Para proteger a firmas suizas de inversores foráneos
Suiza requiere medidas adicionales para controlar las adquisiciones estratégicas de empresas suizas por parte de fondos extranjeros. La Cámara baja aprobó este martes por 96 votos contra 82 y 15 abstenciones una moción para tal efecto, de la Cámara alta.
El texto, del senador Beat Rieder (Partido Demócrata Cristiano PDC/Valais) pide en particular el establecimiento de una autoridad responsable de monitorear las transacciones en cuestión. Los inversores de países que otorgan reciprocidad a Suiza no se verán afectados. La moción fue aprobada gracias a una alianza de la izquierda y el PDC, a pesar de las recomendaciones negativas de la comisión.
“Hoy está surgiendo una tendencia internacional hacia la adquisición de empresas, así como de sus habilidades”, subrayó Leo Müller (PDC / Lucerna). Los inversores de países que operan bajo otras reglas económicas y con recursos financieros cada vez mayores se sienten atraídos por las empresas suizas. Las adquisiciones de Syngenta o Gategroup por parte de compañías chinas son dos ejemplos.
La moción no pretende prohibir esas inversiones, sino controlarlas mejor, precisó. Busca establecer mecanismos para intervenir en el caso de inversiones problemáticas realizadas en empresas que juegan un papel importante en las áreas de la seguridad y el orden público.
Muchos Estados, particularmente en la UE, han endurecido recientemente sus reglas en la materia, indicó. Suiza debe hacer lo propio.
“Es una reacción epidérmica a las compras, especialmente de Syngenta y Gategroup”, señaló Christian Lüscher (Partido Liberal Radical PLR / GE) en nombre de la comisión. Indicó igualmente que las inversiones chinas representan menos del 2% de las inversiones extranjeras en Suiza.
El ministro de Economía, Guy Parmelin, también opuesto al texto, enfatizó que “hasta ahora no se ha hecho daño a la economía suiza” con las adquisiciones realizadas.
“La introducción de un organismo de supervisión adicional no es necesaria ni adecuada”, continuó el ministro. “Eso afectaría los derechos de propiedad y la libertad económica, e impondría cargas administrativas significativas para las empresas y la Confederación. La plaza económica suiza sería debilitada inútilmente”.
Sus argumentos, sin embargo, no conmovieron a los diputados.
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