“Videla se lleva a la tumba informaciones vitales”
El ex general Jorge Rafael Videla falleció el pasado viernes, a los 87 años de edad, en la cárcel de Marcos Paz donde cumplía cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Su desaparición reaviva los recuerdos de la última dictadura argentina (1976-1983). Testimonio de tres víctimas de la represión militar.
“La muerte de Videla constituye un hecho político importante en la vida de la Argentina”, sostiene Antonio Hodgers, diputado y presidente del grupo de Los Verdes en el Parlamento suizo, quien de niño se exilió con su familia en Suiza.
“Como hijo de un desaparecido la noticia me toca mucho. Veo en Videla la imagen de uno de los responsables ideológicos de la desaparición de mi padre. Tal vez no el ejecutor directo, pero sí uno de los principales estrategas de la persecución contra los militantes sociales y los opositores”, declara a swissinfo.ch.
Hodgers lamenta, que Videla nunca hiciera una autocrítica pública, “porque hubiera podido facilitar aúun más el proceso de reconciliación”.
Jorge Rafael Videla murió en una cárcel “común”, sin privilegios, lo que según Hodgers es el símbolo de un proceso largo y complejo, pero profundamente democrático de juzgar a los responsables de la dictadura, sin revanchismos personales ni politiqueros, sino por la vía de la justicia y la Constitución.
Solo en 2012, cerca de 400 responsables de la represión durante la dictadura militar fueron llevados a los tribunales, según fuentes oficiales argentinas. El número de militares enjuiciados podría superar los 1.500. Miles de víctimas participan como querellantes o testigos en centenares de procesos.
La mayoría de los imputados son antiguos militares y policías, acusados de crímenes de lesa humanidad: secuestros, detenciones ilegales, torturas, violación sexual, apropiación de menores, homicidios y desapariciones forzosas. Hay también algunos civiles. Por el momento un sacerdote católico ha sido condenado.
Los procesos, que se multiplican en todo el país –incluyendo ahora a responsables de ciertas cárceles– se reabrieron a partir de 2006.
En 2005, la Corte Suprema de Argentina declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final promulgadas en los años 1980 que impidieron el procesamiento de centenares de implicados en la represión política durante la dictadura militar (1976-1983).
En 1985, Videla fue condenado a cadena perpetua en el histórico Juicio a las Juntas Militares, pero solo cumplió cinco años de la condena. En 1990, el entonces presidente Carlos Menem lo indultó y salió de prisión.
En 2010, Videla fue condenado por segunda vez a cadena perpetua. Cumplía condena en la prisión de Marcos Paz (a 50 km de Buenos Aires), donde falleció de muerte natural a los 87 años de edad.
En marzo de 2013, comenzó el juicio por los crímenes del Plan Cóndor, que designa la cooperación entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay para perseguir y eliminar opositores en los años 1970 y 1980. Entre los 25 acusados figuraba el ex dictador argentino Jorge Videla.
La soledad política de Videla
Lamentablemente murió “respetando el pacto de silencio que guardan casi todos los represores argentinos”, afirma Alfredo Vivono, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe entre 2005 y 2007, lo que impide avanzar no solo para esclarecer las miles de desapariciones, “sino también la identidad actual de más de 400 niños apropiados, que fueron robados a sus padres secuestrados en centros clandestinos de detención”.
La muerte de Jorge Rafael Videla “no modifica la realidad política de nuestro país ni de la región, pero tiene un impacto significativo porque provoca reflexiones que movilizan a la opinión pública, nacional e internacional, sobre el que fuera el símbolo más visible del terrorismo de Estado en Argentina”.
En conversación telefónica con swissinfo.ch, Vivono se refiere a la “soledad política” en que murió: “Las asociaciones empresariales más poderosas del país que promovieron el Golpe de Estado de 1976 no dijeron ni una sola palabra, no publicaron ni un mínimo comunicado. Tampoco la Conferencia Episcopal argentina, cómplice en esos años por acción u omisión. Ni siquiera los grandes medios que festejaron entonces a los militares salieron hoy a defender al general fallecido”.
El hecho de que Videla “muriera en la cárcel condenado por los crímenes cometidos (…), nos da la paz y la serenidad que muchas víctimas directas necesitábamos para confiar en las instituciones y en la democracia que estamos construyendo”, puntualiza el ex preso político, querellante y testigo en varias de las causas contra los responsables de la represión durante la dictadura en Santa Fe.
“El trabajo y la perseverancia de los organismos de derechos humanos, en especial de las Madres de Plaza de Mayo, han dado sus frutos”, sin venganza ni revanchismo. En su opinión, la sociedad argentina en general y las víctimas de la represión creen en la justicia, en la Constitución, sin necesidad que se creen tribunales ni leyes especiales.
Responsabilidad de la comunidad internacional
“La justicia tardó pero llegó en mi país a diferencia de otras naciones del mundo donde hay todavía historias dictatoriales pendientes”, subraya David Andenmatten, argentino de origen suizo que tras permanecer más de tres años en prisión durante la dictadura por causas políticas pudo salir a Suiza.
El actual copresidente del Sindicato de los Servicios Públicos en Ginebra pone el acento en los principales desafíos de futuro para poder concluir el juicio a las dictaduras, “incluyendo la anterior (1966-1973) responsable de causas hoy reabiertas, como la de la Masacre de Trelew de 1972, cuando fueron fusilados 16 presos políticos tras un intento de fuga”.
Andenmatten considera fundamental no solo que se aceleren los juicios abiertos y se pronuncien sin demora las condenas respectivas, sino que se tengan en cuenta el contexto nacional e internacional, las causas y los verdaderos responsables de la represión y los golpes de Estado.
“No se trataba de militares patrióticos, como se presentaban en esa época, sino de brazos armados sostenidos por los Estados Unidos que trataron de destruir al movimiento social de mi país que estaba muy bien organizado y movilizado en defensa de sus derechos”, subraya.
“Viendo que los máximos responsables del terror, como Videla, se llevan a la tumba informaciones vitales, más que nunca es imprescindible que organizaciones como la Cruz Roja Internacional y las Naciones Unidas hagan públicos sus archivos”.
Estos documentos contienen datos cruciales sobre esa etapa de la historia argentina -por ejemplo, con relación a las visitas de misiones internacionales a las cárceles- que, según Andenmatten, pueden contribuir a la reconstrucción de la memoria colectiva, el juicio y castigo de los responsables y una justicia reparadora para las víctimas.
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