Caso Garzón: “La justicia no es Dios”
La condena de Baltasar Garzón por prevaricación ha desatado una ola de reacciones en todo el mundo, también en Suiza. Varias agrupaciones de defensa de las víctimas del franquismo, así como organizaciones internacionales de derechos humanos sostienen que el magistrado español es víctima de una “persecución”.
El penalista suizo Martin Killias entiende que Garzón es objeto de una acción coordinada destinada a apartarlo de la actividad judicial. Aun así critica la actuación “política” del ex juez y reconoce como jurídicamente coherente el veredicto del Tribunal Supremo. Entrevista.
swissinfo.ch: Con el caso Pinochet Baltasar Garzón se convirtió en un símbolo de la justicia universal. ¿Qué repercusiones ha tenido esta actuación judicial sobre el Derecho Penal Internacional?
Martin Killias: Hay interpretaciones muy divergentes. Yo recuerdo este caso con cierto desagrado, porque es un ejemplo de una justicia sin límites que se despega tanto temporal como territorialmente de su verdadero cometido para condenar las injusticias en cualquier parte del mundo. Obviamente, Augusto Pinochet fue un criminal. Pero tendría que haber sido procesado en Chile. No corresponde a España enjuiciar el pasado de Chile.
swissinfo.ch: En uno de los tres procesos penales (escuchas del ‘caso Gürtel’) contra Garzón el Tribunal Supremo le ha condenado por prevaricación a once años de inhabilitación. La sentencia habla de “prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios”. ¿Cómo valora usted esta sentencia?
M. K.: En principio las comunicaciones entre imputados y defensores deben ser sagradas. Es verdad que existen excepciones, por ejemplo si los abogados están bajo sospecha urgente. Además, estas intervenciones precisan de una autorización judicial.
Sin embargo, la vigilancia de los despachos o coches de los abogados está estrictamente vedada. No sé de qué se le acusa concretamente en este contexto, pero el hecho de que no se puedan intervenir las comunicaciones de la defensa es un elemento esencial del orden jurídico.
Considero las escuchas como una intromisión masiva, incluso si gozaban del aval judicial. Se acusa a Garzón de haber excedido los límites de sus facultades, una acusación que acompaña como un hilo conductor su actuación desde el caso Pinochet hasta la instrucción del caso de las víctimas del franquismo. El hecho de que se hubieran ordenado escuchas en otros procesos en España me parece indecoroso. Pero en cualquier caso, ello no justifica la actuación de Garzón.
swissinfo.ch: ¿Ha habido casos similares en Suiza?
M. K.: En Suiza se consideran estos delitos como “abusos de autoridad”. Ha habido procedimientos penales por abuso de autoridad, pero no por escuchas ilegales, sino por manipulación de pruebas. Es normal que los fiscales tengan que justificarse ante los tribunales por extralimitaciones de este tipo.
swissinfo.ch: La sentencia ha desatado críticas en todo el mundo. Varias ONG y altos representantes del Tribunal Penal Internacional afirman que se trata de un juicio político. ¿Hay indicios que sustenten esta hipótesis?
M. K.: Garzón es el prototipo de fiscal que pone su actuación judicial al servicio de una causa política. Uno puede coincidir o no –según la causa- con este modo de proceder, pero es importante que la justicia se atenga a los principios fundamentales inscritos en la Constitución. La justicia no está por encima de todo, no es Dios.
swissinfo.ch: ¿Cree que Garzón va a lograr que se anule la sentencia si la recurre ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
M. K.: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y no los derechos de los representantes del Estado. Por eso pienso que Estrasburgo no admitirá el recurso de Garzón.
swissinfo.ch: El segundo proceso penal (‘cursos de Nueva York’) contra Garzón ha sido sobreseído. En el tercero (crímenes del franquismo), también por prevaricación, estamos a la espera de una sentencia. ¿No le resulta extraño que el juez estrella español esté imputado en tres casos simultáneamente?
M. K.: Parece bastante obvio que se trata de un ajuste de cuentas político. Pero también es verdad que, en su actividad como juez instructor —que se corresponde a la función de un fiscal—, Garzón siempre ha hecho política. Dirigía su actuación al foco mediático e instrumentalizaba constantemente a los medios de comunicación. Quien actúa así, provoca inevitablemente reacciones.
También es verdad que en el tribunal que condenó a Garzón a once años de inhabilitación no figuran solamente adeptos de la contraparte. La sentencia se ha fallado por unanimidad. De ello se puede concluir que la actuación del magistrado ha generado gran malestar no solo entre sus adversarios políticos.
swissinfo.ch: Garzón supuestamente violó la Ley de Amnistía de 1977 al investigar los crímenes de la dictadura franquista. ¿Se trata en este caso realmente de prevaricación?
M. K.: Personalmente, me chocó la manera en que Garzón ha abordado la cuestión del pasado franquista. Aborrezco profundamente el régimen de Franco, pero la decisión de no hacer justiciable este pasado fue probablemente una condición previa determinante para una transición pacífica de la dictadura a la democracia.
En este sentido, España ha hecho una gran labor. Y considero legítimo que las instancias políticas, en este caso el legislador constituyente, haya tomado este tipo de decisión. Por eso no puede ser que ciertos fiscales obvien esto y se comporten como si fueran Dios.
Se puede discrepar sobre la Ley de Amnistía. Cuando un Estado busca un camino para la transición a la democracia y determina que el pasado no es justiciable penalmente, estamos ante una decisión legítima y probablemente incluso sabia. Si pensamos en los tribunales de crímenes de guerra, prácticamente en ningún caso se ha logrado gestionar en formas y plazos razonables estos crímenes excepto en Núremberg.
Por eso se debería mostrar cierta comprensión por las decisiones que España adoptó en su día. De no haberlo hecho, el país se hubiera hundido probablemente en otra guerra civil. Si un fiscal pasa por alto esta ley, asume la desestabilización de las instituciones.
swissinfo.ch: Esta causa fue iniciada por dos grupos de la extrema derecha española. Se les imputa que quieren impedir un enfrentamiento crítico con el pasado franquista. ¿Usted qué opina?
M. K.: Si la justicia española respeta la Ley de Amnistía, no puede abordar jurídicamente el pasado ante los tribunales. Reitero, no simpatizo en absoluto con el régimen franquista, pero, sinceramente, hay situaciones en las que remover este tipo de asuntos no soluciona los problemas, sino que los crea.
En países como Sudáfrica o Indonesia, por ejemplo, las Comisiones de la Verdad han obtenido resultados mucho más constructivos, a pesar de carecer de competencia para sancionar. Tal vez esto podría ser una vía posible para España.
swissinfo.ch: ¿Cuál va a ser, en su opinión, la sentencia del Tribunal Supremo?
M. K.: No tengo ni idea, para ello es preciso conocer todo el expediente. Pero me puedo imaginar que el objetivo principal era prejubilar a Garzón. Y ahora que se ha logrado, es de suponer que los otros procesos perderán relevancia.
MARTIN KILLIAS.-
Es catedrático de Derecho Penal y profesor de Criminología en la Universidad de Zúrich.
Es miembro del Partido Socialista Suizo y socio fundador y primer presidente de la Sociedad Europea de Criminología (ESC).
Además es miembro de diversas comisiones científicas europeas y norteamericanas.
Su labor investigadora se centra en cuestiones relacionadas con la delincuencia juvenil, la criminología y el crimen en el entorno de los sectores financiero y comercial.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces en España, acordó este lunes (20.02) hacer efectiva la expulsión de la carrera judicial del magistrado Baltasar Garzón.
La decisión adoptada se tomó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo español que condenó al magistrado a 11 años de inhabilitación por unas escuchas ordenadas en un caso de corrupción.
Tras la decisión, el pleno del órgano de gobierno de los jueces españoles tendrá que confirmar la expulsión de Garzón de la judicatura en una reunión prevista para el próximo jueves (23.02)
Aunque esta condena supone la pérdida definitiva del cargo que ostenta, Garzón puede ejercer la abogacía o continuar participando en foros internacionales.
El jurista español de 56 años adquirió fama mundial con los procesos contra el terrorismo y el narcotráfico (años 1990) y tras investigar los crímenes de lesa humanidad durante las dictaduras del Cono Sur.
En 1998 consiguió la espectacular detención de Augusto Pinochet en Londres.
En la actualidad trabaja como asesor para el Tribunal Penal Internacional de La Haya.
Se han presentado tres causas judiciales contra Baltasar Garzón ante el Tribunal Supremo español: dos por prevaricación y una por cohecho impropio.
En el proceso contra la trama de corrupción Gürtel (financiación ilegal), en la que están implicados varios miembros del conservador Partido Popular (PP) Garzón fue declarado culpable el pasado 10 de febrero por prevaricación al haber intervenido las comunicaciones de los imputados con los abogados defensores.
La sentencia argumenta que Garzón recurrió a “prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa”.
El Tribunal Supremo condenó al juez -suspendido desde 2010- a once años de inhabilitación. Garzón había justificado las escuchas con el argumento de que los abogados estaban bajo sospecha de incurrir en complicidad con los imputados.
Según la acusación, Garzón atentó contra el derecho constitucional a la confidencialidad. El magistrado de la Audiencia Nacional, en cambio, mantuvo que las escuchas habían contado con el aval del Ministerio Fiscal.
En un segundo proceso, pendiente de sentencia, se le acusa de prevaricación por haber excedido sus prerrogativas como juez al permitir investigar los crímenes del régimen franquista a pesar de la vigente Ley de Amnistía de 1977. Esta causa fue iniciada por dos organizaciones de la extrema derecha española que consideran incumplida esta ley.
Los partidarios de Garzón creen que este proceso persigue el fin de liquidar a un juez fastidioso que se atreve a esclarecer el tema tabú de los crímenes franquistas. Los adversarios sostienen que con sus investigaciones intenta deliberadamente abrir viejas heridas.
La Ley de Amnistía prohíbe cualquier actuación judicial que tenga por objeto investigar los delitos cometidos con “intencionalidad política” durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Franco (1939-1975).
En un tercer proceso, el juez estaba imputado por cohecho impropio. Se le acusaba de haber aceptado que el Banco Santander le financiase un curso en Nueva York en 2005, archivando al mismo tiempo una querella contra el jefe de dicho banco, Emilio Botín. El pasado 13 de febrero, el Tribunal Supremo sobreseyó el caso por considerarlo prescrito.
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