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Derecho a la verdad


“El muerto abre los ojos del vivo”


Por Marcela Aguila Rubín, Ginebra


El juez español Baltasar Garzón (centro) flanqueado por Estela de Carlotto (izq.) y Hebe de Bonafini (der.) de las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, respectivamente, en Buenos Aires (01.03.12). Argentina y España vivieron procesos de justicia transicional opuestos. En el país europeo el “pacto del silencio” es inquebrantable.  (REUTERS/Marcos Brindicci)

El juez español Baltasar Garzón (centro) flanqueado por Estela de Carlotto (izq.) y Hebe de Bonafini (der.) de las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, respectivamente, en Buenos Aires (01.03.12). Argentina y España vivieron procesos de justicia transicional opuestos. En el país europeo el “pacto del silencio” es inquebrantable. 

(REUTERS/Marcos Brindicci)

Fosas clandestinas en México, 30 000 desaparecidos en Argentina, franquismo y pacto de silencio, proceso de paz en Colombia, dosis regulares de muerte en Siria… temas de derechos humanos que reclaman verdad y justicia. Pero, ¿qué pasa cuando estas últimas se enfrentan a una impunidad persistente? Un proyecto suizo busca dar respuesta a esa interrogante.

‘Right to Truth, Truth (s) through Rights: Mass Crimes Impunity and Transitional Justice’ se cuestiona sobre la manera en que el derecho a la verdad es aplicable en contextos en los que la justicia penal es inaccesible”, sintetiza su directora, Sévane Garibian, profesora de las universidades de Ginebra y Neuchâtel.

Es decir: “¿Qué significado tiene el derecho a la verdad cuando no hay procesos penales merced a la existencia de leyes de amnistía, de un negacionismo del Estado, de una política de desaparición sistemática de los cuerpos o incluso de la muerte de los responsables? ¿Cómo proteger -‘hacer hablar’- y trabajar las huellas, los rastros de la violencia extrema fuera del ámbito de la justicia penal”?

A partir de la hipótesis de que el derecho, además de sus funciones reguladoras, tiene una ‘función cognitiva’ la cual, en contextos (post) transicionales, se apoya en tres tipos de pruebas: testimonios, archivos y restos humanos (cuerpos muertos), ‘Right to Truth, Truth (s) through Rights: Mass Crimes Impunity and Transitional Justice’ aborda esas interrogantes.

Para su proyecto, Sévane Garibian ha establecido diversas asociaciones con entidades suizas, incluidas el Ministerio de Exteriores y Swisspeace, e internacionales, en particular con programas de Oxford y Columbia University, así como el Centro Internacional para la Justicia Transicional. El proyecto cuenta asimismo con el apoyo de expertos internacionales entre los cuales Adama Dieng, Louis Joinet y Juan Ernesto Méndez.

Situación en Suiza

Con un enfoque innovador, interdisciplinario e internacional, el proyecto busca salvar un retardo helvético: “Suiza es muy fuerte en todo lo que concierne al derecho internacional, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la mediación y el tratamiento del pasado (‘Dealing with the past’) pero falta todavía desarrollar la enseñanza y la investigación científica en materia de justicia transicional en el seno de las universidades suizas”, anota Sévane Garibian.

De hecho, ese fue uno de los motivos por los que el Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica (FNS) atribuyó a la jurista una subvención para desarrollar su proyecto en el seno de la Universidad de Ginebra.

Miles de mexicanos se han manifestado en contra de las desapariciones forzadas, el crimen y la impunidad que se han enseñoreado en el país. En la foto, reclamo del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, secuestrados por la policía en 2014.  (Reuters)

Miles de mexicanos se han manifestado en contra de las desapariciones forzadas, el crimen y la impunidad que se han enseñoreado en el país. En la foto, reclamo del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, secuestrados por la policía en 2014. 

(Reuters)

En entrevista con swissinfo.ch, la investigadora explica que la idea de su proyecto da continuidad a su carrera, focalizada en la justicia penal, busca explorar situaciones en diversas partes del mundo y tuvo un fuerte impulso en sus trabajos en Argentina principalmente, y en España. 

Argentina “laboratorio extraordinario”

“La intervención de la Corte Penal Internacional solamente está prevista para crímenes cometidos después de julio de 2002 y cuando los Estados partes no pueden o no quieren perseguir a criminales de masa y juzgarlos”, indica. La inquietud de saber lo que sucede al interior de los Estados en ausencia de recurso a la justicia penal internacional condujo sus investigaciones a un caso particular, el de Argentina, país al que considera “un laboratorio extraordinario” en el tema de justicia transicional y postransicional.  

El país sudamericano recorrió en el espacio de 30 años todas las herramientas jurídicas posibles luego de los crímenes de masa (30 000 desaparecidos) perpetrados por la dictadura militar: comisión de investigación, proceso penal, leyes de amnistía, indultos y perdón, procesos de reparación y finalmente la abrogación de las amnistías y la reapertura de procesos penales.

En los años 90 se produjo una etapa crucial cuando las organizaciones de víctimas y de derechos humanos emprendieron una férrea batalla por la justicia bajo el eslogan ‘¡ni olvido, ni perdón!’ “No podían tolerar que se mantuviera la impunidad con las leyes de amnistía y la política menemista del indulto”, subraya la profesora Garibian.

El caso argentino ilustra sobre lo que puede surgir en un contexto que impide perseguir a los victimarios: la creación de nuevos útiles jurídicos: “El derecho a la verdad apareció realmente en ese momento y permitió la apertura de otras formas de procesos, no penales, pero que permitieron sacar los hechos a la luz”.

La valentía de Las Madres de la Plaza de Mayo, que desde 1977, en plena dictadura militar, ganaron la calle para reclamar a sus hijos, contribuyó a construir el derecho a la verdad. (AFP)

La valentía de Las Madres de la Plaza de Mayo, que desde 1977, en plena dictadura militar, ganaron la calle para reclamar a sus hijos, contribuyó a construir el derecho a la verdad.

(AFP)

Los 90, un hito

El derecho a la verdad, puntualiza la experta, implica la obligación del Estado de investigar, abrir archivos, crear jornadas conmemorativas, ‘patrimonializar’ los sitios de represión, luchar contra el negacionismo. Todo ello, amén de  participar y subvencionar la búsqueda de cuerpos desaparecidos, encuadrar las exhumaciones y financiar las pruebas de ADN.

Y justo en la década de los 90, además del desarrollo de la justicia penal internacional, se produjo el ‘boom’ de los test ADN, lo que estimuló la lucha de las organizaciones que buscaban a las víctimas de la dictadura, muy en particular de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo. A la incipiente práctica de exhumación se añadió la posibilidad de identificar los restos humanos.

“Todo eso son cosas que se pueden hacer inclusive cuando la justicia penal propiamente dicha no es alcanzable. Son cosas que se pueden hacer en nombre del derecho a la verdad, lo que reivindicaron las víctimas o sus familias en un contexto de impunidad, pero que se siguen haciendo paralelamente a la reapertura de los procesos penales”.

“España, exactamente lo opuesto”

También en el marco de sus investigaciones postdoctorales y con el objetivo de efectuar una reflexión comparativa, la profesora Sévane Garibian trabajó en España, en donde constató una situación exactamente opuesta.

En España, sentencia la investigadora, “el pacto de silencio no ha sido quebrantado”.

Las familias que luchan contra la negación de los crímenes cometidos durante el franquismo (130 000 desparecidos) recurren a los restos humanos: efectúan exhumaciones, pero no con el apoyo del Estado, sino de manera más o menos clandestina.

“El Estado ya no las subvenciona, lo que plantea diferentes desafíos. Idealmente habría que digitalizar toda la información, crear archivos, pero es muy complicado en un Estado en el que el Gobierno no ayuda, donde no hay fondos públicos para ello”.

El papa Francisco, quien ha denunciado"la globalización de la indiferencia", ora por los migrantes que pierden la vida en el Mediterráneo, en el intento de alcanzar Europa en busca de una vida mejor. (Cerca de Lampedusa, 08.07.13).  (AFP)

El papa Francisco, quien ha denunciado"la globalización de la indiferencia", ora por los migrantes que pierden la vida en el Mediterráneo, en el intento de alcanzar Europa en busca de una vida mejor. (Cerca de Lampedusa, 08.07.13). 

(AFP)

Los derechos de los muertos

Empero, el tema de los restos humanos es esencial e involucra a países de todos los continentes. Sea por las guerras civiles, como por la violencia extrema. Sea ayer en Armenia, Ruanda, Guatemala, como hoy en Colombia, México o Siria, o en el Mediterráneo, última parada de miles de emigrantes.

“Se trabaja mucho sobre los derechos de los vivos, de los sobrevivientes, de las familias de las víctimas y eso es fundamental, pero hay que ocuparse también de los desaparecidos, de los que no están”, advierte nuestra entrevistada.

“Cuando se trabaja sobre los derechos de los muertos, se trabaja sobre los derechos de los vivos. Los muertos tienen también un honor y una dignidad que deben ser protegidos”. Y ese es uno de los aspectos que contempla ‘Right to Truth, Truth (s) through Rights: Mass Crimes Impunity and Transitional Justice’

Para su directora, quien recuerda el proverbio ‘el muerto abre los ojos del vivo’, “trabajar sobre estos temas no es solamente trabajar sobre el pasado, es también trabajar sobre el presente y el futuro”.

Argentina

De los crímenes de masa perpetrados por la dictadura militar y la autoamnistía, el país pasó, ya en democracia, con el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) a la derogación de esa medida y a la creación (1983) de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y su histórico informe ‘Nunca más’ que condujo a la apertura de inéditos procesos penales contra los militares (1985).

Pero también bajo el Gobierno de Alfonsín, el Parlamento aprobó las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987). En 1989 y 1990, los indultos de Carlos Menem (al frente del Ejecutivo de 1989 a1999), continuaron esa línea de obstrucción de la justicia.   

“Ni olvido ni perdón”, ratificaron las Madres de la Plaza de Mayo, emblemáticas representantes de una sociedad que se negaba a renunciar a la justicia, y el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) abrogó la ley de amnistía (2003), declarada oficialmente anticonstitucional (2005)  y continuaron los procesos penales. 

Ahora, la actitud del actual presidente argentino Mauricio Macri respecto a las víctimas de la dictadura, que cuestiona el número de víctimas, ha sido considerada “negacionista” por la prensa.

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