La política de ‘seguridad’ colombiana, un peligro
Organizaciones suizas denuncian escalada de violencia contra defensores de los derechos humanos en ese país sudamericano.
Subrayan la importancia de las iniciativas civiles para poner fin a la guerra y advierten que la paz sólo puede construirse con la participación de todos los sectores.
“En Colombia todos los que hacen trabajo democrático y defienden los derechos humanos están en peligro”, subrayó Diego Pérez del Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL).
Dijo que en sus casi 40 años, el conflicto ha permeado todas las capas de la sociedad, por lo que la solución “no se va a dar con sólo dos partes en la mesa de negociaciones”.
Por su parte, la también representante de esa estrategia helvética en Colombia, Irma A. Perilla, se refirió a las agresiones de que son víctimas las mujeres colombianas cuyos afanes pacifistas han tratado de ser acallados con violaciones, secuestros y asesinatos.
De visita en Berna para participar en el diseño de la agenda de actividades de SUIPPCOL para el período 2005-2007, los activistas ofrecieron una conferencia en la que hablaron sobre la situación actual de su país, inmerso en una guerra intestina que ha enlutado a más de 200 mil hogares.
“De Colombia se habla para referirse al conflicto armado o a las drogas, pero poco se dice sobre las iniciativas civiles que crean alternativas de solución”, enfatizó Diego Pérez. Reconoció, sin embargo, que tales propuestas son frágiles por lo que exhortó el apoyo internacional para su consolidación.
Al respecto, Peter Stirnimann, coordinador de SUIPPCOL, ratificó el interés de Suiza en apoyar ese tipo de iniciativas contra la violencia. “Nosotros queremos hacer aportes para la paz con justicia social”, subrayó y advirtió que esa paz no consiste en el mero desarme de un grupo.
SUIPPCOL, concebido por la Acción de Cuaresma, Caritas, Eper, Helvetas, Swissaid, Amnistía Internacional y el Instituto de Etnología de la Universidad de Berna, cuenta con el apoyo del Gobierno suizo, que actúa también como ‘facilitador’ del proceso de paz en el país latinoamericano.
La política de Uribe
Los ponentes colombianos se refirieron a la Política de Seguridad Democrática aplicada por el gobierno de Álvaro Uribe, que parte de la idea de resolver el conflicto del país mediante el fortalecimiento de las fuerzas armadas con el apoyo (logístico y económico) de Washington.
Bajo la consigna de que “todos los colombianos deben participar” en el conflicto, la estrategia gubernamental involucra a jóvenes de comunidades rurales, creando soldados campesinos a la manera de las Patrullas Juveniles integradas durante los conflictos armados de Centroamérica, o de las Rondas Campesinas creadas por Alberto Fujimori en Perú, explicó Pérez.
Esos chicos van a la guerra porque no tienen empleo y de esa manera pueden ganarse la vida. Empero, sus labores se desarrollan en un marco en el que todos se conocen y, por ende, son blanco fácil para la guerrilla.
“Es un círculo vicioso de la violencia”, comentó el representante colombiano de SUIPPCOL.
Culpable hasta probar lo contrario
La política instrumentada por el gobierno de Bogotá hace de la ‘seguridad’ una prioridad, lo que en la práctica significa una violación constante de los derechos humanos, explicaron los activistas por la paz.
A partir de informes militares, el gobierno crea expedientes de las personas comprometidas con la defensa de las garantías civiles. “Como defienden los derechos humanos, los acusan de estar cerca de los guerrilleros y los procesan”, indicó Diego Pérez.
“En Colombia –añadió-, se cambia la columna vertebral de los derechos humanos. Ahí, eres delincuente hasta que pruebes tu inocencia”. De acuerdo con el conferencista esa situación ha incidido gravemente en las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Vejaciones y asesinatos de mujeres
“La política de seguridad ha generado nuevos riesgos para las mujeres”, sentenció Irma A. Perilla. Como ejemplo se refirió al proyecto de ley –retirado del Congreso pero que el ejecutivo amenaza con volver a presentar- para que la población femenina colombiana realice un servicio militar.
Aludió igualmente al ‘acto de entrega de armas’ que las madres campesinas deben realizar con sus hijos recién reclutados y que las vuelve igualmente blanco de las agresiones de los grupos insurrectos.
En general, señaló, el impacto de esa política ha sido de reforzamiento de los estereotipos contra las mujeres y las niñas con el resultado de incremento de la violencia sexual, reclutamiento forzado para la servidumbre sexual, secuestros, asesinatos…
A partir de la visita en el 2002 de la relatora especial para los derechos humanos de la ONU, se comenzó la integración de datos estadísticos.
Con base en ello se ha logrado determinar que, de enero a septiembre del 2003, 297 mujeres perdieron la vida por razones de violencia sociopolítica; 242 fuera de combate (en la calle, casa o el trabajo) y 214 fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales u homicidios políticos.
Además, las organizaciones de lucha por el respeto de los derechos humanos han sido severamente castigadas. Una de ellas, con presencia en 27 de los 33 departamentos del país y que reúne a unas 90 mil mujeres incluidas campesinas, indígenas y afro-colombianas, ha sufrido el asesinato de 35 de sus liderezas.
Con todo, subrayó Irma A. Perilla, las mujeres mantienen su lucha por el respeto de la dignidad humana y, en momentos en los que se encuentra empantanado el diálogo entre la guerrilla y el Gobierno, ellas siguen generando propuestas tendientes a terminar con la violencia, “haciendo escuchar la voz de la paz”.
swissinfo, Marcela Águila Rubín
En Colombia:
De enero a septiembre del 2003 murió un promedio diario de una mujer por violencia socioeconómica y una mujer por homicidio político.
Cada 15 días, más de una mujer fue víctima de desapariciones forzadas y cada mes, una fémina murió en homicidios de personas socialmente marginadas (prostitutas, indígenas).
Cada cinco días una mujer perdió la vida en combate o en fuego cruzado.
En casi cuatro décadas de conflicto armado se han generado diversos grupos: guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares.
Aun cuando las leyes de Estados Unidos permiten un máximo de 400 asesores militares en otro país, hay 800 en Colombia.
El Congreso estadounidense aprobó una partida de 2.500 millones de dólares para la ‘política de seguridad’ colombiana.
Las fumigaciones efectuadas con el apoyo de Washington, no sólo no han disminuido la producción de drogas sino que han afectado otros cultivos.
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