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Lucha antitabaco Philip Morris VS Uruguay: "que prevalezca la salud pública"

Oficinas de Philips Morris en Lausana.

(Keystone)

El proceso emprendido por la tabacalera Philip Morris contra Uruguay es “un ataque frontal contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su convenio marco antitabaco”, deplora la red de Amigos de la Tierra, del país sudamericano.

La empresa, con sede administrativa en Lausana, Suiza, insiste en que el litigio debe ser dirimido en el marco de Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), lo que rechaza la entidad uruguaya:

 

“Philip Morris debería privilegiar el marco multilateral de la OMS en vez de los acuerdos bilaterales y hacer prevalecer el interés de la salud pública sobre las inversiones privadas”, señala a swissinfo.ch, Alberto Villarreal, responsable del Programa de Comercio e Inversiones de esa ONG uruguaya.

 

La Philip Morris Internacional (PMI) entabló un proceso contra el Estado uruguayo en 2010 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por entender que se violan cláusulas del acuerdo bilateral de inversiones firmado entre Suiza y Uruguay. La empresa  entiende que ese órgano del Banco Mundial es el adecuado y que tiene la jurisdicción para tratar el caso.

(swissinfo.ch)

Tres años de proceso

Los días 3 y 4 de febrero se realizó en París la primera audiencia entre los representantes de la empresa tabacalera y del Gobierno uruguayo.

La multinacional exige una indemnización de 2 mil millones de dólares en compensación por lo que considera han sido pérdidas en la comercialización de cigarrillos en el país sudamericano a partir de la implementación de un severo programa oficial de lucha contra el tabaquismo.

A la cabeza de la iniciativa gubernamental estaba el entonces presidente uruguayo, el oncólogo Tabaré Vázquez, quien enmarcó su programa de salud público en las líneas recomendadas por el convenio internacional para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, al cual adhirió su país.

La causa abierta en el CIADI está enmarcada en un secretismo total, “lo que es muy preocupante e inaceptable” para las organizaciones de la sociedad civil uruguaya, enfatiza el sociólogo Alberto Villarreal durante su visita a Berna invitado por la Alianza Sur.

 

Durante todo este tiempo ha sido prácticamente imposible conocer los argumentos del Estado uruguayo y de la empresa suiza. “Y la reciente audiencia en la primera semana de febrero no ha sido pública”, subraya al criticar a las dos partes.

Radiografía de un proceso

La demanda internacional de Philip Morris contra Uruguay se abrió el 19 de febrero del 2010

Cinco años antes el Gobierno uruguayo implementó un severo plan antitabaco, en el marco de las recomendaciones de la OMS. El país sufría entonces 5 mil muertos por año por causa del tabaquismo. Casi un tercio de su población era fumadora activa.

El gobierno promulgó instrumentos legales para reducir el consumo de cigarrillos. Impuso diversas medidas como el impedimento de vender cigarrillos ‘light’ y la prohibición de fumar en espacios públicos, bares, restaurantes etc, además de la obligación de que el mensaje/foto sobre los riesgos del tabaco ocupe un 80% de la superficie de cada paquete.

Philip Morris considera que algunas de esas medidas perjudican sus intereses. En octubre del 2011 decidió cerrar su sucursal uruguaya importando los productos de Argentina.

La resolución del CIADI, organismo del Banco Mundial para resolución de litigios, podría demorar unos cuatro años, sentar jurisprudencia y tener repercusiones en futuras causas semejantes.

Por el momento el proceso transita su fase preliminar. El CIADI debe decidir si tiene o no jurisdicción en este litigio. Si su decisión es positiva recién entonces se iniciará la confrontación de argumentos de fondo entre el Estado uruguayo y la empresa.

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Posición de Philip Morris

Consultado por swissinfo.ch, Iro Antoniadou, de la oficina de prensa de la tabacalera, reconoce que los argumentos no están disponibles públicamente pero remite a la posición expresada por la empresa  luego de la audiencia.

 

Anne Edwards, vocera de la PMI, expresó entonces que “PMI no discute la mayoría de las medidas de regulación sobre el tabaco adoptadas por Uruguay, pero sí dos de ellas”: la exigencia de retirar del mercado 7 de sus 12 productos y la obligación de aumentar a 80% la superficie de los paquetes de cigarrillos dedicada a los mensajes sobre los riesgos del tabaco para la salud.

Fase preliminar

Luego de tres años la causa iniciada por la PMI se encuentra todavía en una fase preliminar. Las partes confrontadas esperan que el CIADI se pronuncie si tiene o no jurisdicción para pronunciarse en este litigio.

“Somos de la opinión que este es el caso”, expresó Anne Edwards. Subrayando que la empresa espera una decisión en el segundo semestre del año en curso.

Alberto Villarreal adelanta su opinión contrastada, enumerando tres de los argumentos que defiende Uruguay.

“En el convenio bilateral de inversiones vigente entre Suiza y Uruguay, el artículo segundo exceptúa a las políticas de salud de la protección de los inversionistas”, afirma el portavoz de Redes/Amigos de la Tierra.

Por otra parte, “antes de recurrir al CIADI debería haber existido un plazo previo de 18 meses –incluido un intento de resolver a la amigable-, que no ha sido respetado por la tabacalera”.

Por último “la PMI no puede hacer prevalecer, en cuanto al tema de la resolución de litigios, otros tratados bilaterales firmados por Uruguay en los cuales se aceptan mayores concesiones a las empresas”, explica Villarreal.

Revisar los acuerdos bilaterales

Para la sociedad civil uruguaya, “este proceso tiene mucho de dramático”, enfatiza el coordinador de Redes/Amigos de la Tierra.

“Nos parece un desacierto total que los tratados bilaterales de inversiones le den tantos derechos y poder a las empresas, como por ejemplo de demandar a los Estados en tribunales de derecho privado como si se tratara de dos comerciantes que dirimen una disputa”.

Redes/Hermanos de la Tierra proponen una revisión del tratado bilateral Suiza-Uruguay, “ya que denigra al Gobierno a la calidad de negociante o, aún más, eleva a las empresas y les otorga calidad de Gobierno”, concluye.

swissinfo.ch

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