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LA HABANA, 12 mayo (Reuters) - El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC llegaron el jueves a un consenso para otorgar rango constitucional y de derecho internacional humanitario a un eventual acuerdo de paz entre las partes, que pondría fin al conflicto interno más antiguo de América Latina.

Esas medidas buscan dar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final de paz que firmen las partes e impedirían que futuros gobiernos lo desconozcan o pretendan cambiarlo.

Se trata del más reciente acercamiento entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la negociación de paz que mantienen en La Habana para acabar una confrontación que ha dejado 220.000 muertos en más de medio siglo.

"Hemos llegado a un acuerdo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final; para asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento de dicho Acuerdo Final, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional", dijeron en un comunicado conjunto.

"Se trata de una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios, que en su conjunto constituyen una ruta expedita y segura para cumplir con los objetivos", explicaron las partes.

El Gobierno y las FARC acordaron que lo pactado será incorporado a la Constitución Política de Colombia a través de un acto legislativo que se tramita y deberá ser aprobado el Congreso y sometido a un control de legalidad por parte de una corte.

Así mismo, el tratado final será elevado a la categoría de Acuerdo Especial, una figura contemplada en el Derecho Internacional Humanitario para darle vía libre a las partes a terminar o humanizar la guerra y que tendrá el apoyo de las Naciones Unidas.

MOMENTO CLAVE

El acuerdo se logra en momentos en que las partes están en la última fase de la negociación que se inició a finales del 2012 y en la que quedan pendientes el cese del fuego bilateral y definitivo y un mecanismo de refrendación en las urnas por parte de los colombianos.

El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, dijo que un acuerdo de paz es un acuerdo político que requiere de medidas adicionales para darle solidez y estabilidad en el tiempo.

"Este un acuerdo sumamente importante. Es un paso más en la consolidación de las conversaciones de La Habana", aseguró De la Calle, quien aclaró que los ciudadanos tendrán la última palabra sobre el pacto.

El jefe del equipo de negociador del Gobierno destacó el hecho de que recientemente las FARC se abrieron a la posibilidad de refrendar el acuerdo de paz a través de una consulta popular, mecanismo que rechazaron inicialmente.

La guerrilla no se pronunció de inmediato sobre el acuerdo, que en Colombia provocó reacciones a favor y en contra.

El Centro Democrático, un partido de derecha que lidera el senador y ex presidente Álvaro Uribe, dijo que el acuerdo es "un golpe de Estado a la democracia colombiana" y un uso indebido del Derecho Internacional Humanitario.

A pesar de los obstáculos que han enfrentado en más de tres años de negociación, el Gobierno y las FARC ya lograron acuerdos sobre mecanismos para dar acceso a la tierra a los campesinos pobres, la transformación de la guerrilla en un partido político, justicia, lucha contra el narcotráfico, desminado y búsqueda de desaparecidos.

(Reporte de Sara Marsh. Escrito por Luis Jaime Acosta; Editado por Silene Ramírez)

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