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Menem, Montesinos, Salinas de Gortari


Restitución de fondos ilícitos a Latinoamérica


Por Andrea Ornelas


Vladimiro Montesinos fue jefe del Servicio de Inteligencia Nacional durante el gobierno de Alberto Fujimori. (Keystone)

Vladimiro Montesinos fue jefe del Servicio de Inteligencia Nacional durante el gobierno de Alberto Fujimori.

(Keystone)

México y Perú han sido beneficiarios de la restitución de fondos de políticos ‘intocables’ que se resguardaban en el país alpino. Argentina y Haití podrían ser los siguientes en la lista.

La antigua imagen de la plaza financiera helvética, protegida por la invencible coraza de su secreto bancario, operó durante décadas como poderoso imán de fondos criminales de potentados de todo el mundo.

Patrimonios que más de un banco consintió en recibir y contra los que Suiza sostiene una lucha que le ha permitido devolver 1.700 millones de dólares a una decena de gobiernos durante los últimos 15 años, según datos a julio de 2012 del Ministerio de Asuntos Extranjeros.

América Latina y el Caribe protagonizan varios casos de envergadura en la saga de los fondos congelados e investigados por las autoridades suizas. Perú y México han recibido restituciones de fondos. Y gobiernos como los de Argentina o Haití aguardan noticias.

El caso Montesinos

Perú se puso de cabeza el 14 de septiembre de 2000, cuando un video presentado durante una rueda de prensa en Lima exhibía a Vladimiro Lenin Montesinos Torres, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional durante el gobierno de Alberto Fujimori, entregando 15.000 dólares al político Alberto Kuori para que abandonara la oposición -‘Perú posible’- en favor del fujimorismo.

La noticia generó un incendio político y terminó por derribar el gobierno de Alberto Fujimori, lo que derivó en nuevas elecciones ante la atónita mirada de una opinión pública que se enteraba de que Montesinos había logrado fugarse sin contratiempo alguno.

Fue solo nueve meses después cuando la materia gris del gobierno de Fujimori, como se le conocía a Montesinos, fue capturado en Venezuela y deportado a su patria para ser juzgado por enriquecimiento ilícito, narcotráfico, asesinatos y lavado de dinero.

Parte de los fondos blanqueados por el político peruano se hallaban resguardados en Suiza en cuentas administrada por los bancos UBS, Leu –fusionado en 2009 con Credit Suisse- Leumi, Fibi y Credit Agricole Indosuez.

Se bloquearon activos por valor de 115 millones de dólares, y para iniciar un proceso de restitución se requirió una estrecha colaboración entre la justicia helvética y la peruana.

En Suiza, los trabajos de investigación estuvieron a cargo de la jueza de Instrucción de Zúrich, Cornelia Cova, y permitieron devolver en agosto de 2002 77,5 millones de dólares al Banco de la Nación de Perú; el monto cuyo origen ilícito pudo probarse. Actualmente, Vladimiro Montesinos purga una condena de 25 años en su país.

México: el 'hermano incómodo'

México rozó el primer mundo en 1994: las exportaciones crecían, el peso era sólido y el país había sido aceptado como miembro de la selecta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Un cuento de hadas político-económico que resquebrajó abruptamente cuando el peso se devaluó el 19 de abril de ese año, a los pocos días de que Carlos Salinas de Gortari concluyera su cargo como presidente de este país.

En abril de 1995, su hermano mayor, Raúl Salinas de Gortari, era arrestado en México por enriquecimiento ilícito y por la presunta autoría intelectual de un asesinato político.

El hermano incómodo, como se le denominó en México, fue recluido en prisión. Y en noviembre de ese mismo 1995, Paulina Castañón, esposa del acusado, era detenida en Ginebra al intentar retirar fondos de las cuentas suizas de su cónyuge.

La investigación del caso era compleja y no fue hasta 1998 que la entonces fiscal federal suiza, Carla del Ponte, logró reunir las pruebas necesarias para ordenar la congelación de 114 millones de dólares depositados en cuentas de Raúl Salinas en Ginebra, tras probarse que había entregado coimas al narcotráfico mexicano.

Posteriormente, fue el juez de instrucción del cantón de Ginebra, Paul Perraudin, quien retomó el caso y condujo un accidentado proceso de investigación. En 2002, optó por delegar a las autoridades mexicanas la persecución de los delitos de Salinas, al considerar que era imposible fincar un proceso penal.

Desde prisión, el acusado calificó de “arbitraria” la decisión del magistrado ginebrino y exigió que se “liberaran de inmediato los fondos en Suiza secuestrados por el juez Perraudin”.

El caso fue trasladado a la Corte de lo Penal de París y concluyó en 2008, tras lo cual Suiza devolvió a México el capital más intereses: 74 millones de dólares para el gobierno azteca y otros 70 millones a empresas vinculadas a los negocios de Salinas, pero que probaron que sus haberes no eran ilegales.

La inmunidad de Menem

Carlos Saúl Menem, el poderoso, carismático y controvertido presidente de Argentina entre 1989 y 1999 -amado y criticado a partes iguales-, fue el artífice de una oleada de privatizaciones y de la dolarización de la economía del país.

En 1998, como parte de la obligación que tienen de comunicar a las autoridades toda operación sospechosa, los bancos suizos informaron sobre una cuenta abierta por el mandatario argentino a nombre de Zulema Yoma (su entonces esposa) y de su hija común, Zulemita, en  el UBS de Ginebra, que ascendía a 600.000 dólares.

A partir de entonces inició un proceso de minuciosos seguimiento sobre los fondos de Menem en Suiza.

En 2001, el juez Bernard Bertossa confirmó la existencia de las dos cuentas y fue el también helvético juez Claude Wenger quien determinó que se congelaran los fondos.


Un par de comisiones rogatorias de Argentina viajaron a Suiza para realizar diligencias y continuar sus investigaciones.

Los cargos que se le imputaban a Menem y objeto de la investigación estaban relacionados con la venta de armas de Argentina a Ecuador y Croacia.

En 2002 se probó también la existencia de una cuenta en el Banco del Gotardo en Zúrich por 6 millones de dólares, a nombre de Ramón Hernández, secretario particular de Menem durante sus años como presidente.


En temas de justicia, Suiza solo puede ofrecer asistencia a otro Estado si los delitos que se imputan a una persona son perseguidos en los dos países.

En el caso Menem, concretamente, se trabaja sobre los delitos de fraude a la administración pública, falsificación de documentos y cohecho.

En 2007, el caso fue ascendido a calidad de juicio en Argentina, producto de una decisión del juez federal Norberto Oyarbide. Y el fiscal argentino Marcelo Agüero Vera es quien ha retomado las riendas para llevarlo a término.

Sin embargo, Argentina no ha suministrado a Suiza toda la información necesaria para seguir adelante en el proceso de investigación. Un hecho que en Argentina se atribuye a que Menem, en su calidad de senador por La Rioja, goza aún de inmunidad.

la espera haitiana

Haití fue el génesis de una de las reformas financieras legales más importantes que haya anunciado Suiza durante la última década: la llamada Ley Duvalier.

Tras sostener una dictadura entre 1971 y 1986, el dictador haitiano Jean-Claude Duvalier –apodado Baby Doc– se exilió en Francia.

En 1986, el nuevo Estado haitiano pidió a Suiza congelar las cuentas de Duvalier. Ginebra bloqueó fondos por 6 millones de dólares, pero aclaró que para una restitución de los mismos Haití debía presentar las garantías correspondientes al proceso penal que seguía al ex dictador.

Después de un complejo proceso legal, no fue hasta 2008 que Puerto Príncipe reexaminó el caso y pidió nuevamente ayuda a la Oficina Federal de Justicia en Berna.

Suiza trabajó, por su parte, en llenar el vacío legal que le impedía devolver los fondos a Haití, al poner en vigor, el 1 de febrero de 2011, la Ley Federal sobre la Restitución de los Valores Patrimoniales de Origen Ilícito de Personas Políticamente Expuestas (LRAI), conocida como Ley Duvalier.

Desde esa fecha, es posible devolver fondos criminales bloqueados a los pueblos de origen, incluso en los casos en los que las acciones judiciales realizadas entre Suiza y el otro país no logren resultados.

El proceso está en curso y Haití aguarda noticias de Berna.

Medidas antiblanqueo

En 1990, Suiza adoptó disposiciones penales contra el blanqueo de capitales (art. 305 bis y 305 ter del Código Penal).

La Ley contra el Blanqueo de Dinero de 1998 contempla la obligación de diligencia par todos los intermediarios financieros: bancos, aseguradoras, gestores de patrimonio independientes, etc.

Todos ellos tienen la obligación de notificar a las autoridades en caso de transacciones sospechosas.

El 1 de febrero de 2009, entraron en vigor varias disposiciones contra el blanqueo de capitales que tienen en cuenta los nuevos estándares internacionales.

¿QUÉ ES UNA PEP?

El término aplica a toda persona expuesta políticamente (PEP), esto es, que desempeña cargos de envergadura en su país.

Forma parte de la definición general todos aquellos hombres o mujeres que son presidentes o jefes de Estado; ministros, jueces, hombres clave de los partidos políticos, miembros de las familias reales y también representantes militares y del clero de alto rango.

swissinfo.ch



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