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Personas celebrando el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las FARC, en Bogotá, Colombia. 24 de agosto de 2016. Los negociadores del gobierno colombiano respondieron a los críticos del acuerdo que acaba con un conflicto de medio siglo con la guerrilla izquierdista de las FARC, argumentando que los costos de integrar a los rebeldes a la sociedad son mucho menores de lo que se gasta en el enfrentamiento. REUTERS/John Vizcaino

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Por Marc Frank

LA HABANA (Reuters) - Los negociadores del gobierno colombiano respondieron a los críticos del acuerdo que acaba con un conflicto de medio siglo con la guerrilla izquierdista de las FARC, argumentando que los costos de integrar a los rebeldes a la sociedad son mucho menores de lo que se gasta en el enfrentamiento.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron el miércoles un acuerdo definitivo que termina con una guerra que dejó más de 220.000 muertos y millones de desplazados.

Los opositores al pacto, encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe, consideran que se les ofrece amnistía a los rebeldes por sus crímenes y subsidios para que busquen trabajo, algo que, argumentan, es injusto para quienes cumplen con la ley.

El acuerdo debe ser ratificado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre, para lo que el gobierno debe conseguir el apoyo de muchos que preferirían ver a la guerrilla derrotada en batalla, en represalia años de ataques y secuestros.

Los negociadores, que pasaron casi cuatro años en conversaciones con las FARC en La Habana, ofrecieron una rueda de prensa para defender el acuerdo, en la que abogaron porque el gobierno y la sociedad ayuden a integrar a los combatientes, algunos de los cuales han vivido en campamentos por décadas.

"Esta plata es para que no pase lo que pasó en Centroamérica, para que no busquen su destino en grupos delincuenciales", dijo el senador Roy Barreras, uno de los negociadores.

El crimen violento ha aumentado fuertemente en países como El Salvador y Guatemala desde que las guerrillas y otros grupos armados se desmovilizaron en la década de 1990, una crisis que algunos atribuyen a la falta de ayuda para la inclusión de los combatientes en el mundo civil.

Parte del plan para ayudar a los guerrilleros incluye pagarles el 90 por ciento de un sueldo mínimo para que puedan salir de sus refugios. Los negociadores compararon el gasto de 200 dólares mensuales a los cientos de miles de dólares que se gastan en cada bombardeo.

"La guerra es mucho más costosa (...) sin contar el costo de las vidas humanas", dijo Barreras.

El acuerdo de paz será presentado el jueves al Congreso y el presidente Santos y representantes de las FARC lo firmarán antes del referendo de octubre, dijeron los negociadores.

Si el pacto se aprueba, las FARC tendrán una representación sin derecho a voto en el Congreso hasta 2018 y podrán participar en elecciones.

Una vez firmado el acuerdo se inicia un plazo de 180 días en los que se desmovilizarán los combatientes, con supervisión de la comunidad internacional.

(Repote adicional de Helen Murphy en Bogotá; Escrito por Frank Jack Daniel; Editado en español por Javier López de Lérida)

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