antigua guerrilla del país, para la "aplicación" del acuerdo de paz firmado en noviembre.

El pacto, que busca poner fin a una conflagración de más de medio siglo, incluye un punto sobre "solución al problema de las drogas ilícitas". La guerrilla ha reconocido haberse financiado con actividades relacionadas con el narcotráfico, como el cobro de impuestos a cultivadores de coca, base de la cocaína.

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