La familia Botín, investigada por presunta evasión fiscal
El banquero español Emilio Botín y su hija Ana Patricia figuran en la lista de denunciados por presunta falsedad documental y daño al fisco a través de sus haberes depositados en la sucursal ginebrina del HSBC.
La familia niega los cargos y afirma que regularizó su situación con la hacienda ibérica en 2010. El caso –detonado por el legendario robo de datos de Hervé Falciani- seguirá su curso judicial.
Hervé Falciani llegó a Ginebra en 2000 contratado por el HSBC; tenía veintiocho años y la cabeza repleta de modelos informáticos. Su misión era clara: mejorar los sistemas de transacción de divisas del banco británico.
Seis años más tarde, su reto personal se había transformado. Su meta ahora era coadyuvar al derrumbe de una red de evasión internacional que cobijaba a empresas y hombres de negocios a través de HSBC.
Para ello, el genio informático rastreó y sustrajo ilegalmente información de alrededor de 24.000 clientes, coordenadas que entregó al Gobierno francés en 2009.
Y este último, producto de los acuerdos de colaboración administrativa que mantiene con sus contrapartes de la Unión Europea (UE), compartió información con España e Italia para rastrear evasores.
La decisión de Falciani aún cimbra al sistema político y financiero de España. Este jueves (16.06) se confirmó que la familia Botín forma parte de los evasores potenciales que investiga la justicia española.
Los Botín, en la lista
Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional en Madrid -tribunal con jurisdicción nacional-, admitió el pasado miércoles (15.06) una demanda presentada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España para someter a investigación a los hombres clave del Banco Santander.
El documento cita que se presentó denuncia “contra Emilio Botín Sanz de Sautuola García Ríos, así como contra sus hijos Ana Patricia, Paloma, Emilio, Carmen y Francisco, todos de apellidos Botín Sanz de Sautuola O´Shea”.
Y refiere también que existe demanda contra Jaime Botín Sanz de Sautuola García Ríos, así como contra sus respectivos hijos, Marcelino, Alfonso, Gonzalo, Marta y Lucrecia, que comparten los apellidos Botín Sanz de Sautuola Naveda.
En todos los casos, se busca determinar si cometieron delitos contra la Hacienda Pública al encubrir información vinculada a las cuentas que tienen en la sucursal ginebrina del HSBC. De confirmarse este escenario habrían incurrido en el delito de falsedad documental.
Parte de ‘los 659’
La familia Botín es parte de los 659 españoles que presuntamente ocultaron al fisco ibérico fondos por 8.300 millones de francos suizos (6.000 millones de euros) depositados en el HSBC de Ginebra.
Todos los contribuyentes involucrados fueron notificados en 2010 sobre la presunción de evasión de la que eran objeto para darles la posibilidad de regularizar su situación con Hacienda.
La Agencia Tributaria, entidad encargada de esta misión, confirmó que al cierre de 2010 alrededor de 300 contribuyentes se habían acercado al fisco, lo que le permitió recaudar 320 millones de francos suizos adicionales.
Algunos expedientes, no obstante, suscitaban aún dudas y fueron transferidos a la Fiscalía Anticorrupción. Y fue esta última la que pidió el apoyo de la Audiencia Nacional para garantizar que los citados contribuyentes no evadan sus responsabilidades fiscales.
Consultada por swissinfo.ch, la Audiencia Nacional confirmó que el Gobierno francés informó a su homólogo español desde mayo de 2010 sobre la presencia de la familia Botín entre los contribuyentes con cuentas no regulares en Suiza. Y explicó que para aclarar su situación con el fisco solicitó a los involucrados presentar las declaraciones que habían realizado para los ejercicios 2005-2009.
Cabe recordar que en España ameritan proceso penal solo los delitos fiscales que suponen un nivel de evasión personal superior a los 120.000 euros. Por lo tanto, las imputaciones que recaen sobre cada miembro de la familia Botín superan –de forma individual- este monto.
Sorprendidos por la decisión
Consultado para conocer la posición de la familia Botín, el Banco Santander detalló a swissinfo.ch que es el abogado Jesús Remón quien ha tomado las riendas del caso.
Remón confía en que la Audiencia Nacional cerrará la investigación ya que no hay delito fiscal por perseguir.
Los doce miembros de la familia Botín regularizaron su situación fiscal de forma voluntaria desde el 2010, explicó el experto legal.
La fortuna de la discordia habría sido transferida a Ginebra en 1936, cuando Emilio Botín –padre de Emilio y Jaime Botín- decidiera abandonar España tras el estallido de la Guerra Civil y proteger parte del patrimonio familiar en el extranjero.
Los fondos resguardados en Ginebra llevan pues más de seis décadas en territorio helvético. Y con el fallecimiento de Emilio Botín en 1993 –abuelo de Ana Patricia– se anuló toda transferencia adicional a estas cuentas.
Suiza condena el robo de datos
Por su parte, el Ministerio suizo de Finanzas declina entrar en detalles sobre un expediente judicial que “le pertenece a las autoridades españolas”.
No obstante, reitera la voluntad de Suiza de cerrar brecha a la evasión internacional, pero no a través de la obtención ilegal de información.
Las coordenadas que recibió el gobierno francés, y que posteriormente compartió con la administración del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, fueron producto de un robo de información confidencial. Una práctica que Suiza considera inaceptable, según explicó a swissinfo.ch el Ministerio de Finanzas.
Finalmente, precisó que Suiza tuvo conocimiento del robo de información desde mayo de 2008, año y medio antes de que el caso se mediatizara.
La demanda contra la familia Botín, por posible falsedad documental e incumplimiento fiscal, se ventila en un momento particularmente complejo para España tanto en lo económico como en lo político.
La familia Botín es propietaria de Banco Santander, uno de los grupos financieros más poderosos de España y una de las empresas con mayor presencia en América Latina.
Los bancos, y el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, son considerados los principales responsables de la situación de emergencia económica que vive España, cuyo índice de desempleo afecta a más del 20% de la población económicamente activa.
Suiza tiene en marcha un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI) con España desde el 1996.
Su contenido fue revisado en 2006, y posteriormente en 2009, cuando Berna decidió flexibilizar su secreto bancario y plegarse a las reglas que impone la OCDE en materia de intercambio de información fiscal entre gobiernos.
El auto emitido por el juez Fernando Andreu (15.06) evita que, si se confirma delito por parte de la familia Botín, dichas faltas prescriban el 30 de junio de 2011, fecha límite para declarar las ganancias patrimoniales obtenidas durante el ejercicio 2005.
El británico HSBC varias sucursales en Suiza: Ginebra, Gstaad, Lugano y Zúrich.
La familia Botín habría presentado en 2010 un total de 72 declaraciones complementarias ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal correspondiente a los ejercicios 2005-2009.
Dichas declaraciones se habrían traducido para la Hacienda española en 200 millones de euros adicionales (245 millones de francos suizos) erogados por la familia Botín para poner al día sus obligaciones fiscales.
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