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Punto de vista


La iniciativa de ejecución atenta contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos


Por Kurt Fluri, diputado PLR


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Por Kurt Fluri

La iniciativa para la expulsión de extranjeros criminales fue aprobada el 28 de noviembre de 2010. El plazo para su entrada en vigor era de cinco años. No obstante, solo dos años después de su aprobación, la UDC lanzaba la iniciativa ‘de ejecución’, antes incluso de que las comisiones parlamentarias iniciaran la elaboración de la correspondiente ley de desarrollo. Esto demuestra que la UDC pretende explotar electoralmente este tema.

La ley de desarrollo de la iniciativa de expulsión ha sido ya aprobada por el Parlamento, pero no ha podido entrar en vigor debido, precisamente, a la presentación de la nueva iniciativa.

La iniciativa ‘de ejecución’ persigue un objetivo muy radical que consiste en poder expulsar a los extranjeros de manera automática y sin tener en cuenta el principio de proporcionalidad, aún en el caso de delitos menores, y con independencia del tiempo que el extranjero lleve en Suiza y del estatuto jurídico de su residencia.

El catálogo de delitos abarca desde el simple robo con efracción al genocidio. Así pues, un asesino y una persona que entra en un almacén y roba una bicicleta deberán ser tratados de la misma manera en lo que respecta a la expulsión. Del mismo modo, un extranjero de ‘segunda generación’, que ha crecido en Suiza, cuyo idioma materno es una de nuestras lenguas nacionales y que no mantiene ningún contacto con el país de origen de sus padres podría ser objeto de expulsión automática.

La misma suerte correría un padre de familia que cometiera un delito menor; tendría que abandonar Suiza y dejar atrás a su familia. Que esta última tenga que recurrir, por esta razón, a la ayuda social no parece importarle mucho a la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora).

Son solo dos ejemplos que muestran las consecuencias desproporcionadas que puede tener la iniciativa y que violan no solo la Constitución federal, sino también el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

La iniciativa tampoco tiene en consideración el hecho de que después de la aprobación de la iniciativa de expulsión, el Parlamento haya endurecido considerablemente la legislación en materia de expulsiones, permitiendo solo un examen limitado de la proporcionalidad en casos aislados.

En el nuevo párrafo 2 del artículo 66 del Código Penal suizo, el Parlamento ha establecido ya que los tribunales solo pueden, de manera excepcional, renunciar a dictar la expulsión “en el caso de que la expulsión supusiera para el extranjero una situación personal grave y que el interés público de la expulsión no fuera superior al interés privado del extranjero de permanecer en Suiza”. Además de esto, los jueces tienen que tener en cuenta la situación particular de los extranjeros de segunda generación.

Arbitraria e indiscriminada

La UDC no acepta siquiera ese examen severo de la proporcionalidad; la expulsión debe ser automática, sin tener en cuenta casos particulares.

De este modo, la iniciativa se revela totalmente arbitraria y desprovista de todo elemento de diferenciación. El catálogo de los delitos que conducen a la expulsión va más allá de los que están incluidos en la iniciativa de expulsión original, que el pueblo y los cantones aprobaron en 2010.

El tratamiento no diferenciado de delitos graves y menores, así como no tomar en consideración la situación personal de un delincuente violan la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Antes o después, el Tribunal Federal o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos revocarán algunas de las sentencias de expulsión.

De este modo se generará una vez más un conflicto entre derecho nacional y derecho internacional. Pensamos que la UDC desea este conflicto, a fin de llevar agua al molino de su ‘iniciativa por la autodeterminación’, de acuerdo con la cual se inscribiría en la Constitución la prevalencia del derecho nacional sobre el internacional.

Tarde o temprano, esta situación nos llevaría a la rescisión del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y comportaría automáticamente la retirada de Suiza del Consejo de Europa. Nos convertiríamos así en el segundo país que lo hiciera tras la salida de Grecia durante la dictadura militar… Es decir, la UDC quiere conducir a nuestro país al aislamiento político.

Los acuerdos bilaterales de nuevo en peligro

Punto de vista

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La relación entre la iniciativa ‘de ejecución’ y el acuerdo sobre libre circulación de personas es un aspecto que, hasta ahora, ha sido desatendido por los medios económicos. Según este acuerdo, los ciudadanos de la UE  solo pueden ser expulsados si cometen un delito grave y constituyen un peligro para el orden público.

Como la iniciativa ‘de ejecución’ no diferencia entre delitos graves y menores es evidente que, tarde o temprano, la expulsión de esos delincuentes violaría el acuerdo de libre circulación y, por tanto, los acuerdos bilaterales entre Suiza y la UE volverían a estar en peligro.

Por esta razón parece incomprensible e ingenuo que los medios económicos se distancien de la campaña contra la iniciativa ‘de ejecución’, con el argumento de que no tiene consecuencias para la política económica del país.

El Estado de derecho, otra vez en cuestión

La iniciativa de la UDC viola, además, el principio de separación de poderes. El automatismo de las expulsiones quita al poder judicial todo margen de interpretación y confiere al poder legislativo competencias en materia jurídica.

De este modo, la legislación aprobada por el pueblo y el Parlamento se convierte en justicia popular y los tres poderes tradicionales del Estado de derecho se ven reducidos a dos.

Más allá de su inhumano objetivo, la iniciativa ‘de ejecución’ representa una auténtica bomba para el orden legal y la política económica suizos. Sustituiría la proporcionalidad en que se basa nuestro Estado de derecho por una práctica de expulsión arbitraria y no diferenciada, y supondría además una violación burda del principio de separación de poderes.

Por lo tanto, la iniciativa ‘de ejecución’ va bastante más lejos de una simple cuestión de derechos de los extranjeros. Sitúa a nuestro país ante cuestiones fundamentales que quiebran la estabilidad de nuestro Estado de derecho y amenazan con aislarlo en el orden internacional.

Las opiniones manifestadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no se corresponden necesariamente con las de swissinfo.ch


Traducido por José M. Wolff

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