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La abogada defensora de la Humanidad

Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en su despacho del Palacio Wilson. Rodrigo Carrizo Couto

Este miércoles, la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple 60 años. Con motivo de este aniversario, Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, habla del significado de su cargo y de sus proyectos.

La juez sudafricana es una persona cálida y cercana que dio muestras de buen humor mientras analizaba el estado de los derechos humanos en el complejo mundo de hoy. Entrevista.

swissinfo: ¿Cómo explicaría el trabajo de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos a alguien que desconoce los mecanismos de este organismo?

Navi Pillay: Mi puesto fue creado por la Asamblea General de la ONU. Represento a las víctimas de todo el mundo. Mi trabajo consiste en asegurarme que los derechos de la gente no son violados y que las víctimas reciben protección adecuada. La ONU quería una persona que trajera su voz a los foros internacionales y que la hiciera escuchar antes los gobiernos. El puesto se creó en 1993.

swissinfo: ¿Cuáles son los requisitos de su trabajo?

N.P: Se precisa independencia y no dejarse intimidar por el hecho de estar confrontado a violadores de los derechos humanos; mayoritariamente, estados. Sin temor, puedo señalar violaciones a los derechos humanos y hacer recomendaciones sobre qué se debe hacer. Mi independencia significa que sólo rindo cuentas ante la Asamblea General de la ONU y ante el secretario general.

swissinfo: ¿Cuáles son sus metas?

N.P: Creo que los desafíos son numerosos. El principal es que la comunidad internacional tome, finalmente, en serio a los derechos humanos. Creo igualmente que un desafío es ayudar a las ONG y la sociedad civil a ser más fuerte a la hora de desafiar a los gobiernos.

swissinfo: ¿Le dan los Estados suficiente apoyo financiero?

N.P: Mire usted, nosotros operamos sobre la base de un presupuesto regular, pero dependemos mucho de las donaciones de los Estados miembros. Y la verdad es que algunos Estados son más generosos que otros… o pueden permitirse dar más dinero que otros. Pero lo importante es el principio, que demuestra que quieren ayudarnos y sostener nuestra lucha. Si no tuviéramos donaciones, no podríamos hacer el trabajo de campo que hacemos.

swissinfo: A menudo el público se sorprende de ver en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) a países que no brillan exactamente en la defensa de los mismos…

N.P: Permítame recordarle que este miércoles, 10 de diciembre, celebramos el 60 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Contiene ‘todos’ los derechos -civiles, políticos, económicos, sociales y culturales- a los que un ser humano debería tener acceso. Toda persona tiene el derecho a vivir en paz, a ser tratado de forma digna, a tener agua potable, comida suficiente y los medios necesarios para vivir.

¿Cuál es entonces el problema? Que aunque los Estados han adoptado estos principios retóricos, no asumen las tareas necesarias para convertir estos principios en realidades. Pero ahora contamos con el CDH, que es un órgano nuevo en el que todos los Estados miembros aceptan someterse a una revisión sobre su política de derechos humanos. Se observan unos a otros, pero para que esta medida sea viable es preciso que no sea un juicio.

swissinfo: ¿Estamos hablando de la ‘Revisión Periódica Universal’ (RPU)?

N.P: Sí. Es universal y periódica, pero no emite juicios sobre los Estados. No se dedica a atacar a ningún país en particular. Se trata más bien de ayudar a un Estado con recomendaciones y observaciones sobre su respeto de los derechos humanos. Mi oficina está para proveer la necesaria cooperación y capacidad para lograr esos objetivos. Por ejemplo, desarrollar la sociedad civil, entrenar a las fuerzas de policía, prohibir el uso de la tortura. También ayudamos a las ONG, puesto que en muchos países éstas son muy débiles. Les ayudamos a ser conscientes de sus derechos y de cómo ser escuchados en el CDH en relación con los logros o carencias de su país.

Pero permítame recordarle también que el CDH es muy nuevo. ¡Sólo tiene dos años y debemos darle una oportunidad! Es un concepto importante y una nueva visión. Pero quedan aún demasiados países que no quieren que nadie se meta a observar su cumplimiento de los compromisos relativos a los derechos humanos. Tampoco permiten a la sociedad civil y a las poblaciones la menor crítica. La RPU ha completado ya en menos de seis meses la revisión e informes sobre 32 naciones. Y no creo que se pueda decir que eso no significa nada. Creo que es un logro mayor.

swissinfo: Muchos analistas destacan que ciertos Estados ven la RPU como una suerte de ‘injerencia imperialista’ y occidental. Por tanto, no son muy cooperativos. ¿Cómo se puede avanzar en tales condiciones?

N.P: Sí, es una realidad. Muchos países, a los que no vamos a nombrar, son sumamente hostiles a un análisis transparente de su respeto de los derechos humanos. ¿Y qué? ¿Nos cruzamos de brazos y no hacemos nada? ¿O sostenemos un foro internacional donde todos, incluidos esos países hostiles, deban pasar por la RPU? Es la mejor manera que tenemos de observar a esos países. Recordemos que el CDH va a analizar los 192 Estados miembros. Antes de esto, no teníamos ningún mecanismo. Simplemente, nos limitábamos a quejarnos y lamentar las violaciones de derechos humanos en ciertos países.

swissinfo: Usted ha sido juez del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

N.P: En efecto. Allí se cometieron crímenes mayores contra la humanidad y los derechos humanos, y en general los responsables fueron líderes políticos y militares. Gente que golpeaba y huía buscando refugio en alguna playa agradable y lujosa sin responder de sus crímenes. Pero ahora tenemos el Tribunal Penal Internacional. Algunos alegan que es muy lento, pero repito: antes no teníamos nada. El TPI actúa como método disuasivo para gente en posiciones de liderazgo, quienes creen que pueden cometer crímenes espantosos y gozar de impunidad.

swissinfo: En esa época usted logró que la violación fuera considerada un ‘crimen contra la humanidad’.

N.P: Así es. Me dí cuenta que la violación y los abusos sexuales estaban muy extendidos y eran sistemáticamente utilizados como un arma de guerra contra un grupo en particular. Se practicaban con la intención manifiesta de destrozar a una etnia como parte del genocidio. Este precedente jurídico de la violación como ‘crimen contra la humanidad’ fue utilizado posteriormente en los juicios que siguieron a la Guerra de Yugoslavia.

swissinfo: La suiza Carla del Ponte, ex fiscal del TPI para Yugoslavia, la juez canadiense Louise Arbour, su predecesora en este cargo, y usted misma… ¿Se siente parte de una ‘dinastía’ de mujeres extraordinarias, luchadoras por los derechos humanos?

N.P: No lo creo. Tanto hombres como mujeres pueden tener las cualificaciones y el compromiso necesarios para ejercer una función determinada. Pero es cierto que las mujeres han sido las grandes excluidas históricas, y eso significa que más del 50 % de la humanidad no ha participado nunca en la toma de decisiones importantes. ¡Todavía hoy, el hecho de que una mujer ocupe esta oficina es noticia! (risas)

swissinfo: Una vez retirada de la política, ¿qué le gustaría dejar como legado?

N.P: Me gustaría ver que he podido generar una real diferencia en la vida de la gente. Quisiera hacer algo que contribuya de manera significativa a que la gente sea consciente de sus derechos humanos.

Entrevista swissinfo: Rodrigo Carrizo Couto, Ginebra

Nació en 1941 en Durban, Sudáfrica, en una familia modesta de origen indio.

Dada la pobreza familiar, sus estudios universitarios fueron financiados por su comunidad, hecho que Pillay recuerda muy especialmente.

Tras graduarse como abogada, se ocupó de detenidos políticos en la época del ‘apartheid’. En particular, logró notables mejoras en las condiciones de detención en la cárcel de Robben Island, cuyo recluso más célebre fue Nelson Mandela.

Tras doctorarse por la Universidad de Harvard, fue la primera juez ‘de color’ de la Sudáfrica democrática.

Fue juez del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. En 2008, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, la nombró alta comisionada para los Derechos Humanos.

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